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[Brasil] Corrupción en Brasil ¿Ethos Social o Problema de Incentivos Institucionales?

Un fantasma recorre Brasil y es el de la corrupción, pero se trata de un fantasma que ha atravesado diferentes etapas de la vida de la denominada “Nueva República Brasileña” en vigencia desde 1985 a la fecha: veamos algunos antecedentes.

En el año 1992 como resultado de la denuncia llevada a cabo por el hermano de Fernando Collor de Mello, Pedro Collor, el entonces presidente de Brasil fue sometido a juicio político y destituido por una amplia mayoría de la cámara de Diputados, producto de haber sido hallado responsable de tráfico de influencias y otros delitos e irregularidades conexas; además de su destitución, Collor de Mello fue inhabilitado por un período de ocho años para el ejercicio de cargos públicos. El ex presidente de Brasil es en la actualidad Senador Federal por el Estado de Alagoas.

Años después, ya durante la primera gestión presidencial de Luis Ignacio “Lula” Da Silva, tuvo lugar el episodio conocido como “Mensalao”, resultado del cual fueron sometidos a proceso judicial figuras del más íntimo entorno de Lula Da Silva como el entonces Jefe de la Casa Civil José Dirceu y su entonces ministro de Hacienda Antonio Palocci. Un contexto de recuperación económica, alta imagen presidencial y el peso de la traumática experiencia del impeachment contra Collor de Mello impidieron que la ola arrastrara al propio presidente Lula Da Silva, quien sería reelecto al año siguiente, en el 2006.

Nos encontramos en 2017 y, como resultado de las investigaciones judiciales llevadas a cabo en el marco del “caso Oderbrecht”, se encuentra en el banquillo de los acusados una parte importante de la clase política brasileña, tanto del oficialismo como de la oposición, este proceso amenaza con constituirse en una versión local del Mani Pulite italiano.

En diferentes oportunidades he tenido la posibilidad de expresar que las instituciones en Brasil son parte del problema, pero pueden también serlo de la solución al dilema de la corrupción sistémica: repasemos algunas características de la configuración político-institucional de la Nueva República (ya no tan):

  1. Un sistema federal descentralizado, en el cual los gobiernos subnacionales adquirieron alta autonomía en su ámbito de acción y significativa influencia sobre la esfera federal dando lugar a un federalismo de carácter centrífugo.

  2. Un sistema electoral de lista cerrada y no bloqueada para la Cámara de diputados con un mínimo de 8 y un máximo de 70 diputados y mayoría limitada en el Senado, que generó como consecuencias la sobre representación de los estados regionales y escasos incentivos para la disciplina parlamentaria y partidaria.

  3. Un sistema de partidos fragmentado, con baja cohesión partidaria, fragilidad de partidos catch all y de organización interna de carácter clientelar y baja disciplina.

  4. El diseño institucional presidencialista, en el cual el ejecutivo posee serias dificultades para la formación de mayorías parlamentarias estables y fuertes prerrogativas institucionales, como aquellas ya mencionadas de establecimiento de la agenda parlamentaria y las medidas provisorias.

¿Cuál es la principal consecuencia?

Sin lugar a dudas, una compleja y costosa construcción de la gobernabilidad democrática, en términos fiscales, políticos y éticos; tanto el “Lava Jato” como el “Mensalão”, para citar dos de los casos más emblemáticos, son el resultado emergente de una distorsiva institucionalidad que origina prácticas igualmente distorsivas.

Las instituciones son parte del problema, pueden ser parte de la solución; se trata de un debate que se inicia, la agenda política lo amerita, las urgencias también. Se trata de una discusión no solo urgente sino también importante.

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Santiago Leiras

Politólogo UBA. Doctor en América Latína Instituto Ortega y Gasset

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