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[Argentina] El bautismo de fuego de la coalición antisistema

Antes de escribir este artículo, recopilé declaraciones públicas (en redes sociales, fragmentos de discursos parlamentarios, intervenciones radiales y notas) de una importante porción de los actores políticos con legitimación electoral, es decir, representantes del pueblo como legisladores de diferentes niveles de gobierno o de funcionarios designados por el Presidente de la Nación electo. Además, de referentes de agrupaciones políticas, sindicales, de organizaciones de derechos humanos, todos ellos representantes de corporaciones sin base electoral objetiva. Por último, me interesé por la visión de varios colegas que suelen prestar atención a la realidad política con una visión fija o poliédrica. Esta aclaración previa no hace más que poner en contexto la hipótesis que pretendo presentar para que incluso aquellos que se suban rápidamente a la comodidad de aceptarla sin discusión no dejen de dudar y ahondar en otras visiones, por supuesto diversas, de lo que nos sucede como sociedad organizada.

Dado que el fundamento de todo es el cambio constante, tal como lo planteaba Heráclito en su visión del cosmos, aunque quizás con una cercanía a la física cuántica de la metáfora del gato de Schrödinger, donde el gato está vivo y muerto a la vez —más allá de si el observador define un estado u otro con su intervención—, o como expresaba Platón: “No se puede entrar dos veces al mismo río”, entraña un concepto de dualidad permanente donde los opuestos no se contradicen, sino que se integran en una unidad armónica no estática. Hay una porción de la realidad que se presenta como permanente mientras que otra fluye y se reconfigura dinámicamente.

Es así como podemos interpretar que un sistema político puede ser clasificado y definido desde la ciencia política por los hechos observados desde las instituciones constituidas que le dan sentido y visibilidad objetiva, además considerando que la institución Constitución Nacional debe regir con estricto ajuste a derecho en cada artículo aceptado dentro del contrato social. Si hay tensiones entre el sistema político y los agentes que intentan influir en su modelación, sin ajustarse al proceso definido para su actualización o su reemplazo, estas pueden ser de una intensidad que van desde lo esperable y admisible hasta lo intolerable y antisistémico para un orden dado en un momento histórico determinado.

Es por ello que si hoy rige en nuestro país, tal como lo indica nuestra Constitución Nacional, un sistema político representativo, republicano y federal, y se configuran una serie de instituciones creadas para su construcción y su desarrollo de todas las relaciones sociales y políticas que ordenan la vida de las personas que habitan el suelo argentino, cualquier intento de alterar la dinámica de poder puede estar significando la exposición de un contrapoder constituyente que busque reemplazar lo aparentemente permanente para imponer otra dinámica, otro cauce, otro río, pero también otro fuego.

Podemos definir a un pensamiento antisistema como aquel que busca influir en la distribución de poder y modificar el statu quo. Entre los más usuales de encontrar en tiempos contemporáneos, están los movimientos anticapitalistas, anarquistas o antiglobalización. El intento de consolidar un contrapoder que cuestiona la vigencia del Estado nación, ya subordinado a un poder más complejo que redefine el concepto de imperialismo por uno más complejo, interinstitucional y supranacional denominado “imperio”, según Michael Hardt y Antonio Negri, reproduce y activa tres componentes de la acción antisistema: resistencia, insurrección y poder constituyente.

En cuanto a otras motivaciones que confluyan en una praxis antisistema, podemos suponer que la situación judicial de varios referentes del kirchnerismo, parte del sindicalismo e incluso corporaciones funcionales al esquema de corrupción que dominó la última década, necesite enmascarar su discurso y radicalizarlo para intentar recuperar el poder y así, la impunidad. No es ni la única ni la última vez que ocurran conspiraciones destituyentes o acciones tendientes a mantener la impunidad de ciertos personajes del poder.

En este caso particular, lo que el kirchnerismo en su papel de oposición no acepta es su ajuste constitucional a las prácticas republicanas donde perder una elección o una votación nominal en el Congreso les resulta inaceptable. Niegan de esta manera, para sí y para sus seguidores, que existe un proceso de revisión constitucional de las leyes (como sucedió con la declaración judicial de inconstitucionalidad de varias leyes emanadas por el Congreso Nacional durante los 12 años de mandato kirchnerista). Aquí resulta importante recordar que durante todo el período de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner tuvieron mayoría absoluta en ambas Cámaras, donde se impuso la iniciativa oficial prácticamente sin permitir cambios a los proyectos, es decir, como si fuese una escribanía donde refrendar las leyes dictadas por el Ejecutivo Nacional.

En síntesis, mientras el sistema republicano representativo sea gobernado desde el Ejecutivo Nacional por Cambiemos, las motivaciones antisistema impulsarán en coalición implícita a una pequeña facción anticapitalista trotskista y a otra que ocupó el poder hasta hace dos años, bajo una democracia delegativa, de baja intensidad, prácticamente sin control horizontal y con una configuración más propia de democracias populistas o incluso de un sistema fascista donde las corporaciones como sindicatos, empresarios amigos, organizaciones sociales diversas reemplazan la legitimidad popular de las urnas para la negociación política bajo el aún no reglamentado lobby corporativo.

Una revisión de las manifestaciones públicas o en redes sociales de los principales referentes mencionados al principio del presente artículo permitiría concluir que esta alianza, en principio discursiva, entre la extrema izquierda anticapitalista, sindicatos de extracción peronista o penetrados por facciones trotskistas, organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales diversos y el kirchnerismo identificado como Frente para la Victoria o Unidad Ciudadana, se expresa con discursos antisistema.

Unos y otros quieren lo mismo, aunque con objetivos distintos, diciéndolo abiertamente o enmascarándolo detrás de discursos hipócritas por contraste con lo realizado durante su ejercicio del poder. Su objetivo explícito o encubierto es el de propiciar la salida del poder del Gobierno de Mauricio Macri (o del que sea que esté vinculado con el sistema capitalista), tal como sucedió con Fernando de la Rúa en 2001. Es por ello que en cada oportunidad de reafirmar su pensamiento sobre las características del gobierno, el que fue definido como ilegítimo por la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, quien inició este proceso con el primer acto simbólico antisistema al negarse a traspasar los atributos de mando en la asunción del Presidente de la Nación, el 10 de diciembre de 2015, radicalizan su discurso al asociar al actual Gobierno con la dictadura de Videla, la suspensión del Estado de derecho o incluso la desaparición forzada de personas, todas ellas visiones unívocas de una realidad que solo existe en su construcción dialéctica. La novedad es que, además, se articulan y coordinan acciones violentas con la intención de “ganar la calle”. Un valor simbólico que pretende reemplazar la movilización de una facción con el resultado electoral del juego democrático donde se definen los pesos de cada representación partidaria.

Mientras que las posibilidades de éxito de estas prácticas violentas y foquistas son prácticamente nulas, sirven igualmente como una acción de chantaje para imponer su posición ante la debilidad institucional que atraviesa el sistema de partidos en la Argentina. Se hace evidente la debilidad y la minoría del oficialismo de Cambiemos en ambas Cámaras, su cuestionable acción antipolítica con la decisión concreta de no comunicar frecuentemente y defender políticamente desde el discurso y las palabra sus decisiones impopulares, sumado a la incapacidad del peronismo de articular una reconstrucción pos-kirchnerista sólida que pueda sumarse al debate de los temas urgentes que plantea la agenda política oficialista.

El peligro de la acción foquista y violenta de la calle supone un resultado que, más allá de cuantiosos daños materiales, puede incluir heridos o víctimas fatales entre manifestantes, fuerzas de seguridad, cronistas de la prensa u ocasionales transeúntes. Y aquí es cuando lo que ha ocurrido la semana pasada conlleva una gravedad inusitada que demanda una praxis política por parte del Gobierno que impida escalar el conflicto y concluir en mayores consensos para arribar a una rectificación racional de lo planteado en la reforma previsional, como sucedió con el bono a modo de subsidio complementario que, por sobre todas las cosas, busca corregir alarmantes desequilibrios macroeconómicos que implican la inviabilidad del sistema previsional.

En este contexto violento y escalar, el Gobierno nacional debería decidirse a apurar la construcción de una alianza gubernamental, dejando de ser meramente una alianza electoral o parlamentaria, que además está experimentando una crisis que puede ganar en intensidad y poner en riesgo la propia integridad de Cambiemos. Esto es, asumirse como aliados capaces de gobernar y administrar la política con una visión más decidida y menos antipolítica que prima desde el marketing político de algunos decisores de la primera línea de mando del PRO.

Sobre cómo funcionó en los hechos el bautismo de fuego de la coalición antisistema

Se repitió y profundizó la praxis desarrollada durante la sesión fallida del jueves 7 de diciembre, que fuera levantada por pedido de la diputada Elisa Carrió, en acuerdo con Mario Negri y Emilio Monzó, ante la incapacidad del oficialismo de entender lo que sucedía en la calle y en el propio recinto, con un quórum muy fino que demostró la debilidad de los acuerdos políticos arribados con el peronismo federal de los gobernadores.

Esta vez sin éxito, ya que no lograron interrumpir la labor parlamentaria, pero con un hecho que quedará en los libros de historia: el desarrollo de una batalla campal al estilo medieval donde llovieron toneladas de piedras, pirotecnia y otros elementos contundentes sobre los miembros de las fuerzas de seguridad. A pesar de que varios operativos previos en los ingresos a la CABA lograron decomisar gomeras de hierro, bolas de vidrio, clavos miguelito y otros elementos contundentes en micros de militantes en Dock Sud y Merlo, lo que se vio en la Plaza de los Dos Congresos fue un planificado ejercicio de la violencia que incluyó el destrozo del mobiliario urbano, glorietas centenarias, bancos de plaza, baldosas y otros insumos que proveyeran de una enorme cantidad de proyectiles contundentes que se utilizaron para lapidar durante horas a una Policía de la Ciudad a la que le fue ordenada resistir ese desborde de violencia de forma pasiva.

Entre las imágenes que se podían observar durante esas horas de extrema violencia fueron identificados diversos integrantes de agrupaciones de extrema izquierda, delegados y actores de sindicatos como la UOM del Barba Gutiérrez, siempre cercano a Aníbal Fernández en Quilmes donde fuera intendente, y una muy variada presencia de barrabravas de clubes del fútbol que se mezclaban entre las primeras líneas de la avanzada “tirapiedras”. Es vox populique estas fuerzas de choque suelen ser contratadas a cambio de pagos en efectivo por jefes locales municipales o incluso gremios. Dos mil activistas fueron parte de la vanguardia más violenta que, además de los piedrazos en ráfagas constantes, sumaron el lanzamiento directo y horizontal de elementos pirotécnicos, el uso de lanzas de madera con punta afilada, facas y cinturones cual látigos para el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Todas tácticas de pelea callejera usuales entre barrabravas. Cabe mencionar que ante una medida cautelar autosatisfactiva solicitada el domingo previo por el diputado Mariano Recalde y el representante de sindicato ATE Capital, Daniel Catalano, la jueza en lo contencioso administrativo de la Ciudad, Patricia López Vergara, ordenó una serie de actuaciones de la Policía de la Ciudad que limitaron la capacidad represiva de la fuerza a la situación de desborde que finalmente ocurrió, con el saldo de 88 efectivos heridos y más de 60 detenidos.

Ya se había decidido por parte del Gobierno Nacional desplazar al Ministerio de Seguridad en la cabeza de Patricia Bullrich para la sesión del lunes 11, quien había desplegado un gigantesco operativo con Gendarmería, Prefectura y Policía Federal el jueves de la semana anterior, por las críticas recibidas, aunque, a la vista de los nuevos sucesos ocurridos el pasado lunes, permiten inferir que lo que se buscó como hecho simbólico fue justamente lo contrario: fuerzas de seguridad en actitud pasiva, agredidas por los manifestantes. De igual forma, resulta necesario interpelarnos sobre la calidad de entrenamiento de las fuerzas de seguridad que tuvieron algunos hechos aislados reprochables, además de cómo se considera su accionar en situaciones donde una coalición antisistema consolidada busque insistir con sus tácticas de violencia urbana. Hubo incluso reclamos de algunos jefes policiales que cuestionaron la falta de dirección y acción para evitar que el enfrentamiento se prolongara en el tiempo, con el peligro de víctimas fatales entre las fuerzas, los manifestantes o los circunstanciales transeúntes. El operativo estuvo a la cabeza del ministro de Seguridad de la Ciudad, Martín Ocampo, bajo las órdenes del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien estuvo durante toda la jornada en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, en compañía de la gobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña.

Otro factor importante fue la participación de gruesas columnas de personas y militantes de los movimientos sociales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie y Movimiento Evita. Funcionarios del Gobierno mencionaron que hubo que llamar a referentes como Juan Grabois para pedirles que retiraran a sus agrupaciones dada la situación de violencia desbordada, puesto que una acción de contención y represión de la situación no podía darse hasta separar violentos de manifestantes pacíficos. Mensajes de los principales referentes durante la previa de la jornada llamaban a cortar todos los accesos a la Capital Federal, situación que no sucedió finalmente.

Una consideración especial merecen los dichos de Juan Grabois, quien suele asumir la vocería papal en algunos temas, tal como lo hacía tiempo atrás el ex legislador Gustavo Vera. Grabois llegó a decir en una entrevista durante la semana pasada: “Si no nos escuchan, prepárense para lo que viene”. Otra declaración que exhibe el desafío de Grabois es la siguiente: “El panorama viene muy feo y en estos días se va a profundizar (…) El diálogo con el Gobierno se cortó, estamos en una situación de emergencia… pensaron que como en dos años no habían tenido quilombos no necesitaban hablar más con esta gente”. Grabois es el máximo referente de la CTEP, una de las organizaciones de desocupados más numerosas y que más dinero recibe del Estado, sobre todo desde que Macri ejerce el Ejecutivo. Además, fue designado por el Papa como asesor del Consejo Pontificio de Justicia y Paz del Vaticano, es decir que es considerado por Bergoglio como una persona adecuada para orientar su tarea pastoral en estos temas.

Las tácticas de saturación de la calle con enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad buscaron hacer naufragar la sesión en el recinto, para lo cual fue circulado en redes sociales, desde el sábado 16, un instructivo de nueve puntos entre las agrupaciones de izquierda donde se explicaba el modo de participar de la acción que sería sin dudas, violenta: definiciones sobre cómo moverse, qué llevar y qué no llevar a la marcha, teléfonos de contacto de abogados en caso de detención y recomendaciones para resistir ante gases o marcación por agua coloreada, además de solicitar la no participación de menores. La idea de generar una situación de violencia desbordada y sostenida necesariamente tenía su correlato con lo que sucedería dentro del recinto.

Diputados como Carlos Castagneto, Adrián Graña, Mayra Mendoza y Agustín Rossi, del Frente para la Victoria, se acercaban sistemáticamente a Monzó para exigirle el levantamiento de la sesión dados los hechos de “represión y violencia” que se sucedían en la calle. Llegaron incluso a mencionar muertos como otro intento de evitar el desempeño de la labor parlamentaria. Trascendió durante el fin de semana que habría existido una cumbre de los principales referentes del FPV, incluidos Rossi y Máximo Kirchner, en la localidad de Oliveros, Provincia de Santa Fe, donde se decidió la estrategia general que pondría en práctica ese sector de la oposición, con algunos sorprendentes aliados como el massismo y, por supuesto, los diputados de izquierda.

La violencia dialéctica estuvo presente entre los legisladores de la oposición con algunas menciones importantes para entender el grado de complejidad de una situación que debiera merecer la debida atención institucional de toda la dirigencia política. Existieron discursos, durante el momento de máxima violencia callejera, que permiten inferir que la coincidencia entre ambos tipos de violencia no fue casual. Podemos mencionar los dichos de Leopoldo Moreau, Leonardo Grosso, Hugo Yasky, la trotskista Romina del Plá, e incluso el presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja. Veamos algunos ejemplos: “¡Me da vergüenza, estos gobernadores no son peronistas, son prostitutas del presidente Macri!” exclamó a los gritos la diputada kirchnerista María Emilia Soria.

El jefe de bloque del FPV, Agustín Rossi, acusó a la diputada Carrió de ser funcionaria de la dictadura en Chaco. Y la jefe de bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, llegó a afirmar que Cambiemos se identifica como una “una república represiva”. Además, aventuró que el Gobierno pudo haber infiltrado manifestantes para generar un clima de caos. “No sería la primera vez que el Estado conspirador mete gente en las marchas, vaya si no lo sabemos”,argumentó.

Leopoldo Moreau fue más allá de Camaño: “Tal vez alguien en el Gobierno imaginó este escenario creyendo que la mejor manera de forzar la situación era crear un estado de caos que justificara no solo el acompañamiento a la ley por convicción, sino por poner al país al borde del precipicio, ¡y estamos al borde del precipicio!”.

Cabe mencionar algunos tuits precisos sobre la condición antisistema de sus interlocutores. Tal es el caso de Myriam Bregman, quien afirmó: “La frase más repetida de esta sesión ‘el pueblo no delibera ni gobierna’. Terror al pueblo movilizado.”

Otro caso preocupante se dio con lo sucedido con el intendente de Ensenada, Mario Secco, con su interrupción en la Legislatura Bonaerense, que derivó en la afirmación del diputado del FPV Rodolfo Tailhade: “Vidal, no te metas con Mario Secco. A los líderes populares no los juzgan los jueces de tu Gobierno verdugo. Solo los juzga el pueblo”. Un claro ejemplo de la negación de sistema republicano representativo, ponderando de manera temeraria uno fascista.

El clima hostil callejero incluyó algunas agresiones en extremo preocupantes. El periodista de TN, Julio Bazán, fue hospitalizado luego de una agresión con piedras, golpes y hasta cenizas en sus ojos, en plena 9 de Julio, que casi lo mata. El diputado Martín Lousteau y la legisladora bonaerense Carolina Píparo sufrieron escraches callejeros y virtuales con intensidad alarmante. Por la situación de Bazán, ya en sesión por el tratamiento de la reforma tributaria, el diputado Moreau adujo con temeraria convicción que el movilero de 72 años había sido una víctima también de la empresa en la que trabaja.

Nada es casualidad ni nada es dado de forma determinada, sino que cada actor o agente modela y es modelado por las estructuras en las que decide jugar al juego de la política y el poder. Es responsabilidad de todos los actores políticos del sistema representativo condenar la violencia política y los intentos destituyentes de esta coalición antisistema que pone en peligro nuestro orden democrático y representativo. “Dentro de la ley todo, fuera de la ley, nada”. Por lo menos esto pensaba Juan Domingo Perón, autocalificado como león herbívoro, en su vuelta al poder en 1973, cuando enfrentó a los grupos antisistema dentro de su propio movimiento.

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Pablo Olivera Da Silva

Politólogo. Coordinador Nacional de Capacitación Ser Fiscal y presidente de Construyendo Ciudadanía.

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