Las democracias cuentan con reglas escritas (constituciones) y con árbitros (poder judicial y organismos de control). Sin embargo, las garantías constitucionales no son condición suficiente para asegurar la estabilidad de una democracia. Piénsese en los golpes de estado sufridos por la mayoría de los países de América Latina a lo largo del siglo XX, por ejemplo Argentina. La Constitución Nacional no alcanzó para frenar la llegada de los autoritarismos al poder. La estabilidad democrática demanda, además del constitucionalismo, el respeto por parte de las cúpulas dirigenciales, de un conjunto de  “reglas no escritas” que hacen virtuosa la convivencia democrática.  Cómo muy bien lo expresan los politólogos Levitsky y Ziblatt, autores de Cómo Mueren las Democracias, las dos reglas no escritas más importantes son la tolerancia mutua y la contención institucional.

La primera regla alude a la idea de aceptar la existencia de la disidencia en un contexto democrático y por ende, la virtual alternancia en el poder; mientras que la segunda refiere al hecho de garantizar el normal funcionamiento de la gestión pública por parte de oficialismo y oposición, sin poner “palos en la rueda”. En otros términos, anteponer la estabilidad del sistema político por sobre cualquier interés partidario. La erosión de estas reglas contribuye a debilitar a las democracias dando lugar a desvíos autoritarios en el manejo del poder.

La crisis que está atravesando al Estado Plurinacional de Bolivia podría explicarse en función de la vulneración de una de estas reglas: la tolerancia mutua. Sin lugar a dudas, la gestión de Evo Morales al frente del Ejecutivo fue exitosa, en términos de indicadores sociales y económicos, y avalada por resultados concretos: redujo la pobreza del 60 al 35% y logró un crecimiento sostenido del PBI a un promedio del 4,9% anual durante 13 años. Sin embargo, la ambición de perpetuarse en el poder, lo llevó a utilizar artilugios propios de un proceso de subversión de la democracia, como la alteración de la reglas de juego en su favor, lo que fue socavando, paulatina pero firmemente, la norma de la tolerancia mutua.

La secuencia podría resumirse de la siguiente manera: reformó la constitución en el año 2009 (ganó su primera elección en el año 2005 y asumió en el 2006) para poder ser reelecto presidente. En el año 2013, previo a finalizar su segundo mandato, consiguió el aval del Tribunal Constitucional para presentarse por tercera vez, bajo el argumento que, en el marco de la nueva constitución, se encontraba ejerciendo su primer período. A mediados de su tercer mandato, en el año 2016, convocó a un referéndum nacional para aprobar o rechazar la modificación de la constitución, en miras a habilitar una nueva reelección. El 51,3% de la población le dijo no a la re-re-reelección. Sin embargo, a partir de un nuevo fallo del Tribunal Constitucional, se le permitió a Morales ser candidato nuevamente. En este contexto se presentó a la elección del 20 de octubre pasado, sobre la cual la Organización de Estados Americanos (OEA), terminó concluyendo en virtud de una auditoría realizada, que las elecciones fueron fraudulentas y que debían realizarse nuevamente.

Pero el quiebre democrático no comienza con el informe de la OEA, sino en el año 2016, cuando Evo Morales decidió ignorar los resultados del referéndum y buscó eternizarse en el poder. A partir de allí comenzó a erosionarse la tolerancia mutua, esa regla no escrita que permite una convivencia democrática pacífica. Esa idea de que hay un contrincante que tiene derecho a existir, a competir por el poder y a gobernar. Sin embargo, la ceguera llevó al gobierno y a Evo Morales a insistir por la permanencia en el poder a pesar de todo. Mientras que por su parte, la oposición dejó de ver al gobierno como un adversario político, para pasar a entenderlo como una amenaza peligrosa. Se acabó la aceptación de la otredad. Y bajo esta lógica, un escenario de crisis como el que vive Bolivia se vuelve muy común.

En un contexto de legitimidad cada vez más deteriorada para el gobierno, en función del propio reconocimiento del fraude (a partir de la convocatoria a nuevas elecciones), Evo Morales se apartó de la escena. En el medio aparece el fantasma de los militares, que trae los peores recuerdos a América Latina. Si analizamos los golpes de estado sufridos por los países de la región a lo largo del s.XX, sus características fueron las siguientes: 1) La interrupción inconstitucional de los gobiernos fue llevada a cabo (en casi todos los casos) por fuerzas militares; 2) Las fuerzas militares tomaron a su cargo el ejercicio del poder; 3) Se suspendieron las garantías constitucionales. El caso de Bolivia pareciere por el momento no coincidir con esta descripción. No obstante esto, habrá que esperar a ver como evoluciona el conflicto para tener una noción más certera de la situación. Lo que sí existe, es un cambio relativo en la distribución del poder en virtud de la crisis. La salida política, se encuentra en la realización de elecciones libres y transparentes y en el inicio de un nuevo ciclo, donde vuelva a imperar la tolerancia mutua como pilar fundamental de la buena convivencia democrática.

América Latina, en su conjunto, vive tiempos de convulsión política. Si bien estas crisis de las democracias muestran ciertos elementos comunes, como la polarización partidaria o las dificultades económicas inducidas por el fin del ciclo de la bonanza en la región (caída de los precios de los comodities), cada caso demanda un análisis particular y pormenorizado.

 

Julio Picabea h

Mg. en Políticas Públicas y Docente de Política Argentina en UNSTA