Bogotá, 11 de dic (El Tiempo).- Si hay un proyecto que concite en este momento la atención del mundo político, es la llamada reforma al código electoral, no solo porque cambia algunos aspectos sobre la forma en la que los colombianos eligen a sus gobernantes, sino porque la iniciativa hasta en el ojo de la polémica debido a que, según se ha denunciado, podría llevar a crear más burocracia y concentraría más poder del debido en el Registrador Nacional.
Esta iniciativa, a juicio de expertos, no es solo necesaria sino que resolvería una materia pendiente que tiene el Legislativo, pues el actual código electoral viene desde 1986. Es tan antiguo que todavía hace referencia al bipartidismo, cuando hoy lo que rige es el multipartidismo.
En cuanto al ciudadano, el proyecto trae cambios como que el transporte el día de las elecciones será brindado por el Estado, “para que no termine al servicio de las maquinarias políticas como ocurre hoy en día”. La reforma también elimina los periodos de inscripción de cédulas y se establece un esquema en el que el Estado ubica al ciudadano en el puesto de votación según su dirección de residencia.
Igualmente, en los dos primeros debates se aprobó la llamada paridad de género, que obliga a que los partidos al momento de conformar sus listas de candidatos las integren por 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres, lo que llevará a tener más mujeres candidatas.
No obstante, la iniciativa ha sido criticada por diferentes sectores, como el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, que encuentra en este texto “burocracia, despilfarro, corrupción y politiquería es lo que esconde el nuevo Código Electoral”. Por su parte, el procurador Fernando Carrillo, criticó, entre otros aspectos, el afán con el que se está tramitando esta compleja norma y el hecho de que se quiera aplicar para las elecciones de 2022.
Los reparos ya llegaron al Congreso de la República, donde este miércoles se iniciará la discusión en la Plenaria de la Cámara. La idea, según conoció este diario, es tener el proyecto totalmente aprobado para el próximo 16 de diciembre, cuando finalizan las sesiones ordinarias del Congreso.
El proyecto generará seguramente un agudo debate, especialmente porque las críticas vienen del Procurador General y de Vargas Lleras, quien es jefe natural de una amplia bancada en el Legislativo.
Para el debate, la Plenaria llega con dos ponencias distintas. Una, la mayoritaria, conserva buena parte de los puntos que han generado polémica, mientras que la ponencia alternativa, presentada por las congresistas Juanita Goebertus y Ángela Robledo, hace algunos cambios sustanciales.
“La ponencia mayoritaria no corrige en nada la concentración de funciones en el registrador nacional, pero sobre todo la cantidad de burocracia que puede nombrar y la eliminación de la posibilidad de que los funcionarios se nombraran por carrera, nuestra ponencia quita esos nuevos cargos y hace énfasis en la carrera”, explicó la representante Goebertus.
Ley de garantías
El texto alternativo presentado también elimina las facultades extraordinarias que se le daban al Presidente de la República, igualmente se fortalecen las auditorías a los procesos electorales.
“También eliminamos el voto por internet, que es supremamente inseguro y abierto a hackeos”, dijo la congresista.
Frente a este tema, el representante César Lorduy aseguró que “es absurdo que en cada elección gastemos 250 toneladas de papel para luego digitalizar estos papeles para que aparezcan en la página web de la Registraduría”.
No obstante, el congresista consideró que “por ahora las enseñanzas que han arrojado las experiencias que hasta ahora se muestran en algunos países, indicarían que el voto electrónico por ahora no sería lo más aconsejable”.
En lo que sí no coincide Lorduy con las propuestas de algunos sectores alternativos es en mantener la llamada ley de garantías, que restringe la contratación estatal cuatro meses antes de las elecciones.
“La ley de garantías es una pérdida de tiempo. Esa norma, junto al tema de la no unificación de periodos de alcaldes y gobernadores con el del Presidente, hace que se pierda cerca un año en contratación de obras y gestiones para los municipios y departamentos”, manifestó Lorduy.
Al proyecto le restan dos debates, uno en la Plenaria de la Cámara y otro en el Senado y cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional, que se ha movido para agilizar la aprobación de esta reforma.
Nota extraída de: El Tiempo