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[Bolivia] Justicia ilegítima

El 3 de diciembre del 2017 se llevó a cabo la segunda edición de las elecciones judiciales en Bolivia, único país que elige a las autoridades de sus máximos tribunales de justicia mediante el voto popular. El resultado de esta elección fue prácticamente el mismo que se dio en las primeras elecciones de este tipo el año 2011 pero con diferentes connotaciones.

La mayoría de la población decidió votar nulo o en blanco como una manera de demostrar su rechazo a los candidatos propuestos debido a su vinculación con el partido oficialista (MAS) y como una manera de demostrar su descontento con el actual sistema de justicia inmerso en una crisis profunda debido a su subordinación al poder político.

Pero en el caso de las elecciones del 2017, más allá de los candidatos impuestos y la situación de la justicia, existió también un elemento esencial de defensa de la democracia y la constitución debido a que en días recientes, anteriores a la elección, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un fallo mediante el cual se pretende habilitar al Presidente Evo Morales a una tercera reelección pese a que el 21 de Febrero del 2016 hubo un referendo en el que la mayoría de los bolivianos decidió rechazar esta situación. La indignación de la población por el fallo del TCP se vio reflejada en el voto del 3 de diciembre, e incluso hubieron muchas papeletas anuladas con la leyenda “Bolivia dijo No” como una forma de exigir el respeto a la decisión soberana del pueblo boliviano.

Con estos antecedentes podemos decir que las elecciones de altas autoridades judiciales mediante el voto popular, lejos de ser un modelo exportable a otros países del cual podamos sentirnos orgullosos por ser pioneros, se han convertido en plebiscitos mediante los cuales la ciudadanía tiene la oportunidad de expresar su descontento con las acciones del gobierno nacional.

El oficialismo trata de mostrar cierta indiferencia a este extremo señalando que las autoridades judiciales igual han sido electas mediante el voto popular por mínimo que este haya sido. Pero sabemos que no es lo mismo que una autoridad sea electa con 5% a que tenga un respaldo de 50%. Las autoridades judiciales votadas, gozan de un mínimo de apoyo en las urnas pero la gran mayoría de la población decidió rechazarlos anulando su voto o votando en blanco.

Ante estos resultados se esperaría que las autoridades judiciales “electas” no asuman sus cargos debido al abrumador rechazo; pero lo más importante sería que el gobierno nacional en atención a estos resultados pueda asumir una real postura para cambiar la justicia y abandonar la constante subordinación de la misma a sus intereses políticos.

No se trata del típico discurso antagónico entre legalidad versus legitimidad. Se trata de poder recoger el sentir de los bolivianos. De reconocer la voluntad democrática general expresada en las urnas. Se trata de hacer prevalecer la democracia y la soberanía popular por encima de cualquier otro tipo de interés.

La población se manifestó, es hora de que los gobernantes escuchen y actúen en concordancia.

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Eric Cícero Landívar Mosiño

Abogado y Politólogo, Magíster en Derecho Constitucional y Autonomías.

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