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El Rol de los Tribunales Electorales en México

Apenas el pasado 29 de marzo el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó las candidaturas, partidistas e independientes, que contenderán el primero de julio en su búsqueda por alcanzar la silla presidencial en México. Tres de las cuatro candidaturas aprobadas por el INE eran ya por todos conocidas, pues se trataban de las tres candidaturas partidistas que postularon cada una de las tres coaliciones registradas, a nivel nacional, para este proceso electoral. Sin embargo, sobre las que circulaba un hito de incertidumbre sobre su aprobación o rechazo eran las candidaturas independientes presidenciales. En particular, tres eran los casos más controversiales de candidaturas independientes para la presidencia de la República, que se discutirían en la referida sesión del INE del 29 de marzo. Se trataban, pues del caso de: 1) la aspirante Margarita E. Zavala Gómez del Campo, ex primera dama de México durante el sexenio 2006-2012; 2) el aspirante Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, alias “El Bronco”, gobernador con licencia por el estado de Nuevo León y cuyo triunfo como mandatario local lo alcanzó, precisamente, por la vía independiente; y 3) el aspirante Armando Ríos Piter, actual senador con licencia por representación del estado de Guerrero.

A manera de contextualización, baste mencionar que de conformidad con la legislación electoral mexicana, para obtener el registro como candidato independiente a la presidencia de la República, era necesario contar, entre otros requisitos, con un número mínimo de apoyo ciudadano que debía cumplir con in requisito de dispersión territorial. Sin embargo, el apoyo ciudadano recabado por los aspirantes debía de guardar ciertas características, en términos de autenticidad y legibilidad, para ser tomado por válido por parte de la autoridad electoral y, por tanto, ser susceptibles de cómputo para efectos del umbral legal. En estas condiciones, el INE ideó la implementación de una aplicación telefónica que permitía, por un lado, facilitar a los aspirantes presidenciales el proceso de recaudación de apoyo ciudadano y, por el otro lado, agilizar el procesamiento de la información, incluyendo su verificación, por parte de la autoridad electoral.

Los tres aspirantes en comento, destacaban del resto por ser los únicos casos en los que, presuntivamente, se habría alcanzado el umbral de apoyos ciudadanos que la Ley Electoral mexicana exige como requisito para obtener su registro como candidatos independientes. Sin embargo, las cifras dadas a conocer previamente por el INE, sobre las características que guardaban las firmas de apoyo ciudadano recabadas por estos tres aspirantes, adelantaban que sólo en el caso de la aspirante Margarita Zavala existía la posibilidad de otorgarle su registro de candidata independiente. A saber[1]:

Tras la sesión del 29 de marzo, se confirmó el registro de la aspirante Margarita Zavala como única precandidata a la presidencia de la República con el carácter de independiente. Sin embargo, los casos de los aspirantes Armando Ríos Pites y, principalmente, de Jaime Heliodoro Rodríguez, aún no pueden ser descartados de forma definitiva. A pesar de que la autoridad electoral administrativa les haya negado su registro, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través de la vía judicial, aún podría revertir esta decisión.

Es en este contexto que el TEPJF enfrentará, en los próximos días, una de las decisiones más cruciales de la contienda presidencial, apenas a unos días del inicio formal de las campañas electorales. No se trata de una decisión sencilla, pues invariablemente su decisión puede llegar a modificar la cantidad de opciones presidenciales que, el próximo 1º de julio, se le presentará al electorado mexicano.

La decisión del TEPJF, de acuerdo con los medios de impugnación presentados por los dos contendientes a los que les fue negado su registro como candidatos independientes, versará en determinar si los apoyos ciudadanos declarados como inconsistentes por parte del INE, fue llevada a cabo de manera legal y ajustada al debido proceso de verificación. Es decir, que el TEPJF calificará si la actuación del INE, dentro del proceso de validación de firmas, se ajustó o no a la normatividad electoral, a nivel constitucional y legal.

Sin embargo, a la situación que hoy por hoy está en manos de las autoridades jurisdiccionales electorales, aún le hace falta agregar un grado más de complejidad. Se trata del hecho de que las principales inconsistencias encontradas por el INE en el proceso de validación de firmas tienen que ver con dos hechos muy relevantes para el tema de autenticidad y legitimidad de todo el proceso electoral mexicano: por un lado, gran parte de las inconsistencias halladas en los apoyos ciudadanos tuvo que ver con el hecho de que fueron amparados con copias de la credencial de elector, no así con la captura de la identificación original; por el otro lado y aún más gravoso, fue el que la autoridad electoral también encontró que un gran número de apoyos ciudadanos estaban amparados en credenciales de elector apócrifas, en los que se presentaron evidentes simulaciones del plástico electoral, aunque con un contenido que sí correspondía a los datos personales y confidenciales que integran el padrón electoral mexicano.

Pero ¿cuáles son los alcances de estos hallazgos y por qué importa que sean debidamente considerados y valorados por los tribunales electorales en México?

En el caso de las simulaciones, resulta más claro evidenciar el riesgo y perjuicio que encierra esta acción en sujetos que pretenden alcanzar la máxima magistratura presidencial. En primer lugar, porque la simulación de un plástico electoral constituye, en sí mismo, un delito tipificado en la legislación penal mexicana; en segundo lugar, significa la vulneración y manipulación de datos confidenciales pertenecientes a información personalísima de las y los ciudadanos mexicanos; y en tercer lugar, tiene que ver con un intento de fraude contra la autoridad electoral. Estas tres circunstancias, en conjunto o en su individualidad, deberían ser motivo suficiente para estudiar el alcance de las repercusiones de estas conductas en una democracia moderna, así como definir adecuadamente el tipo de sanciones que ameritarían ser impuestas como medidas preventivas y correctivas, para el presente y futuro de la joven democracia mexicana.

Para el caso de las fotocopias de credenciales para votar, el asunto es un poco más complejo por cuanto hace a que, en sí mismas, las fotocopias no acarrean ningún tipo de ilegalidad. Quizás sea cómodo pensar que una fotocopia no puede tener un gran impacto en su manejo por parte de un actor político, incluso podría pensarse que la misma se obtuvo de forma libre, legal y legítima por parte de su dueño original. Sin embargo, el contexto y la experiencia mexicana nos obligan a hacer una breve reflexión: desgraciadamente en México, el uso de las fotocopias de credencial de electoral, está fuertemente vinculado con el suministro de programas sociales y otro tipo de bancos de datos que, por supuesto, obligan a los sujetos a identificarse de forma fehaciente ante una autoridad o dependencia para recibir algún tipo de beneficio. Cuando la presentación de fotocopias se hace de manera tan desproporcionada y sistemática, este contexto no puede ni debe pasar desapercibido para las autoridades electorales obligadas a vigilar que los apoyos ciudadanos brindados a las y los aspirantes sean auténticos; sin embargo, la decisión última correrá a cargo de las instancias judiciales de la materia.

Al final de cuentas, conviene preguntarse qué valor o valores jurídicos son los que se podrían encontrar en juego en esta controversia sobre la validación de apoyos ciudadanos. En mi opinión, son dos los fundamentales: el primero, de carácter sustantivo y personal, es el derecho a ser votado; el segundo y en contraposición, como principio rector de las democracias y de individualidad difusa, el derecho de la ciudadanía a contar con opciones políticas no sólo que cumplan con requisitos de elegibilidad legales, sino que cuenten con la legitimidad y autenticidad necesarias de todo proceso democrático. Sin duda, podría pensarse que se trata de dos caras de una misma moneda, pero qué acaso la validación de una no podría mermar la efectividad de la otra, y más importante aún ¿acaso los jugadores mismos de un sistema democrático, con sus actitudes, marginalmente legales o no, no pueden mermar la propia neutralidad de la contienda electoral? A este respecto, conviene recordar las sabias frase de Ian Shapiro[2]:

“El punto de vista de la neutralidad fluye a partir de dos diferentes, aunque compatibles, impulsos. Uno está inspirado en la percepción del caso Carolene Products de que, en una democracia, los jugadores pueden socavar en tal grado sus reglas constitutivas que impidan su funcionamiento como democracia –al menos para un subconjunto significativo de la población…”

En el caso en particular, la decisión de los Tribunales Electorales mexicanos no es sencilla, máxime considerando que un candidato, que cometió sistemáticamente infracciones –tales como la presentación de fotocopias e, incluso, simulaciones–, se encuentra a tan sólo dos puntos porcentuales de alcanzar el umbral de apoyos ciudadanos necesarios para alcanzar su registro como candidato independiente. Cuál sería la solución correcta a este caso, si es que la hay: es conveniente tener más opciones políticas que ofrecer al electorado, al margen de su conducta dentro del proceso electoral; o es preferible evitar que, mediante la validación de este tipo de conductas, se puedan crear incentivos perversos para que los jugadores se comporten de un modo contrario al mismo modelo democrático mexicano.

[1] Información pública difundida a través de las redes sociales oficiales del Instituto Nacional Electoral, vía twitter: @INEMexico

[2] SHAPIRO, Ian. El estado de la teoría democrática. Barcelona: Edicions Balleterra, 2003, página 108.

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Diego Valadez

Abogado por la Escuela Libre de Derecho. Ha realizado estudios en Análisis Político (ITAM) y en Elecciones y Partidos Políticos en México (COLMEX)

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