La Fiscalía General Electoral (PGE) evalúa introducir un recurso para intentar alterar el entendimiento del Tribunal Superior Electoral (TSE) que, según los fiscales, “hace a WhatsApp prácticamente inmune a acciones de la Justicia Electoral”.

Esta decisión tiene por objetivo combatir las llamadas “fake news”, que son objeto de preocupación del TSE y ganaron fuerza en la recta final de las elecciones con noticias falsas involucrando tanto las campañas de Jair Bolsonaro (PSL) y de Fernando Haddad (PT).

La idea es forzar al tribunal a discutir el tema de manera más amplia y cambiar el entendimiento firmado por la Corte sobre el asunto en un proceso en el que se mantuvo la decisión del TRE de Sergipe que negó castigar a un candidato a alcalde que divulgó una investigación sin registro a través del WhatsApp.

El debate ocurrió en marzo de este año y en la ocasión los ministros mantuvieron la sentencia de segunda instancia y asentó que el hecho de que una persona envíe un mensaje a un grupo de amigos en el WhatsApp representa “mero ejercicio del derecho individual a la libre manifestación, y no la divulgación de una investigación sin registro”.

En la evaluación de integrantes de la PGE, como el caso tenía dimensiones mucho menores, la Corte tiene que enfrentar el asunto de manera más amplia y firmar nueva jurisprudencia.

“Al juzgar el caso, el relator, ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, citó precedente del TRE de Sergipe que no se puede hablar” en propaganda electoral realizada por medio del Whatsapp, una vez que esa red social no lleva al conocimiento general las manifestaciones en ella divulgadas y que la mera conversación en grupo restringido de Whatsapp sobre el desempeño de candidatos no se confunde con la encuesta electoral.

El magistrado subrayó que el papel del TSE es buscar “el equilibrio entre las garantías constitucionales de la libertad de información y la protección de la veracidad de los datos divulgados a lo largo de los comicios, con miras a resguardar el mantenimiento de las buenas prácticas democráticas”.

Subrayó que es necesario “analizar caso por caso”, pues el WhatsApp y otras aplicaciones similares, como telegrama, pueden presentar diversas facciones de acuerdo con la situación concreta, o sea, puede tener tanto carácter privado como público.

“Por esta razón, no se puede atribuir carácter absoluto, con presunción jure y de jure, al uso de la aplicación de mensajes WhatsApp a fin de caracterizar, como de conocimiento público, informaciones referentes a la intención de voto. En efecto, hay que examinar si la información divulgada extrapoló los límites de un grupo cerrado de interlocutores, lo que, en el marco de este Tribunal, en un llamamiento especial en sentido estricto, sólo se revela a partir de las premisas fácticas señaladas por el Tribunal de origen”, dijo.

El ministro afirma que en esos caos el juez debe determinar si hubo, en cada caso, un legítimo derecho de expresión o si, por otro lado, la información fue vehiculada con el fin de interferir en el comportamiento del electorado, si tuvo la aptitud para llevar al “conocimiento público” el resultado de la encuesta electoral y, de esa forma, interferir o desvirtuar la legitimidad y el equilibrio del proceso electoral.

Y propone balizas para enfrentar la materia: “Para ello, podrá basarse en algunos elementos o síntomas denunciadores de que la divulgación de los datos extrapoló la esfera particular, tales como: i) uso institucional o comercial de la herramienta digital; ii) propensión a la propagación de la información; iii) intereses y número de participantes del grupo; iv) finalidad y nivel de organización y / o institucionalización de la herramienta; v) características de los participantes y, principalmente, del creador o responsable del grupo, por los medios o red social, una vez que, a depender de su grado de liderazgo o de la actuación como formador de opinión, aumenta la potencialidad de la información para alcanzar un público diversificado, en un ambiente propicio a la manipulación de los interlocutores”.

En esta quinta, reportaje de Folha de São Paulo reveló que empresarios habrían comprado paquetes millonarios para difundir mensajes favorables a Jair Bolsonaro en el WhatsAp. En los bastidores, PGE afirma que ya estaba atenta a los hechos revelados por la materia periodística sobre la contratación del servicio de la aplicación por empresas para ayudar a la candidatura del PSL.

El abogado del presidenciable del PSL, Tiago Ayres, a su vez, minimiza el reportaje, clasificándolo como impreciso, y dice que Bolsonaro no tiene como controlar lo que la militancia del candidato en todo el país.

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, afirmó que desde hace muchos años el país no veía una movilización espontánea en favor de un político, lo que es saludable para la democracia y no tiene por qué ser fiscalizado por una candidatura.

En el reporte de Folha, el PT divulgó nota esta mañana afirmando que pidió investigación a la Policía Federal «de las prácticas criminales del candidato» y que «llevará esas graves denuncias a todas las instancias en Brasil y en el mundo».

 

Con información de Jota