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Entrevista a Mónica Rodríguez, Presidenta (S) del Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador

En Ecuador la función electoral está bajo la conducción del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Ambas instituciones deben garantizar el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, tal como lo establece el artículo 217 dela Constitución de ese país.

Con motivo de la decisión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio de iniciar el proceso de evaluación del TCE, Noticias Electorales entrevistó a la Presidente de esta instancia, Mónica Rodríguez Ayala.

Rodríguez es la Presidente Subrogante del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) del Ecuador, quien venía desempeñándose como vicepresidente, en sustitución del magistrado Patricio Baca Mancheno, quien renunció a su cargo como juez y presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en carta enviada el miércoles 2 de mayo bajo los argumentos de tener “profundas diferencias jurídicas y administrativas” que impedían su continuidad al frente de la institución.

Mónica Rodríguez Ayala fue seleccionada y nombrada como magistrado del TCE en octubre de 2016, junto con Vicente Cárdenas Cedillo, por la Comisión Ciudadana de Selección (CCS) del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), luego de que aprobaran el examen de oposición del concurso público para designar a los dos nuevos jueces del TCE.

Se ha desempeñado como catedrática universitaria en pregrado y posgrado en las materias de derecho público, derecho internacional público, derecho administrativo y derecho constitucional en instituciones de educación superior públicas y privadas en ese país. En el sector público ha trabajado como Coordinadora General de la Unidad de Técnica Legislativa en la Asamblea Nacional de ese país. Hasta el 7 de noviembre de 2016 fue Consejera Suplente del Consejo Nacional Electoral. Ha publicado como coautora varias obras entre las que se destacan: Manual de Técnica Legislativa, Manual de Práctica Parlamentaria, Tratado de Codificación, Compendio de Técnica Legislativa para la construcción de leyes de la Asamblea Nacional. Además, ha realizado ensayos investigativos sobre el Derecho a la Ciudadanía Universal: Desde un modelo monocultural hacia un modelo intercultural, y, ha colaborado en el estudio comparado de Peritaje Internacional para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, sobre los Procesos de nombramiento de magistrados en Europa.

¿Quiénes o cuáles instituciones tienen la competencia constitucional y legal de ejercer la Función Electoral en la República del Ecuador?

La Constitución de la República del año 2008 estableció un nuevo diseño institucional, en el que además de la Ejecutiva, Legislativa y Judicial, se instituyó la Función de Transparencia y Control Social y la Función Electoral, integrada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral.

Cabe decir que previo a estas disposiciones ya existía el CNE (anteriormente denominado Tribunal Supremo Electoral), pero a partir de la Constitución, hubo una separación sustancial de funciones y atribuciones, estableciendo para el CNE las de carácter administrativo y para el TCE, las de tipo jurisdiccional, con lo cual se logró que las decisiones administrativas puedan ser revisadas por una instancia jurisdiccional y garantizar a los sujetos políticos del país y a la ciudadanía en general, la administración de justicia especializada en materia electoral.

El Tribunal Contencioso Electoral es el órgano de la Función Electoral encargado de administrar justicia en materia electoral, conocer y resolver acerca de las consultas sobre el cumplimiento de formalidades y procedimientos de remoción de autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, así como dirimir conflictos internos de las organizaciones políticas.

También tiene, entre otras funciones, también descritas en el artículo 70 de la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia, las de emitir fallos respecto a recursos contenciosos electorales contra los actos del CNE y los organismos desconcentrados respecto de candidaturas y procesos electorales, la de resolver sobre las resoluciones del CNE relativas a las organizaciones políticas y los asuntos litigiosos internos de las éstas, sancionar el incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general, las vulneraciones de normas electorales, así como resolver las quejas que se presentaren contra funcionarios.

Adicionalmente, mediante reforma legal, desde el año 2014 tiene la función de absolver consultas sobre cumplimiento de formalidades y procedimiento de remoción de las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados.

¿Cuál es la relación del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) con el Consejo Nacional Electoral (CNE) en su deber de garantizar el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio?

Como órganos somos parte de la Función Electoral que es la encargada de garantizar el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía; y contamos con autonomía administrativa, financiera, organizativa y personalidad jurídica propia.

En nuestro caso, como Tribunal Contencioso Electoral nos encargamos de resolver recursos y acciones contra las resoluciones del Consejo Nacional Electoral.

Nuestras relaciones son estrictamente en el marco de la coordinación interinstitucional, que es un principio constitucional en la administración pública.

¿Cuáles han sido los recursos electorales de mayor trascendencia que ha recibido el TCE en contra de los actos del CNE o contra los resultados electorales y qué respuesta ha dado?

El Recurso Ordinario de Apelación es la vía que permite la revisión en sede jurisdiccional de la negativa o aceptación de candidaturas, la nulidad o validez de votación, elecciones o escrutinio o adjudicación de cargos.

Todos los casos que ingresan al TCE tienen trascendencia sustancial puesto que versan sobre los derechos políticos de los ciudadanos, candidatos y candidatas a quienes se les garantiza sus derechos políticos, de ciudadanía y de participación.

Conforme dispone la Constitución de la República, en el procedimiento contencioso seguido ante el Tribunal se respetan las normas del debido proceso y sus pronunciamientos son debidamente motivados.

Una de las Resoluciones que me ha correspondido ser la Jueza sustanciadora fue la que tuvo su origen el 18 de febrero de 2018, donde se recibió en el Tribunal Contencioso Electoral por parte de los accionantes, la solicitud de un recurso ordinario de apelación en contra de la resolución PLE-CNE-3-15-2-2018 del Pleno del Consejo Nacional Electoral, en la cual se inadmite la solicitud de entrega de formato de formularios para recolección de firmas para revocatoria de mandato en contra del doctor Mauricio Esteban Rodas Espinel, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito.

En mi sustanciación precisé que la Constitución de la República del Ecuador (2008), en el artículo 61 “consagra a la revocatoria de mandato de las autoridades de elección popular como un derecho fundamental de participación (o político) de todos los ciudadanos”. Y se consideró que este derecho de participación se ejerce a través de un proceso de democracia directa, caracterizado como esencial dentro del espectro de instrumentos de participación y control de la acción política de las autoridades con los que cuenta la ciudadanía.

Se destaca que se haya dictado una sentencia, donde las dignidades, si bien tienen el derecho de ser electos por voto popular; también tienen la obligatoriedad de cumplir con sus planes, propuestas programáticas y normas sobre derechos de participación ciudadana. En caso de que no cumplan, se establece en la Ley un mecanismo para que sean revocados de su mandato.

Al momento se encuentra en firme la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral sobre revocatoria de mandato al Alcalde de Quito, capital de Ecuador. El CNE según lo dispuesto por el TCE, es decir, en el transcurso de quince días tiene el plazo para que entregue los formularios.

Vale precisar que en los últimos 10 años en Ecuador nunca fueron tramitadas causas para la revocatoria de mandato. Si bien se presentaron acciones, estas no se aprobaron. Creo que jamás debemos minimizar ni deslegitimar un proceso de democracia directa: que puede darse incluso hasta el último día en el que vence el plazo legal para iniciar un proceso de revocatoria.

¿El TCE ha aplicado algunas sanciones por incumplimiento de normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y vulneraciones de normas electorales?

Efectivamente, el Tribunal tiene la competencia otorgada por la Constitución de la República para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales.

De igual modo, la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia, establece diversas infracciones en materia electoral, que pudieren ser cometidas, especialmente en período electoral, relativas a campaña anticipada, gasto electoral, no presentar informes de las cuentas, aportes y origen de los mismos, contratación directa de campaña electoral, entre otras infracciones que pudieren cometer funcionarios públicos, medios de comunicación, o los ciudadanos y ciudadanas como es el caso del consumo de bebidas alcohólicas cuando se determina por motivo de elecciones, por no acudir a sufragar, entre otras infracciones previstas en la legislación nacional.

Este Tribunal ha negado varios recursos sobre el financiamiento en atención a que los partidos y movimientos no justificaron el uso de recursos públicos. El juzgamiento de infracciones electorales contempla las garantías del debido proceso, con la posibilidad de recurrir de la sentencia, pues en primera instancia es conocida por un juez y en caso de apelación, por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

¿Qué logros podría resaltar durante su gestión al frente del TCE del Ecuador?

El ejercicio de la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral implica responsabilidades tanto jurisdiccionales como administrativas. En el primer ámbito, se ha observado la integración del Tribunal para el conocimiento de los casos puestos a conocimiento del Tribunal, la garantía del flujo continuo de los procesos contenciosos a través de las citaciones, notificaciones y las demás actuaciones jurisdiccionales.

Contamos con propuestas de reformas normativas que permitan fortalecer, entre otros, los principios de celeridad, diligencia y tutela efectiva de los derechos.

En lo administrativo, de igual forma, en la provisión de los recursos humanos y materiales para que se continúen prestando los servicios institucionales, especialmente, los relacionados a los objetivos misionales como son los de índole jurisdiccional.

En estos momentos estamos implementando una hoja de ruta para contar con una evaluación y toma de decisiones en torno a la planificación estratégica, con una mayor cercanía con todas y todos los actores que son parte del sistema democrático en Ecuador y en otras naciones. Esto también incluye la cercanía con organismos internacionales, con instancias académicas y de investigación, y también con los movimientos y los partidos políticos; así como con todas las Funciones del Estado, y aquellas entidades comprometidas con la democracia, en el ámbito de las competencias en lo jurisdiccional.

Considerando los venideros procesos electorales, es sustancial ampliar el espectro de trabajo y tener mecanismos efectivos para llegar a todo el país; considerando las características del total de autoridades a ser electas en las seccionales y en los procesos para elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Es importante precisar que La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, fue aprobada desde el año 2009; sin embargo, siendo una normativa con tantas especificidades por el tipo de dignidades que se eligen en cada uno de los comicios, y las particularidades en la etapa pre-electoral, electoral y post electoral, no cuenta con un Reglamento. Esto constituye un proceso importante que debe constituir también parte de una hoja de ruta no solo desde la institucionalidad del TCE, sino de toda la Función Electoral, para no seguir contando con vacíos existentes en la mencionada Ley.

Otros de los aspectos analizados en la presidencia en esta etapa son el seguimiento a las recomendaciones de las misiones de observación. Por ejemplo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) cuenta con un sistema donde en línea, y de forma transparente, se pueden observar las recomendaciones realizadas a los países en categorías como: Financiamiento Político, Género, Grupos Sub Representados, Justicia Electoral, Medios de Comunicación, Organización Electoral, Sistemas Político y Legal, así como Tecnología Electoral; es fundamental que en el ámbito de las competencias del TCE se haga un seguimiento a estas recomendaciones para fortalecer la integridad electoral.

Considerando cada uno de los ámbitos anteriores, en los próximos días, como compromiso institucional, se hará seguimiento a lo avanzado y a consolidar acciones para el fortalecimiento de la institucionalidad en el ámbito jurisdiccional.

¿Por qué el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Transitorio decidió iniciar la evaluación y exigir informe de rendición de cuentas a cada uno de los actuales magistrados del Tribunal Contencioso Electoral?

El proceso surgió de la iniciativa de Consulta Popular y Referéndum por parte del Presidente de la República, la misma que se concretó en las elecciones del día 4 de febrero del 2018. La pregunta 3 se refería a dar por terminado el periodo constitucional de los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que el Consejo que asuma sus funciones transitoriamente, tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos.

El Consejo de Participación Ciudadana es un órgano de la Función de Transparencia y Control Social, también creado por la Constitución del 2008 encargado de promover e incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsar y establecer mecanismos de control social en los asuntos de interés público y designar a las autoridades de diversas instituciones del Estado, como las del CNE y del TCE.

Por tal motivo, al haber ganado la pregunta 3 de la Consulta Popular se dio la designación de los integrantes del Transitorio designados por ternas proporcionadas por el Presidente de la República, posteriormente designados y posesionados por la Asamblea Nacional. Los integrantes del CPCCS aprobaron parámetros de evaluación que aplicarán a las instituciones y autoridades notificadas.

Hecho esto, se inició el proceso de evaluación también para el TCE, requiriendo informes a cada uno de los jueces y juezas que integran el Pleno, como un informe institucional, los mismos que ya fueron presentados al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio.

¿En qué consiste el proceso de evaluación al TCE iniciado por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social?

El CPCCS aprobó el denominado Mandato de Evaluación de las Autoridades Designadas por el Consejo de Participación Ciudadana en el que establece el procedimiento a seguir y como anexo, un documento que contiene 5 parámetros de evaluación.

El proceso consiste en la notificación a la institución y las autoridades a ser evaluada, concediéndoles de 3 a 5 días para que remitan su informe de gestión, respecto al cual elaboran un informe técnico, que después de notificado se concede un término para que hagan los descargos que consideren pertinentes, se incluye un periodo para denuncias ciudadanas, posteriormente hay una audiencia para que los funcionarios evaluados hagan sus exposiciones.

El CPCCS transitorio dicta la resolución, luego del cual cabe un recurso de revisión y se da la resolución final, mediante la cual pueden declarar la terminación anticipada de los periodos para los que fueron designados los funcionarios sometidos a la evaluación.

El denominado mandato de evaluación que determina el procedimiento, incluye como anexo unos parámetros de evaluación que son: legitimidad del cargo, cumplimiento de funciones, debida gestión de recursos públicos, transparencia y evaluación ciudadana.

Consideramos que las evaluaciones son instrumentos, y no fines, que se aplican para identificar formas de fortalecer o mejorar el funcionamiento de las instituciones, aplicando eso sí, parámetros e indicadores de manera objetiva para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales y un mejor servicio público.

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