La Cámara Nacional Electoral (CNE) desaprobó este martes las rendiciones de las campañas presidenciales de 2015, por lo que el oficialismo, el kirchnerismo, el massismo y el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá deberán rendir cuentas a la Justicia, y dejar que esta investigue las “diferentes situaciones advertidas en las auditorías contables”, indicó el diario Clarín.

Por medio de cuatro fallos similares, firmados por los jueces Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, la Cámara dispuso continuar las investigaciones a las transacciones monetarias que financiaron las campañas presidenciales de la coalición “Cambiemos”, que candidateó a Mauricio Macri; el “Frente para la Victoria”, que postuló a Daniel Scioli; “Unidos por una Nueva Alternativa (UNA)” de Sergio Massa y “Compromiso Federal” de Rodríguez Saá.

Los camaristas señalaron que, pese a que las cuentas fueron desaprobadas, el juzgado de primera instancia deberá avanzar con la investigación de situaciones informadas por las auditorías contables, con el objeto de conocer efectivamente el origen y destino de los fondos de campaña.

El fallo exige la necesidad de corroborar la autenticidad del origen de algunos aportes privados; la existencia de aportes ilegales por parte de empresas; y, gastos de campaña no declarados, como la publicidad en vía pública, medios gráficos, la actividad en redes sociales e incluso gastos producidos antes del inicio del período legal de campaña.

Con este fin, la Cámara ha solicitado a las personas que figuran como aportantes confirmar que, efectivamente, ellos hicieron las contribuciones, al tiempo que especifíca la necesidad de citar a declaración a aquellas “personas que tienen un vínculo relevante” con empresas que “carecen de capacidad legal para contribuir al financiamiento de los partidos políticos”.

La resolución también solicita ampliar la composición del Cuerpo de Auditores Contadores, “atento al volumen de información que debe ser fiscalizada y a la necesidad de acelerar los tiempos de tramitación y resolución de este tipo de causas”.

Al remarcar la trascendencia de esta materia, los camaristas señalan que «lo que está en juego es la lealtad en la lucha por el poder público y por ende la transparencia de los actos que conducen a la voluntad pública; en última instancia la salvaguardia del principio democrático».

 

Con información de Clarín