La ciudad de Buenos Aires está cerca de tener un Código Electoral propio. Este miércoles, el oficialismo logró emitir un dictamen de mayoría y sumaría los votos necesarios para que la semana que viene finalmente se apruebe en el recinto el proyecto de Ley Electoral porteño.

A diferencia del resto de las provincias argentinas, la Ciudad se rige por las leyes electorales nacionales y por algunas normas locales específicas. Para el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, el nuevo código era una de las máximas prioridades legislativas para este año, que entre otras cosas le permitiría decidir si realiza las elecciones simultáneamente con las nacionales o por separado. Un dato clave de cara a la estrategia electoral de Cambiemos para 2019.

Luego de un año de discusión en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Descentralización y Participación Ciudadana, desde el espacio Vamos Juntos (PRO y CC) aceptaron hacer incorporaciones y quitar algunos de los artículos más conflictivos. Esto se debe a que a pesar de tener mayoría propia (34) para esta ley necesitan al menos 40 votos.

Uno de los puntos más delicados era el financiamiento de las campañas. El oficialismo propuso originalmente un esquema mixto en el cual los fondos privados no podían superar el 50% de un tope que era calculado en base a la cantidad de electores. Además, solo el 5% de los aportes privados podía ser de personas jurídicas (empresas).

No obstante, tanto el escándalo de los cuadernos del chofer Oscar Centeno como el de los aportantes falsos en la provincia de Buenos Aires complicaron el panorama. Desde kirchnerismo – que proponía financiamiento 100% público- habían adelantado que no acompañarían un proyecto que incluyera el financiamiento por parte de empresas. También había algunas diferencias con el bloque de Evolución. En pos de sumar votos, el oficialismo aceptó eliminar por completo el capítulo y mantener las normas actuales que permiten los aporte privados de personas físicas pero no de empresas.

Tampoco había acuerdo en torno al registro de los extranjeros que viven hace más de tres años en Buenos Aires. La cuestión finalmente se resolvió, a pedido de la oposición, en que sean empadronados automáticamente pero con la eximición de ir a votar si no desean hacerlo (al igual que los mayores de 70 años).

Aunque según Diego Marías, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y principal responsable de redactar el texto, «lo más interesante del nuevo código es que separa la función administrativa de la Justicia».

El proyecto plantea la creación de un Tribunal Electoral permanente para dirimir los posibles conflictos y un Instituto de Gestión Electoralencargado de administrar todo el proceso, como por ejemplo seleccionar las escuelas donde se vota, contratar la tecnología que se utiliza, hacer el escrutinio provisorio, etc. Tras una última modificación, se incluiría que el director del Instituto sea nombrado con la aprobación de la Legislatura para evitar su dependencia del Ejecutivo.

Por otro lado, el texto que se tratará el próximo jueves no realizó grandes cambios en torno al tipo de boleta. Si las elecciones son simultáneas a las nacionales es utilizarían las clásicas boletas de papel y si los comicios son por separado se repetiría el sistema de boleta única con tecnología como en 2015.

«Es un sistema electrónico de impresión de boleta. Justamente lo que tiene (de bueno) es que permite un doble control: la urna y la máquina», remarcó a Infobae Diego Marías.

A su vez, entre las novedades que generaron mayores acuerdos se destacan la paridad de género en las listas, los mayores controles en todo el proceso y la obligatoriedad de los debate entre candidatos.

Si la norma es aprobada, se eliminaría el sistema d’Hondt para la adjudicación de lugares en las boletas tras las internas porque este método puede llevar a que queden dos personas del mismo sexo seguidas. Así se garantizaría que hombres y mujeres queden intercalados.

Por otro lado, todos los interesados en participar como veedores del escrutinio y el cómputo de los votos podrán registrarse ante el Instituto de Gestión Electoral. La idea es que distintas ONG, universidades e instituciones privadas tengan más facilidades para ejercer el control de los comicios y complementen las tareas del Tribunal Electoral.

En cuanto a los debates, serán obligatorios para los candidatos a jefe de Gobierno, para los legisladores cabeza de lista y los comuneros, con garantías de igualdad de condiciones y transmitidos por medios públicos. La pena para los que se nieguen a participar será la «silla vacía», aunque desde el oficialismo no descartan incluir multas pecuniarias.

El proyecto se votaría en el recinto el jueves 25 de octubre. Desde el oficialismo, Diego Marías se declaró «optimista» de poder aprobarlo con una mayoría que incluya muchos votos de la oposición. Aunque reconoció que muchas veces «los consensos son relativos y son efímeros» y muchas cosas pueden pasar en una semana.

Por su parte, la legisladora de Unidad Ciudadana Paula Penacca, presidente de la comisión de Descentralización y Participación Ciudadana, explicó a Infobae que «a diferencia de los que viene mandando el jefe de Gobierno (Urbanístico, Edificación y Procesal), con este código se pudo trabajar bastante mejor y con tiempos más razonables; veníamos teniendo una experiencia bastante negativa, con una Legislatura que actuaba como una escribanía solo con los votos del oficialismo».

Penacca aclaró además que «el voto no está definido» porque todavía buscan «seguir conversando en función de hacer nuevas incorporaciones» al texto. No obstante, reconoció que «muchas de las cosas que hemos planteado fueron incluidas en el proyecto». «Eso abre a la posibilidad de acompañarlo», concluyó .

 

Con información de Infobae