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[Argentina] La Boleta Única Electrónica y la efectividad de su implementación

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María Inés Tula define el voto electrónico como “la incorporación de nuevas tecnologías en las distintas fases del proceso electoral (…) y no sólo al acto de votar con ‘máquinas’ o ‘urnas electrónicas’ el día de los comicios”.  Pero puede ser “entendido de manera simple como el acto de sufragar con distintos dispositivos electrónicos tales como, una computadora, escáneres ópticos, máquinas electrónicas de votación, etc.”.

Sí solo se considera las máquinas a través de las cuales se emiten los votos el cálculo de Daniel Hidalgo es que en los últimos años más de 600 millones de electores utilizaron esta herramienta para la emisión del voto. Por ello considera que su difusión es probablemente el mayor cambio desde la introducción de la boleta australiana a fines del siglo XIX.

Al mismo tiempo que se observa esta tendencia existen casos (sobre todo en países más desarrollados como Alemania y Holanda) en el que su implementación dio marcha atrás, principalmente por cuestiones vinculadas a la seguridad de los sistemas y a la “privatización” del acto electoral. Mientras esos son los principales argumentos de los críticos, desde la otra vereda se defiende su potencial uso, entre otras cuestiones, por (a) la reducción de tiempos en contextos muy competitivos disminuyendo sospechas de fraude y (b) una más fácil administración electoral, sobre todo en democracias de grandes extensiones territoriales y cantidad de electores como en India o Brasil. Una primera conclusión a partir de este debate y de los casos mencionados podría ser que la implementación de estas nuevas tecnologías debería depender del contexto de su aplicación y a partir de un diagnóstico sobre qué problemas se quiere solucionar.

 

La experiencia en Argentina

Varios distritos de Argentina han ido sumándose a esta tendencia de incorporar tecnología al proceso electoral. La normativa y los casos de aplicación son múltiples y variados: mientras que, por ejemplo, la reforma constitucional de 2006 en Tucumán comprometía a la sanción de una ley para la incorporación del “voto electrónico” y nueve años después quedó solo como letra de la ley suprema provincial, en la provincia de Salta se incorporó un sistema gradualmente desde el año 2009. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.), siguiendo el modelo salteño, decidió utilizarlo en los comicios de este año.

Las recientes elecciones generales en la provincia de Salta constituye la primera experiencia en que el 100% del electorado utilizó un sistema de votación electrónico para la totalidad de los cargos electivos de la provincia. Y esta es una gran diferencia con el caso de la C.A.B.A., como veremos a continuación.

Ambas provincias recurren a un sistema desarrollado por la empresa Magic Software Argentina (MSA). Este ha sido caracterizado cómo un dispositivo híbrido en el que se introduce una boleta en la que se imprimen los candidatos que el elector selecciona y, simultáneamente, esta misma información se graba en un chip incorporado en la misma. Esto permitiría, por un lado, la fiscalización por parte de los electores, representantes partidarios y autoridades de mesa en el proceso del escrutinio; disminuiría además sustancialmente los tiempos de conteo, procesamiento y carga de resultados; y, por último, contempla un soporte físico de las votaciones permitiendo controles ex post de los resultados.

Uno de los elementos que las autoridades sostuvieron en la justificación de la implementación de este sistema, al igual que otros casos de Boleta Única – como Córdoba y Santa Fe-, es que el mismo elimina prácticas como el robo o sustitución de las boletas partidarias. Al proveer de manera centralizada la oferta electoral, equilibra las fuerzas políticas en beneficio de las más pequeñas, quienes tienen menos recursos para la fiscalización del proceso electoral.

El debate sobre la pertinencia de la aplicación de nuevas tecnologías en los procesos electorales está cruzado por estas cuestiones, pero también por evaluaciones sobre el nivel de seguridad informático, el secreto y la integridad del voto y la capacidad ciudadana de fiscalización. Si bien, cómo sostuve acá, creo que todas las evaluaciones sobre posibles vulnerabilidades del sistema ayudan a hacer del mismo uno más robusto (no existen sistemas invulnerables), me parece que muchos de los argumentos en su contra adolecen un fanatismo inverso del que ellos atacan. Parafraseando a Tula podríamos decir que aquellos que denuncian una tecnofascinación terminan cayendo en una tecnofobia.

Si dejamos estas discusiones de lado por un momento, y damos por sentada la tecnología, me gustaría hacer acá una  breve comparación de la aplicación del diseño desarrollado por MSA en los dos distritos que decidieron utilizarlo.

Tula, en un documento ejecutivo a pedido del comité de un comité de reforma política en Córdoba en el año 2008, describe detalladamente el abanico de esferas y funciones sobre los cuales cabría prestar atención a la hora de evaluar la introducción tecnológica. Éstas se resumen en los Ocho requisitos básicos para la adopción de sistemas de votación electrónica:

 

  1. Fuerte presencia del Estado como garante del derecho de sufragio y como regulador del proceso de modernización.
  2. Modernización previa de las primeras fases del proceso electoral.
  3. Gradualidad en su implementación
  4. Infraestructura de telecomunicaciones mínima
  5. Extensa e intensa campaña de difusión pública
  6. Transparencia
  7. Incorporación de un comprobante físico del voto
  8. Actualización de las normas existentes en materia de seguridad

 

Si hacemos un chequeo superficial de este listado, de la descripción del sistema y su funcionamiento hasta ahora, resulta claro que la experiencia porteña difierede la salteña.

En el caso de Salta, el Ejecutivo y la autoridad judicial competente firmaron un convenio a partir del cualcomenzó su desarrollo a través de una prueba piloto en el año 2009. Desde ese momento hasta las recientes elecciones de 2015 se llegó a que todo el padrón usara el sistema para todos los cargos electivos. Esta implementación escalonadapermitió a las autoridades generar instancias de capacitación (de electores, autoridades políticas y burocráticas), evaluaciones, auditorías externas e ir incorporando mejoras al diseño de la administración electoral.

La legislatura de la  C.A.B.A., por su lado, sancionó en diciembre de 2014laley Nº 4894 que regula el sistema de Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias y en sus anexos estableció un marco general para el uso de Boleta Única y la incorporación de tecnología en el proceso electoral. Esta norma fue reglamentada en diciembre del año pasado, casi un año después. En el detalle de la reglamentación se estableció que se utilizaría el instrumento de votación similar al que venía utilizándose en la provincia de Salta habilitando la incorporación de una Boleta Única y tecnologías al proceso electoral.

El 5 de marzo de este año, poco tiempo antes de que se celebren las elecciones primarias con este nuevo sistema, el gobierno porteño dio marcha atrás (Ley Nº 5241) y suspendió su utilización hasta el 5 de julio, fecha de las elecciones generales. En su artículo octavoestableció que se deberían “dictar las medidas necesarias para realizar simulacros de votación del sistema previsto en el Anexo II de la Ley Nº 4.894 en mesas electorales, durante el desarrollo de los comicios del 26 de Abril de 2015”.Esto fue reglamentado por decreto sólo 16 días antes de la fecha establecida para las primarias (y el simulacro).

Uno de los problemas de la aplicación del nuevo sistema en la C.A.B.A. reside en los cortos plazos entre las sanciones de las normas que regulan los preocesos electorales y las fechas de los comicios. Este problema de timming atenta contra una efectiva  y necesaria capacitación del electorado.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que ya había emitido un dictamen negativo, tuvo desde entonces un rol importante para avanzar con la destacada necesidad de capacitaciones. Entre sus recomendaciones aconsejó también que su aplicación se hiciera de manera gradual, como se había hecho en Salta.

No resulta claro que las autoridades porteñas encargadas promover y extender la capacitación esténgenerando las condiciones necesarias para generar mayor confianza y seguridad en el sistema. Que recién el 21 de mayo se habilite en la web del GCBA un simulador para que cualquiera pueda acceder e interactuar con el dispositivo, cuando este desarrollo ya estaba disponible desde hace un par de añosy la versión vigente desde hace meses (por las elecciones de Salta), parece ser una muestra elocuentedel deficiente proceso.

Mientras que en el pionero caso de Salta el proceso de implementación del sistema que llevó a la elección del Gobernador por parte de la totalidad del electorado tomó más de 6 años, cuatro de los cuales se realizaron elecciones, la C.A.B.A. determinó que todos los habilitados para elegir Jefe de Gobierno utilicen el sistema en las próximas elecciones. Así las cosas, resulta claro que la experiencia porteñano satisface por lo menos dos de los requisitos básicos estipulados por Tula: la gradualidad en la implementación y una extensa campaña de difusión pública.


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