Si se trata de dar cuenta de una característica común en los últimos procesos electorales de América latina podemos decir que ésta es la polarización. Candidatos de izquierda y derecha, populismos de izquierda y derecha que en la dinámica de su enfrentamiento ideológico se llevan todo por delante y la institucionalidad democrática no permanece indemne. Listar los países en donde esto efectivamente ha ocurrido sería extenso; por el contrario, podríamos preguntarnos en qué países no se ha dado este fenómeno en la última década y concluiremos que solo en dos o tres, y no por casualidad estos se encuentran en la cima del Índice de Democracia de The Economist. Por lo tanto, la cultura política es una variable determinante a la hora de la consolidación democrática. Cuando ésta es débil las crisis son recurrentes.

En las últimas décadas las autoridades electorales de la región se han profesionalizado, han intentado tomar distancia de las competencias partidarias y han asumido compromisos loables con la integridad electoral. Este fenómeno pudo expandirse debido a la sana presión que ejercía una ciudadanía más exigente a la hora de salvaguardar el ejercicio de sus derechos políticos.

Sin embargo, el perfil polarizado de los candidatos hizo que este avance se detuviera. Al desafío de implementar elecciones en el marco de una pandemia se le sumó otro, el de organizar procesos electorales en contextos de polarización alta. Es de esperar que el impacto de esta doble presión hiciera mella en la institucionalidad democrática.

El caso Colombia es paradigmático. Colombia cuenta con autoridades electorales sólidas, Un Consejo Nacional Electoral en donde están representados todos los partidos políticos, incluido el de las ex FARC, ahora partido de los Comunes. Una Registraduría que lleva adelante la implementación del proceso y que ha mostrado capacidad de innovación al impulsar reformas electorales inclusivas y basadas en la incorporación de tecnología. En esta última elección a Cámara de Representantes el Estado llegó con sus urnas de votación a lugares a los que hacía mucho tiempo que no llegaba. De tal manera que las víctimas del conflicto armado pudieron votar, es decir recuperar derechos políticos, en las denominadas Circunscripciones Especiales. Las comunidades indígenas y afrocolombianas también pudieron elegir a sus representantes directos y se trató, además, de la primera elección que implementa criterios de paridad entre hombres y mujeres. Todo esto y mucho más hizo un Estado democrático que comparte una frontera con otro Estado como el de Venezuela, que desde hace 20 años no realiza una elección libre, que suprime derechos políticos, criminaliza a la oposición, excluye candidatos y expulsa a millones de ciudadanos. Esto no significa que Colombia no tenga problemas (que los tiene dado que la violencia en algunas zonas del país no cesa) lo que uno pretende decir es que en este contexto regional de recesión democrática el Estado de Colombia tiene la pretensión de defender y promocionar las formas democráticas y esto debe ser ponderado.

Para cerrar esta descripción rápida quiero mencionar y destacar el profundo compromiso de la autoridad de Colombia con la Observación Electoral. Colombia lidera el Índice de Observación Electoral que realiza Transparencia Electoral de América Latina. En esta última elección hubo Misiones de la Unión Europea, la OEA y otras tantas organizaciones. Además, estas también han realizado una auditoría del software que se ha implementado para la totalización de resultados. La Observación Electoral supone la apertura del proceso electoral por parte de las autoridades electorales. Colombia lo hace y esto no es poca cosa para los tiempos que corren.

Dicho esto, ahora vamos a la elección del pasado 13 de marzo. En esta elección todas las mesas de votación contaron con autoridades, hasta los partidos políticos podían postular. Tal es así que de los 727.823 jurados de votación 31.875 fueron postulados por organizaciones.

En cuanto a la capacitación debemos decir que aquí sí hay un punto débil. En América latina la pandemia hizo que muchas capacitaciones fueran virtuales y dada su efectividad con relación a las presenciales se generaron problemas. Si bien en el caso de Colombia fueron mixtas puede inferirse que haya traído problemas en la confección de formularios de diseño complejo como el denominado E-14.

En este sentido la Registraduría informó que la capacitación de los jurados de votación, de forma presencial, fue del 80.54%, lo que corresponde a 578.615 jurados; mientras que el resto fue capacitado de forma virtual.

En cuanto al control partidario de esas mesas no hay punto de objeción: las agrupaciones partidarias pudieron acreditar 362.847 de testigos electorales en puestos de votación y 4.066 testigos fueron acreditados en las comisiones escrutadoras que reciben el conteo de votos a nivel zonal. Lo cual concluye que en este aspecto clave no hubo exclusiones ni obstrucciones a una tarea de control de vital importancia en las elecciones democráticas.

El problema más notorio ocurrió en el caso del procesamiento de las actas de votación que llenan de modo manual las autoridades de mesa. El voto preferencial complicó este proceso, pero por sobre todas las cosas fue el cansancio de las autoridades de mesa. No por casualidad los errores se repitieron en la última categoría escrutada, es decir, en la del Senado de la Nación. Esto sin desmedro de que pueda ocurrir una acción dolosa de manipulación de documentos electorales a baja escala, es decir en algunas mesas puntuales como fueron esas 86 mesas detectadas con cero votos para una coalición detectadas por la propia Registraduría. Pero atención, estas pueden representar algunas irregularidades focalizadas que la autoridad electoral tendrá que determinar, pero bajo ningún aspecto puede tratarse de un “fraude electoral” como dicen de modo irresponsable ciertos dirigentes políticos o incluso algunos candidatos.

Además, un tema que no puede soslayarse es que todas estas inconsistencias en las actas de votación fueron detectadas debido a que la autoridad electoral decidió digitalizarlas y publicarlas. La incorporación de tecnología por lo tanto ayudó a detectar esas irregularidades o errores en la confección de actas.

Por último, la Registraduría para dar aún más garantías solicitó el recuento total en lo que respecta al Senado de la República, y aseguró que (de ser aprobado) la logística está preparada, pero que los resultados definitivos certificados podrían estar para la segunda mitad de julio. Sin embargo, la mayoría de los partidos, reunidos en una Comisión de Garantías Electorales decidió que no era procedente.

Con todas estas acciones propias de la gobernanza electoral se enfrenta al discurso irresponsable de la “narrativa del fraude” propio de los actores políticos que no presentan un compromiso con la institucionalidad democrática.

Colombia no es Venezuela, Colombia es un Estado democrático que realiza elecciones libres y con garantías. Que puede presentar problemas a la hora de implementar elecciones (ninguna democracia está exenta de problemas) pero que bajo ningún aspecto puede concluirse que hay una acción dolosa y estructural de manipulación de resultados. En definitiva, la consolidación democrática basada en las elecciones libres y la cultura política del reconocimiento depende en gran medida de la marginación de estos discursos disolventes, propios de una polarización inconducente.

 

Por Leandro Querido.

Director de Transparencia Electoral de América Latina.

Magister en Derecho Electoral. Universidad Castilla La Mancha, España.