Podemos situar el paso de un autoritarismo electoral o competitivo a un autoritarismo cerrado a partir del desconocimiento de los resultados de las elecciones parlamentarias de 2015. En aquel momento, la oposición, con todos los recursos del Estado en contra, proscripción de partidos políticos, inhabilitación de candidatos opositores, uso de los medios públicos, censura, y otros elementos propios del autoritarismo; se impuso con una mayoría contundente que le dio la mayoría calificada de 2/3, suficiente para emprender grandes cambios como por ejemplo el nombramiento de las principales autoridades del CNE, el TSJ, etc.

Ante este escenario, el oficialismo desconoció los resultados, y el TSJ terminaría emitiendo un fallo en el que aseguraba que la AN estaba “en desacato” y por lo tanto sus decisiones eran espurias.

Luego vendrían unas controvertidas elecciones en 2017. En primer lugar, las de la Asamblea Nacional Constituyente, y posteriormente las regionales. En ambos casos y por primera vez de manera oficial se documentaron fraudes. En la de la ANC, la confesión la hizo el CEO de Smartmatic, empresa encargada de dotar la tecnología del sistema automatizado de votación, quien dijo que se modificaron los resultados “en al menos un millón de votos”.

Posteriormente se documentaría un fraude en las elecciones del Estado Bolívar, donde ante una muy pequeña diferencia entre los candidatos del oficialismo y la oposición, aunque inclinada hacia este último, los funcionarios del CNE modificaron manualmente los resultados de 10 centros de votación, de manera que la diferencia se cambiara hacia el candidato oficialista.

Podemos decir que estas elecciones consagran al régimen de Maduro como un autoritarismo cerrado. Sin embargo, las señales de transición se empiezan a dar a partir de 2019, debido a otras elecciones, las de 2018.

En mayo de ese año se celebraron elecciones presidenciales. Fueron las elecciones más desiguales de la historia reciente en el país, al punto que la oposición mayoritaria decidió no participar. Se postuló Henri Falcón, candidato que venía del chavismo y a partir del 2010 se empezó a separar, a través de la plataforma “Avanzada Progresista”, y el pastor evangélico Javier Bertucci.

En aquel momento se documentaron de tal manera las irregularidades, que una gran cantidad de países anunciaron que no reconocerían los resultados.

Y acá es donde ubicamos el comienzo de esta transición. El desconocimiento, ya no solo por los partidos que hacen vida en Venezuela, sino por la comunidad internacional, de los resultados de las elecciones presidenciales de mayo de 2018.

El año terminaría como uno de los peores de la oposición democrática, que estaba francamente desmoralizada y desarticulada.

Esto cambiaría con la estrategia que diseñó Voluntad Popular, partido al que le correspondía asumir la presidencia de la Asamblea Nacional en 2019.

Ante la detención de su principal líder, Leopoldo López; el exilio de Carlos Vecchio y el asilo de Freddy Guevara en la Embajada de Chile en Caracas; el partido decidió que la presidencia la asumiera el joven, e incluso desconocido, Juan Guaidó.

Más allá de analizar el liderazgo o el desempeño de Guaidó, quiero situar el 10 de enero, día en que el presidente de Venezuela debía haber asumido, como un paso fundamental de una transición en marcha.

A partir de “la vacante en la presidencia”, la Asamblea Nacional crea el “Estatuto para la transición”; que no es más que una hoja de ruta para conseguir la salida de Maduro, y que se resume en el mantra “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”.

Este documento es fundamental para entender la transición. Grosso modo, la Constitución establece algunas razones para declarar la vacancia de la presidencia, como por ejemplo la muerte o la incapacidad mental; pero no unas elecciones viciadas. Por lo tanto, el cuerpo de juristas de la Asamblea Nacional elabora una interpretación de la Constitución que le permita, tal como señala, “volver a la Constitución”.

En este sentido, plantea que la presidencia está usurpada porque los resultados de las elecciones presidenciales de mayo de 2018 son espurios, y por lo tanto hace falta que el usurpador cese y se estabilice el país a través de un gobierno que pueda organizar elecciones libres.

Este escenario nos aproxima a lo que podríamos categorizar como una transición guiada por la “institución militar”, en este caso, las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB). La Venezuela de Maduro tiene más de dos mil generales (más que Estados Unidos o incluso todos los países que conforman la OTAN), y los militares ocupan los principales cargos en el gabinete ministerial, la mayoría de las gobernaciones, y, sobre todo, tienen gran participación en actividades económicas lícitas, como la explotación petrolera, minera, o la importación de alimentos (negocio quizá más lucrativo que los anteriores), e ilícitas, como el contrabando, el narcotráfico, entre otros.

Como precedente, recordemos que Venezuela sufrió un golpe de Estado militar (fallido) liderado por Hugo Chávez en el año 1992. En aquel caso, un grupo reducido de mandos medios planificó asaltar el poder enfrentando a sus propios compañeros de armas, con un saldo lamentable de decenas de civiles y militares asesinados .

Sin embargo, en este caso el escenario es otro. Hay documentación suficiente de la influencia de la inteligencia cubana en las Fuerzas Armadas de Venezuela, y en otros organismos de seguridad como el SEBIN. Incluso, las declaraciones del Teniente Ronald Dugarte en las que le narra al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, los métodos de tortura que se le aplicaron a los funcionarios de las FANB que fueron acusados de complot.

Es decir, en Venezuela todo pasa por las FANB, pero estas están a su vez vigiladas por la inteligencia cubana, lo que impide que se concrete un quiebre que pueda desembocar en una transición democrática.

A esto se suma que Venezuela juega un papel geopolítico de gran trascendencia, donde coinciden los intereses de potencias como Rusia, China y Estados Unidos, además de países como Turquía o Irán, y la determinante influencia de Cuba.

Por lo tanto, no es fácil encontrar experiencias anteriores donde estén tantos actores y de tal envergadura.

Al interior el escenario es mucho más homogéneo. Debido a la profundización de la crisis, la falta de servicios fundamentales como la electricidad, el agua, el transporte, la emergencia humanitaria, entre otros hechos ya conocidos, casi el 90% de los venezolanos, de acuerdo con las encuestadoras más importantes, quieren que Maduro deje el poder, y casi la totalidad de estos reconoce a Guaidó como su presidente.

Ahora veamos el papel fundamental que ha jugado Estados Unidos. Fue el primero en reconocer a Guaidó una vez que fue juramentado como Presidente Encargado, y ha avanzado con una serie de agresivas sanciones, ya no solo en contra de los más altos funcionarios, sino incluso paralizando cuentas que manejaba el gobierno de Maduro en el exterior, y las refinerías y estaciones de servicios de CITGO, la filial de PDVSA en Estados Unidos, cuyos fondos ahora maneja el gobierno de Guaidó, aunque no sin dificultades.

La administración de Trump no ha dejado de decir que la opción de una intervención militar está sobre la mesa. Lo ha asegurado el mismo presidente, al igual que Mike Pompeo o John Bolton.

El Grupo de Lima también ha sido fundamental para el reconocimiento de Guaidó por más de 50 países, y para abordar temas administrativos relativos con la migración de más de 3 millones de venezolanos en los últimos años, sobre todo a Colombia, Ecuador y Perú.

Las representaciones diplomáticas también han jugado un papel crucial, ya que Guaidó ha nombrado en los países más importantes a embajadores, incluso en algunos países, como Costa Rica, estos ocupan las instalaciones que otrora estaban en manos de los funcionarios de Nicolás Maduro.

Ahora bien, una parte importante de la transición pasa por el grupo de contacto formado por la Unión Europea más Uruguay, México y Bolivia. Mientras que la hipótesis de máxima es de Estados Unidos, que reclama una salida inmediata de Maduro a riesgo de una acción militar; y la mínima es la del mismo Maduro, quien ofrece a lo sumo una elección de la Asamblea Nacional, es decir, el único poder que ocupa la oposición; la Unión Europea trabaja en la celebración de unas elecciones tuteladas por la comunidad internacional, dígase ONU, UE, OEA; a finales de este año, en las que Maduro pueda incluso ser candidato.

Se estarían negociando ciertos tratos preferenciales a los más altos jerarcas, que en otro caso tendrían que ser juzgados por crímenes de lesa humanidad suficientemente documentados; e incluso se estaría pactando también con Cuba, que ya ha anunciado una nueva versión del periodo especial por la caída de la economía venezolana.

El último movimiento fue al mismo tiempo confuso y esclarecedor. El pasado martes 30 de abril, en horas de la mañana, apareció Juan Guaidó junto al preso político más emblemático de la dictadura, Leopoldo López.

Ambos anunciaron que se adelantaba la operación libertad (que estaba pautada para el 1 de mayo), y aseguraban que era inminente un escenario de quiebre definitivo. Sin embargo, lo que en ese momento parecía la salida de Maduro, horas más tardes se diluyó, aunque dejó mucho para el análisis.

Guaidó y López aparecieron con un contingente de 25 efectivos del ejército y convocaron a la población a salir masivamente, asegurando que se estaba dando un quiebre en las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, ni la salida de ciudadanos fue masiva, ni se concretó un levantamiento militar que concretara la salida de Maduro.

Lo que sí pudimos observar es que el componente militar está altamente fragmentado, y que no atacó, al menos de manera masiva, las manifestaciones de los que exigían el cese de la usurpación, el día martes. Para contrastar, hay que decir que el miércoles sí se reprimió violentamente a los manifestantes, dejando al menos cuatro asesinados, cientos de heridos y detenidos.

Pero el martes pudimos observar por primera vez cómo efectivos del ejército respondieron con fuego a los grupos paramilitares leales a Maduro, los conocidos colectivos. También miembros de la policía de Miranda (Estado gobernado por Héctor Rodríguez, leal a Maduro) se enfrentaban con armas de fuego contra estos últimos.

Una de las hipótesis que mayor fuerza ha cobrado es que altos jerarcas de la administración de Donald Trump habían convencido al Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, y el Director del SEBIN, Manuel Ricardo Cristopher Figuera, de precipitar una salida de Maduro el martes 30 de abril, pero que la liberación sorpresiva de Leopoldo López, aunado a la presión del G2 cubano con su vigilancia sistemática y personalizada, habría impedido a los dos primeros de actuar; siendo el líder del SEBIN el único en cumplir con su palabra.

En este escenario de intrigas y de una vigilancia asfixiante por parte de la inteligencia cubana, es previsible que las negociaciones se estén llevando de manera individual y desarticulada con varios miembros del gobierno de Maduro, y por parte de varios operadores, igualmente desarticulados.

Es decir, la sorpresiva liberación de Leopoldo López pudo suponer un paso que no estaba dentro de los planes, lo que habría convencido a algunos actores de no cumplir con su parte del trato.

Sin embargo, lo que es patente es que el círculo más íntimo de Nicolás Maduro está teniendo conversaciones con operadores de Juan Guaidó y del gobierno de los Estados Unidos, y que se están buscando las condiciones propicias para terminar de concretar la salida de Maduro.