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La costosa democracia mexicana: Precampañas Electorales

El pasado domingo 11 de febrero concluyó el periodo de precampañas previsto para la elección presidencial que se celebrará en México el próximo 1º de julio. Sin embargo, será hasta este viernes cuando los partidos políticos y coaliciones entregarán al Instituto Nacional Electoral (INE) su reporte final de los gastos en que incurrieron sus pre-candidatos durante este periodo electoral. Desde ya, medios de comunicación, líderes de opinión y una cantidad considerable de ciudadanos han manifestado abiertamente su rechazo a esta etapa del proceso electoral, acusando que se trata de una mera simulación que lo único que genera son costos innecesarios dentro del proceso electoral. Principalmente porque en esta elección presidencial los nueve partidos políticos con registro a nivel nacional competirán en coaliciones tripartitas, en la que cada una de ellas nominó a un solo pre-candidato a la presidencia, por lo que en ningún caso existió una competencia real al interior de cada una de estas coaliciones. La pregunta que aquí se plantea es: ¿tiene algún sentido que exista el periodo de precampañas en México? En mi opinión, la respuesta debe ser en sentido positivo.

De conformidad con el artículo 227 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las precampañas electorales en México se definen, grosso modo, como el conjunto de actos propagandísticos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos que aspiran a un cargo de elección popular, y que se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular. De la simple lectura de dicho artículo, se puede inferir que la precampaña se encuentra dirigida a privilegiar un proceso competitivo en la selección de candidatos dentro de cada partido político, por lo que dicho proceso parece innecesario cuando las alternativas de precandidatos se reducen a una sola, con lo que, en principio, se excluiría la posibilidad de una competición interna. No obstante, me parece que dicha interpretación es incorrecta. Las precampañas electorales privilegian más un proceso de integración que de competición. Con ellas se busca que los partidos políticos, sus militantes y sus simpatizantes manifiesten su respaldo o rechazo a los aspirantes a un cargo de elección popular. Pero es incorrecto pensar que un mayor número de aspirantes en los procesos de elección interna de los partidos garantice la completa unidad del instituto político, como también es incorrecto pensar que la oferta de una única opción de aspirante excluye, por sí mismo, la posibilidad de disentir o rechazar dicha candidatura.

Visto de esta forma, las precampañas electorales se encontraban mejor justificadas para los precandidatos Ricardo Anaya y José Antonio Meade, puesto que ambos buscaron el respaldo de los militantes de sus respectivas coaliciones para fortalecer sus futuras candidaturas. En el primer caso, porque experimentó una fuerte corriente de rechazo dentro de su mismo partido político (PAN), así como porque debió buscar el apoyo de los otros dos partidos (PRD y Movimiento Ciudadano) que conformaban su coalición, a pesar de mantener agendas políticas muy diversas y hasta, en cierto grado, encontradas. En el segundo caso, José Antonio Meade emprendió una precampaña con el objeto de buscar el apoyo y respaldo de los militantes y simpatizantes del partido político más longevo de México (PRI), al ser la primera ocasión que postulaban como candidato a un sujeto que no formaba parte de su militancia.

Actualmente es muy común escuchar y leer fuertes opiniones en contra de la política en general. Se acusa de que los partidos políticos, candidatos y gobernantes son completamente ajenos al sentir ciudadano, y cualquier acción por ellos emprendida parte de una presunción de ilegitimidad o ilegalidad. El desgaste a este tipo de instituciones merma e impacta directamente en la percepción que tiene la ciudadanía sobre la democracia, y es un fenómeno que poco ayuda a su consolidación. Seguir por una ruta de rechazo a las instituciones políticas, sin perspectiva constructiva, provoca que se comience a devaluar la confianza en la democracia, llegando al punto de considerar que cualquier erogación hacia los procesos electorales son excesivas o inútiles. Es arriesgado e indeseable mantener una postura en este sentido. Mantener una democracia, aquí y en cualquier parte del mundo, cuesta y cuesta mucho. La democracia es un valor en las sociedades modernas, no ayuda a convivir mejor los unos con los otros, a prevenir la dominación, a garantizar y fomentar igualdades y libertades. Creer que la democracia es excesivamente cara no hace sino menospreciar sus aportaciones a nuestras vidas y nuestras sociedades.

Es cierto que nuestro proceso electoral mexicano no es perfecto, como ningún otro lo es, pero no por ello se debe convocar a la supresión de aquellas partes que no nos gusten o nos dejen insatisfechos. Si desde ahora se convoca al rechazo y descalificación de esta etapa del proceso electoral mexicano, me temo que sus efectos impactarán en la certeza, seguridad y legitimidad que deberían de mantenerse en el resultado de las elecciones del próximo primero de julio. Lo que, por supuesto, no es un escenario deseable.

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Diego Valadez

Abogado por la Escuela Libre de Derecho. Ha realizado estudios en Análisis Político (ITAM) y en Elecciones y Partidos Políticos en México (COLMEX)

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