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[Argentina] “La falta de control hace que los procesos electorales sean cada vez más inequitativos”

por Leandro Querido

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Delia Ferreira Rubio es una de las pocas especialistas en financiación política. Abogada y Doctora en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid ha trabajado para OEA, PNUD, IDEA International, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), NEEDS, Transparency International, CAPEL, IFES y otros organismos internacionales y ONGs. En esta entrevista nos describe los problemas que aún tiene el sistema de financiación de la política en la Argentina.

LQ: ¿cómo estamos en Argentina en materia de financiamiento de la política?

DR: Si uno compara desde la recuperación de la democracia estamos mejor, ahora tenemos más información. Igualmente la normativa actual tiene muchas falencias que permiten ventanas de oportunidad para que los fondos no siempre entre de una manera legal. Así se manifiesta en lo que algunos llaman campaña anticipada.

Los partidos deben rendir sus gastos de campaña y de funcionamiento ordinario, y de hecho lo hacen, sin embargo el problema está en que notodo el dinero que ingresa lo hace en blanco. Hay aportes que no están alcanzados por la ley, por ejemplo en el 2002, cuando se aprobó el primer régimen integral de financiamiento (Ley 25600) había un artículo expreso en la ley que decía  que todas las prohibiciones y límites que se estableciera a los partidos se aplicaba a las alianzas, a los candidatos y a cualquier tercero que realizara este tipo de actividades. La primera reforma que se hizo de esa ley terminó con ese artículo. Por lo tanto hoy no tenemos ninguna limitación legal para el dinero que manejan los candidatos.

LQ: ahora bien, algunos cambios positivos hubo, por ejemplo ahora no hay aportantes anónimos, las empresas privadas no pueden aportar para las campañas.

DR: si, aunque las empresas si pueden aportar para los gastos corrientes del partido. Y el problema reside que estos aportes van a una solo cuenta en la que se mezcla todo. El dinero es fungible y esto da lugar a una ventana de oportunidad a la ilegalidad.

El principio para poder controlar financiamiento político y de campaña es poder diferenciar las cuentas. La Ley 25600 establecía una cuenta para los gastos ordinarios y otra para los gastos de campaña.

Ahora bien, la imposibilidad de que las personas jurídicas no aporten para las campañas es un discurso que se vende bien aunque tiene problemas prácticos, al punto de que muchos países lo han descartado. Los aportes de las empresas siguen existiendo porque el interés de aportar sigue estando y la necesidad de recibirlos también. Cuando vos pones una prohibición como esta lo único que generas es un incentivo para que el dinero vaya en negro y además evitas la información de financiamiento para el control posterior de gestión. El vínculo entre dinero y política no se agota en la campaña electoral. Saber quien aportó nos puede servir para evaluar después gestión de gobierno. Para saber si el contratista ganó el contrato porque su oferta fue mejor o porque en realidad es financista de esa partido ahora en el gobierno.

LQ: no es una obviedad que una empresa que aportó luego espere sus beneficios.

DR: si, aunque no creo que debe satanizarse el financiamiento privado. Me parece que participar es legítimo. El tema es que esos aportes sean transparentes para evaluar si cumplen con la ley o si hay potenciales conflictos de interés, etc.

LQ: la elección del 2007 ha sido un hito en materia de descontrol financiero. La campaña de Cristina Fernández de Kirchner fue financiada por laboratorios vinculados al tráfico de efedrina.

DR: ese escándalo fue el que determinó que se prohibiera el aporte de personas jurídicas en las campañas, aunque en la práctica nada ha cambiado. Han pasado caso dos mandatos completos de aquella vez y esos balances de campaña que los partidos tienen noventa días para presentar luego de la elección y la justicia electoral tiene otros noventa días para resolver y sin embargo han pasado ocho años y aquí estamos. El 37% de los donantes de la campaña de Cristina Fernández de Kirchner venían del área de la salud. Un año después se produce el triple crimen de General Rodríguez y me llama un periodista para que busque si alguno de los asesinados figuraba en la lista de aportantes. Y allí nos dimos cuenta que figuraban tanto los laboratorios como los asesinados en la lista de donantes. Esta es la importancia de saber quién está atrás de los candidatos.

LQ: en que pueden afectar situaciones como estas en los procesos electorales, sobre todo en la competencia. ¿Se puede hablar de elecciones con equidad?

DR: bueno, en teoría todos los partidos pueden gastar lo mismo con lo cual habría condiciones equidad y los límites son los mimos para todos. Los medios, por su parte, se reparten de manera también equitativa. En definitiva hay algunos instrumentos que establece la norma para actuar en un sentido de equidad. Sin embargo las normas no bastan, hay que aplicarlas. Con las sanciones lo mismo, hay que hacerlas efectivas. Estas a su vez tienen que ser temporalmente ajustadas, porque de lo contrario pasa el tiempo y la elección y nada ocurre. Aquí tenemos un desfasaje en nuestra legislación. Después tenemos otro desfasaje con respecto al financiamiento que tiene que ver con una mirada integral de cómo están las instituciones de control. Si un gobierno de turno tiene el manejo discrecional del presupuesto de publicidad o comunicación y lo utiliza todo el tiempo que quiera y como quiera genera una inequidad total en el campo del juego electoral. La normativa en este sentido solo aplica a la oposición. Esta tiene que esperar los 25 días que determina la ley mientras los oficialismos ya están en campaña.

LQ: esto le da una enorme ventaja a los partidos de poder.

DR: exactamente, a los oficialismos de turno, sea en el gobierno nacional, provincial o en las intendencias.

LQ: que debate se debe nuestro país desde el punto de vista normativa para generar una cambio?

DR: hay que privilegiar la transparencia más que poner seguir poniendo límites que nadie cumple. Esto ocurre con los topes de gasto. No se puede decir que solo se puede gastar tanto cuando todos saben que una campaña cuesta muchos más. Eso contribuye al financiamiento ilegal.

Lo que si o si hay que hacer es fortalecer los mecanismos de control. Es decir fortalecer la tarea de la Cámara Nacional Electoral y los Juzgados federales. Lo mismohay que hacer con los equipos de auditores

infoquerido

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