La alternancia en el poder es la garantía de la vida democrática. Forzar los límites de la interpretación de las leyes tanto como escribir normas a medida de la voluntad de poder de un grupo o persona deslegitiman el sistema y vulneran los derechos ciudadanos. El análisis de los informes de la OEA acerca de la manipulación de los resultados electorales.
El desenlace del último proceso electoral en Bolivia es prueba de los límites que tienen los regímenes autocráticos. Los autoritarismos competitivos como los que se configuraron en Venezuela, Nicaragua y Bolivia encuentran sus límites cuando quienes están en el poder buscan imponer una gestión eterna, violando el principio democrático de alternabilidad y forzando reinterpretaciones de las disposiciones constitucionales y legales locales. Gracias al control sobre las fuerzas militares y los acuerdos con paramilitares, la Venezuela de Maduro y la Nicaragua de Ortega se convirtieron en Estados policiales, neodictaduras, donde las normas pueden reescribirse o reinterpretarse por autoridades electorales y judiciales que han perdido su independencia frente al poder político.
En el caso de Bolivia, el gobierno de Evo Morales y el MAS buscaron tristemente replicar estos modelos, esta vez sin éxito. Morales fue electo en el año 2005 para el período 2006-2010 con la promesa de refundar el Estado boliviano. Siguiendo casi al pie de la letra el guión del chavismo en Venezuela, se sometió a un referendo revocatorio en el año 2008 para legitimar su mandato, el cual ganó, y en 2009 impulsó y logró hacer aprobar una nueva Constitución, dando lugar al Estado Plurinacional de Bolivia. El nuevo texto constitucional llevó el período presidencial de 4 a 5 años, le permitió una reelección consecutiva (artículo 168) y reconocía entre sus disposiciones transitorias al período 2006-2010 como uno de los períodos presidenciales de Morales.
Durante su segundo mandato (2010-2015), la norma fue reinterpretada, y argumentando que el primer mandato de 4 años (2006-2010) había transcurrido bajo otro régimen constitucional, le fue permitido presentarse a un tercer mandato en las elecciones generales de finales de 2014. Esta misma estrategia había sido utilizada por Chávez en Venezuela. Tras la aprobación de la Constitución de 1999, que extendió el período presidencial de 5 a 6 años, y la celebración de elecciones generales en el año 2000, el oficialismo reinició el contador y otorgó a Chávez 2 años más de gobierno, juramentándolo para el período 2001-2007 el 5 de enero de 2001.
Agotándose su tercer mandato y acerándose el momento en el que debía dejar el poder, Morales buscó introducir por vía referendo constitucional una reforma a la Constitución aprobada en 2009 para habilitar un tercer mandato. El 21 de febrero de 2016 se celebró la consulta en la que se le preguntó a la ciudadanía si aprobaba la posibilidad de que el presidente optara por 2 mandatos consecutivos de 5 años, y el 51,3% de los electores que participaron votó “No”. Nuevamente, el MAS seguía el libreto chavista; en el año 2007, Chávez quiso imponer una nueva Constitución en la que llevaba el período presidencial de 6 a 7 años y permitía períodos consecutivos mientras quien ejerciera la presidencia decidiera postularse a elecciones, indefinidamente. Tanto Morales como Chávez fueron inicialmente derrotados en este intento por legalizar su permanencia indefinida en el poder.
Chávez no se rendiría en su búsqueda por habilitar la reelección indefinida, y Morales tampoco. La estrategia del chavismo fue introducir vía enmienda constitucional la reelección indefinida para todos los cargos de elección popular, para lo que convocó a un nuevo referendo que ganó por un estrecho margen. Morales no se arriesgaría a perder otra elección, de manera que el MAS introdujo a finales del año 2017 un recurso de reinterpretación de la ley y la Constitución aduciendo que la limitante a los mandatos consecutivos vulneraba los derechos políticos de los ciudadanos. Los asambleístas del MAS que introdujeron el recurso argumentaron que los “derechos políticos” reconocidos por Bolivia en la Convención Americana sobre Derechos Humanos debían priorizarse sobre los límites a los mandatos consecutivos establecidos en la Constitución.
Seguidamente, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió un fallo a favor de las intenciones de Morales. El magistrado Macario Cortez explicó que se decidió “declarar la aplicación preferente” de los “derechos políticos” por encima de los artículos de la Constitución que limitan la cantidad de veces que una persona puede ser reelecta, confirmando la dependencia del Poder Judicial, así como hasta donde estaba dispuesto a llegar el oficialismo para eternizarse en el Ejecutivo. De ser reelecto en las elecciones de 2019, Morales llegaría a gobernar hasta el año 2025, cuando habría cumplido casi 20 años en el poder.
En la recta final hacia la elección se hizo cada vez más evidente un clima de desconfianza en las autoridades electorales y judiciales, sobre quienes pesaba no solo la decisión de permitir que Morales se presentara ilegal e inconstitucionalmente a un cuarto mandato, sino una serie de irregularidades administrativas que causaron sospechas entre la oposición civil y política. Entre ellas, la renuncia y “paso a retiro” de puestos claves en el Tribunal Supremo Electoral y la Oficina Electoral Plurinacional, como la de Rosario Mendizábal al área de Procesos Electorales de la Secretaría de Cámara del TSE a menos de 3 meses de las elecciones.
Esta fue una de las últimas renuncias, dado que entre octubre de 2018 y abril de 2019 se registraron al menos 29 desincorporaciones, entre destituciones y dimisiones de personal jerárquico y profesional. José Luis Exeni renunció a la vicepresidencia del TSE en octubre de 2018 exponiendo problemas de salud (aunque coincidió con la aprobación del reglamento para las elecciones primarias), y más tarde ese mismo mes renunciaría Katia Uriona a la presidencia del Tribunal, aduciendo un “estancamiento en la toma de decisiones fundamentales” para la administración de las elecciones generales de 2019, hecho por el que la presidencia del TSE recayó sobre María Eugenia Choque. En enero, la vocal del TSE Dunia Sandoval renunciaría al objetar la forma en la que se estaba llevando la Oficina Electoral Plurinacional.
Este fue el contexto que precedió a las elecciones generales de 2019, celebradas el 20 de octubre, cuyos resultados fueron puestos en duda por multiplicidad de actores, incluida la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA). Para observar el voto de los bolivianos en el exterior, la ONG Transparencia Electoral para América Latina desplegó un equipo de 60 observadores ciudadanos en Argentina y Brasil, cubriendo 24 centros y 391 mesas. La noche de la elección, cuando los resultados estaban siendo publicados en la página web del escrutinio provisorio, una interrupción de la carga generó aún más sospechas, cuando al actualizarse más tarde dejó a Evo Morales muy cerca de la victoria en primera vuelta.
Antes de abordar los detalles, conviene determinar qué se entiende por fraude electoral. Las Misiones de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptaron un concepto de fraude basado en el tipo y la escala de irregularidades presentes en un proceso electoral. Estas irregularidades están entendidas como “toda conducta o acto que contravenga los procedimientos establecidos en la normativa electoral” y se clasifican en 3 categorías:
- Errores y negligencia: acciones u omisiones de funcionarios de la autoridad electoral o miembros de mesa que se apartan de lo estipulado en la normativa, pero que carece de mala fe. Ejemplo: firma del ciudadano en un espacio que no corresponde.
- Acciones deliberadas para alterar resultados: en este caso hay una intención expresa de un sector o actor político de afectar el resultado de la elección para su beneficio. La magnificación de incidencias de este tipo suele ser una estrategia utilizada para alegar un fraude electoral masivo, sin considerar en qué medida puede impactar sobre el resultado final.
- Manipulación de las reglas: se refiere al diseño de las reglas que desde un principio favorecen a un candidato o grupo sobre otro, en algunos casos restringiendo la participación política y en otros excluyendo, intencionalmente, a grupos de votantes.
Según la OEA, dadas una o todas estas irregularidades de manera sistemática se puede considerar la existencia de un fraude electoral. Ahora bien, el adjetivo estructural hace referencia a una percepción más integral de fraude, en la que además de lo que pueda suceder el día de la elección y de la manipulación de las reglas de juego, se consideran las circunstancias institucionales en las que se planifica y lleva a cabo el proceso, y en la que existe mala fe por parte de quienes dirigen las instituciones del Estado para afectar de forma menos visible y evidente el resultado.
La OEA y el gobierno de Morales acordaron que se realizara una auditoría o análisis de integridad electoral para comprobar la veracidad de los resultados. El informe preliminar fue contundente en cuanto a la posibilidad de que existiese fraude. El foco del análisis preliminar de integridad electoral de la MOE/OEA estuvo puesto en 4 factores determinantes: la autenticidad de las actas de escrutinio, el protocolo de custodia del material electoral, los sistemas de transmisión de resultados y el flujo de la carga de datos. En la auditoría al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) se encontró que las actas se recibieron por 2 vías distintas no controladas por la empresa auditora, que sobre la interrupción de la carga de los resultados al TREP no quedo registro alguno, ni de la causa ni de las personas que actuaron para solucionarlo, y que hubo residuales de bases de datos desactualizadas de la aplicación en servidores perimetrales, lo que ya de hecho comprometía el proceso.
En cuanto al cómputo final, los auditores determinaron que 1.575 actas provenían del TREP, es decir, en comunicación con un servidor que ya estaba comprometido. Además, descubrieron que había quedado registrado un acceso directo (no por la aplicación oficial) para modificar la base de datos cuya integridad no fue verificada. Con respecto a la cadena de custodia, determinaron que en Chuquisaca y Potosí parte del cómputo se trasladó a otras localidades. Aunque esta medida pudo estar justificada por los focos de protestas que surgieron tras los resultados, delegados de algunos partidos no fueron informados a tiempo sobre estos cambios y no pudieron presenciar el cómputo oficial luego del cambio. En ninguno de los 5 departamentos visitados por la OEA existen registros sobre lo relacionado al traslado del material electoral, ni durante la jornada de votación ni después, y es evidente que no existieron controles sobre la cadena de custodia de material electoral sensible.
Mientras que el informe preliminar dejaba abierta la posibilidad de que existiera fraude, el informe final del mismo equipo lo corroboró. La gravedad de lo descubierto llevó a Morales a convocar una nueva elección. Los hallazgos hacia el final de la auditoría y las evidencias sobre la intención de manipular los resultados a favor de Morales fueron incontrovertibles. Entre lo más grave, la MOE/OEA incluyó la paralización arbitraria (sin fundamentos técnicos) del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) al momento en el que ya se encontraban verificadas y divulgadas el 83,76% de las actas. Por si fuera poco, el TSE decidió sin fundamento alguno no publicar un 5,58% de actas que ya se encontraban en el sistema TREP y desvió el flujo de datos a dos servidores que no estaban previstos en la infraestructura tecnológica. Según la OEA, la existencia de bases de datos en un servidor oculto declarado como pasarela es extremadamente grave y merece una investigación especial que acarree consecuencias penales.
Un esquema tecnológico paralelo y no controlado creado de manera deliberada puede ser lo que en última instancia facilitó un entorno que permitía la manipulación de datos, sustitución de actas o cualquier otra maniobra para afectar el resultado de la elección. De hecho, el proveedor de la aplicación ingresó directamente a servidores del cómputo final de manera remota mediante VPN y sin supervisión alguna, informando por email los cambios realizados, lo que de por sí es sumamente llamativo. Quizás una de las inconsistencias más determinantes fue la encontrada en las bases de datos de los servidores (denominados BO2 -principal- y BO3 -de contingencia-) utilizados para la publicación de los resultados preliminares:
Los auditores de la OEA además constataron que personal de la empresa NEOTEC, proveedora de la plataforma tecnológica, accedió a los servidores a pesar de que el equipo técnico de la OEA solicitó expresamente que a partir del inicio de la auditoría nadie ingresara a los servidores. Todo esto aunado a que se quemó un número incierto de actas, que constituían material sensible, y más de 13.100 cuadernos o padrones electorales, lo que es evidencia de la personalización del voto y la garantía del respeto al principio de “un elector, un voto”.
El equipo pericial caligráfico determinó que para la selección de la muestra elegiría las actas en las que el MAS obtuvo el 90% de los votos o más, las actas procesadas en el cómputo oficial luego de la interrupción del TREP y las actas ingresadas directamente al cómputo oficial que no pasaron por el TREP, en las que el MAS obtuvo igual o más del 77% de los votos. Revisando una muestra de 4692 actas, se detectaron irregularidades en el llenado de actas de escrutinio y cómputo: en 226 actas, dos o más actas de un mismo centro de votación fueron llenadas por una misma persona (transgrediendo las atribuciones legales de los Jurados de Mesa). Estas actas correspondían a 86 centros de votación, provenientes de 47 municipios del país, y de los 38.001 votos válidos contenidos en estas, el 91% (34.718) fue adjudicado al Movimiento al Socialismo (MAS), lo que representa un comportamiento estadístico anómalo.
Sobre una cantidad importante de evidencia incriminatoria y reveladora, toda contenida en los anexos del informe final, el análisis de integridad electoral arrojó cinco conclusiones que en definitiva desmienten la veracidad de los resultados oficiales. El Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y el Cómputo Definitivo están comprometidos y viciados; hubo un evidente patrón de manipulaciones, falsificaciones y adulteraciones de actas en seis departamentos que terminaron beneficiando al mismo candidato; la cadena de custodia del material electoral no garantiza que este no haya sido manipulado o reemplazado; las actas del cómputo definitivo no son confiables porque el último 4,4% en ser cargado tenían un importante número de observaciones; y el cambio de tendencia en los resultados en el último 5% del conteo era altamente improbable.
Es destacable cómo la tecnología aplicada a procesos electorales es una herramienta que otorga más transparencia y certeza a los actores que participan. Incluso en Venezuela, donde en el año 2017 Smartmatic decidió tras 13 años dejar de proveer la plataforma tecnológica por irregularidades que se dieron durante la elección para la Asamblea Nacional Constituyente que Maduro utilizó para suplantar y usurpar el Poder Legislativo Nacional, fue posible tener evidencia del fraude cometido en el estado Bolívar contra el candidato opositor en las elecciones de gobernadores de 2017. En este tipo de procesos, ciertas estrategias para manipular los resultados dejan huellas y evidencia difíciles de ocultar y que en elecciones 100% manuales pasarían desapercibidas.
Más allá de la tecnología, que Morales pensó podía utilizar a su favor para subvertir la democracia siguiendo el ejemplo de Venezuela y Nicaragua, vale la pena considerar los límites que tienen los autoritarismos competitivos de la región. ¿Es posible darle solución a las crisis que actualmente se suceden en América Latina a través de la vía electoral e institucional? ¿Puede la democracia recuperarse de los embates de la desinformación y la ola de gobiernos iliberales de la última década? Todavía está por verse, pero sería importante promover el debate al respecto y poner el foco en los eventos en desarrollo para asegurarnos de que su desenlace resulte en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, y no en su debacle. En este sentido, el Departamento de Cooperación de la OEA (DECO) y la Secretaria General a cargo de Luis Almagro, han hecho un trabajo determinante para aplicar la Carta Democrática Interamericana y así impedir que los proyectos de sesgo autoritario se propaguen por la región. El caso Bolivia marca un antes y un después porque un fraude estructural ha quedado al desnudo. La Observación Electoral se ha puesto a prueba. En muchos casos ha sido clave en términos de recomendaciones y luego en la implementación de reformas electorales. En el caso boliviano en cuanto a la sistematización de irregularidades que han imposibilitado que un resultado electoral pueda validarse.
Este año habrá elecciones en la OEA y este camino de promoción y fortalecimiento democrático puede ser interrumpido por la irrupción de candidaturas a la Secretaría General apoyadas por países que muestran preocupación al advertir que sus proyectos autoritarios se ven amenazados por el sello que detenta la actual Secretaría General en cuanto a la obsesiva custodia de la Misión de este organismo regional tan bien detallado en su Carta Democrática Interamericana.
Publicado originalmente en DemoAmlat
