Se trata de un Informe muy esperado. Llegó este año y fue presentado por el nuevo Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Cuba, Stuardo Ralón Orellana. Era muy necesario porque han pasado muchas cosas en la Isla en estos últimos tiempos. Fidel Castro falleció, su hermano Raúl ocupó su lugar y luego este dejó la presidencia. Se votó una nueva Asamblea que designó a Miguel Díaz Canel como presidente y, como si fuera poco, se reformó y se sancionó una nueva Constitución, con Consulta Popular previa. Todos estos cambios se sucedieron de modo vertiginoso entre 2016 y 2020. Sin embargo, el resultado ha sido muy pobre. La dictadura más longeva del hemisferio occidental sigue siendo en esencia la misma. Un solo partido político controla todos los resortes del Estado y para lograrlo viola sistemáticamente los Derechos Humanos de sus ciudadanos. Esto ha quedado documentado en el informe mencionado. Estos trabajos no son muy frecuentes. Desde 1960, la CIDH ha publicado solo siete informes sobre Cuba. Al ser un Estado totalitario el acceso a la información no es fácil. La metodología se hizo sobre la base de 55 entrevistas a activistas, personas defensoras de derechos humanos, opositores, periodistas independientes y víctimas de violaciones de derechos humanos, además de miembros de la diáspora cubana que mantienen contacto directo y lazos con la población y la comunidad del país. A su vez, el informe consta de diez capítulos en donde aborda tópicos como Estado de derecho, Democracia y derechos políticos, Derechos humanos, Libertad de expresión, Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y sobre la situación de Derechos Humanos de otros grupos poblacionales como personas afrodescendientes, mujeres, personas de la comunidad LGTBI, niños, niñas y adolescentes, personas en situación de discapacidad, personas privadas de la libertad y migrantes.
En cuanto al contenido, en el capítulo sobre “Democracia representativa y derechos políticos”, la CIDH observó que en Cuba continúan ausentes los elementos esenciales de una democracia representativa, y que la determinación de iure de partido único del Partido Comunista Cubano afecta los derechos políticos de los ciudadanos dado que traza una línea infranqueable en donde, de un lado, quedan los patriotas militantes y, del otro, los traidores a la patria. La criminalización de la actividad política se estructura a partir de esta discriminación de base. Esto queda grabado en la propia Constitución, en el artículo 4 dispone que la defensa de la patria socialista “es el más grande honor y deber supremo de cada cubano” y “la traición a la patria es el más grave de los crímenes, quien la comete está sujeto a las más graves sanciones”. En un Estado de derecho las arbitrariedades se reducen considerablemente, en cambio, en un Estado Totalitario, este tipo de artículos habilita a todo acto de represión y abuso estatal. Una suerte de Estado de excepción que hace legal lo ilegal.
Cuba celebra elecciones periódicas, no obstante, también lo hace Corea del Norte y no por eso es un sistema democrático. El sistema electoral de Cuba es un catálogo de abusos institucionales y normativos, cuyo único propósito es absorber el poder instituyente que tiene la soberanía popular en todo proceso electoral íntegro. Lo absorbe de tal manera que no queda nada, ya que se invierte el sentido del fluido democrático. Aquí el poder se canaliza de arriba hacia abajo, a modo de imposición, y los dirigentes de un selecto clan familiar político se hacen elegir con porcentajes inverosímiles, cercanos al 99% de los votos.
El nuevo activismo en el mundo lleva un smartphone en la mano. Por eso resulta interesante el análisis que hace el informe del acceso a internet en la Isla. Cuba se conectó por primera vez a la red mundial de Internet en 1996, pero el uso privado de ordenadores personales no fue autorizado por el Estado sino hasta 2008. En la actualidad el país caribeño ha venido ocupando el último lugar en América Latina en cuanto a acceso y el costo del servicio es el instrumento para hacer efectiva la restricción. Se estima que el acceso a internet se ubica entre el 5% y el 27% de la población. La Resolución 92 de 2003 establece que para obtener un correo electrónico se requiere de la autorización previa del gobierno. Con los contenidos hay esquemas institucionales de censura y censura previa que operan a la perfección. Sin embargo, esto no ha podido evitar la emergencia de un nuevo movimiento de protestas relacionadas con temas de toda índole, que van desde las demandas reivindicativas del movimiento LGTBI, hasta grupos que piden una ley de protección animal. En definitiva, jóvenes con un celular en la mano que rechazan el control de un Estado patriarcal.
Se repite como lugar común que el de Cuba es un gobierno de trabajadores; de hecho, el movimiento sindical de América mira con admiración este modelo político. Sin embargo, así como hay un partido político único hay una central obrera única que no permite el derecho a huelga. De acuerdo con los datos oficiales de 2018, existen 4.482.700 personas ocupadas. El sector estatal representa el 68,4% y el sector no estatal el 31,6%. Según la Oficina Nacional de Estadística e Información, el salario medio mensual en las entidades estatales y mixtas fue de 777 pesos (31 dólares). El salario mínimo para empleados del sector público sería de 400 pesos (16 dólares), mientras que para el sector no estatal sería de 225 pesos (9 dólares). Un detalle no menor es que el estado retiene entre el 80 y el 96% del salario mensual a los empleados de empresas mixtas como hoteles, por ejemplo, quedando en 31 dólares como dijimos.
El caso Floyd en Estados Unidos puso en agenda la discriminación racial. En Cuba la invisibilización del racismo es total. Así lo refleja el informe de la CIDH al sostener “que en el país persiste un cuadro de racismo institucional que se refleja en la negación histórica del racismo por parte del Estado y ha sido usado para criminalizar la movilización. Por ejemplo, hay una ausencia de datos estadísticos desagregados claros a partir de bases de datos intersectoriales sobre población afrodescendiente y persiste la ausencia de campañas direccionadas a la sensibilización de la sociedad con relación a la autoidentificación”. En este sentido, los testimonios de las entrevistas realizadas afirmaron también que “los efectos de la violencia, hostigamientos, amenazas, estigmatización, persecución y criminalización dirigida hacia personas defensoras de derechos humanos, activistas, líderes sociales o políticos, y periodistas resultan agravados cuando se trata de personas de ascendencia africana”.
La situación de la mujer no es mejor. La Comisión recuerda que el marco legal cubano no ha incorporado en su legislación una definición general de discriminación contra la mujer y que subsiste también un vacío legislativo en cuanto a legislación relativa a violencia y discriminación contra la mujer, particularmente en la tipificación de la violencia doméstica e intrafamiliar. De igual forma, a pesar de haber firmado y ratificado diversos instrumentos universales y regionales relativos a los derechos de las mujeres, Cuba aún no es parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
En sus 150 páginas el informe deja al desnudo todos los límites de un Estado totalitario que hizo de la propaganda su política pública más eficiente pero además confirma que en Cuba hay una nueva sociedad latente, indetenible y diversa, que ya no se parece en nada a esa vieja “tribu” que moldeó una vieja “revolución” tal como lo describió el joven escritor cubano Carlos Manuel Álvarez.
