La advertencia la hizo en la mañana el diputado de Evópoli Francisco Undurraga. Al revisar el texto que en la víspera había aprobado el Senado para modificar la fecha del plebiscito y las elecciones municipales y de gobernadores regionales, el legislador advirtió un “error” en la forma en que se dispuso el calendario electoral, puntualmente respecto de las elecciones de convencionales constituyentes y de parlamentarios.

Lo que el diputado notó fue que, en caso de que en octubre ganara la opción del “apruebo” y la convención mixta, esta debería comenzar su trabajo en junio de 2021 con 76 parlamentarios en ejercicio. Pero, en agosto de ese año, todos o algunos de esos diputados y senadores iniciarían sus campañas para la reelección, y en marzo de 2022, es decir, antes de que concluya el plazo de funcionamiento de la convención, algunos o varios de ellos cesarán en sus cargos en el Congreso.

Ante el vacío legal, se podría generar un complejo escenario para el correcto funcionamiento de la instancia, pues no está regulado si es que los legisladores que pierdan sus reelecciones podrían continuar siendo convencionales constituyentes o deberían abandonar ese rol.

Ante ello, Undurraga y su par Luciano Cruz-Coke iniciaron conversaciones con representantes del oficialismo y la oposición para encontrar la forma de resolver aquel nudo. Las propuestas apuntaban en dos sentidos; uno, acortar el plazo de funcionamiento de la convención mixta de nueve a seis meses -manteniendo la opción de prorrogar por otros tres- y, dos, autorizando a que los parlamentarios se mantengan como convencionales, pese a que no ganen su reelección.

Lejos de encontrar respaldos, la centroizquierda acusó un intento de boicotear el proceso constituyente y se terminó desatando una guerra de declaraciones, sobre todo luego de que en la Comisión de Constitución -instancia que revisó el proyecto previo a su paso por la sala-, los diputados UDI y Evópoli se abstuvieran en la votación.

De este modo, el debate en el hemiciclo fue tenso e, incluso, incluyó amenazas de acusaciones constitucionales en contra del Presidente Sebastián Piñera y sus ministros.

Asimismo, la oposición acusó “segundas intenciones”, ligando el conflicto al debate que se había abierto en el Senado sobre la posibilidad de “calzar” las elecciones de gobernadores regionales con las parlamentarias.

Extraído de La Tercera