El pasado domingo 30 de diciembre de 2018 se celebraron las elecciones generales de la República Democrática del Congo. Más de 40 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar en unas elecciones que podrían significar la primera sucesión pacífica después de la desocupación belga en 1960.

Sin embargo, el contexto era conflictivo y opaco. Sin observadores electorales internacionales se celebraba una elección que debió haberse realizado en 2016, pero que se postergó bajo el pretexto de falta de condiciones.

A este escenario se suma la incorporación de las máquinas de votación de la surcoreana Myru Systems. Recordemos que recientemente se inició una investigación en este país por acusaciones de tráfico de influencias: el ex Secretario General de A-WEB, Yong-Hee Kim, está bajo sospecha por intentar construir un dominio comercial exclusivo al dar trabajo a una determinada compañía llamada Miru Systems durante el proyecto de la agencia de Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) que construye una infraestructura de sistema de votación electrónica en desarrollo”. (ver más)

A esto se suma que la incorporación de la tecnología de Miru Systems en las elecciones congoleñas se hizo sin una licitación. La Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) del Congo llegó a un acuerdo directamente con Miru Systems para que esta pudiera proveer alrededor de 100 mil máquinas de votación por un monto cercano a los 150 millones de dólares.

La operación tuvo múltiples críticas, no solo por parte de la oposición congoleña, que no tenía confianza en el sistema, sino que además fue señalada por la Embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley; que consideró que en el contexto congoleño las máquinas de votación levantarían dudas sobre los resultados, e incluso por el mismo Gobierno de Corea del Sur, que se desligó de la operación en un comunicado oficial a través de su Embajada: «El gobierno coreano ha explicado debidamente al fabricante […] los riesgos potenciales en el caso de las exportaciones de estas máquinas (…) en particular, exportar sus máquinas al Congo podría dar al gobierno congoleño un pretexto para resultados indeseables relacionados con las elecciones, incluida demora adicional».

Pero aun con la negativa de la oposición, la comunidad internacional e incluso el Gobierno de Corea del Sur, la CENI avanzó en su acuerdo con Miru Systems y recibió las máquinas a menos de un año del proceso electoral (21 de febrero de 2018), en un país con un índice de analfabetismo importante y donde muchos ciudadanos no habían tenido contacto antes con una computadora.

La elección, que estaba pautada en un principio para el 23 de diciembre, finalmente se celebró el 30. Con un sistema de votación que permite tener el escrutinio provisorio a minutos del cierre de mesas, a día de hoy (4 de enero de 2019), no se conocen los resultados. Observadores de la iglesia católica (desplegó más de 40 mil) expresaron que ya saben quién resultó ganador, pero que no lo dicen porque la ley prohíbe que los resultados sean anunciados por otro actor que no sea la CENI.

A esto se suma que más de un millón de electores no pudieron votar por una epidemia de ébola que sacude a la región este del país, y que el día de la votación se suspendió el servicio de internet y de mensajes de texto bajo el argumento de evitar la difusión de fake news.

Según el reporte de la misión electoral de la iglesia católica, 38% de los más de 40 mil centros de votación observados carecían de algunos materiales electorales, incluso 3 horas después de iniciada la elección. Además, 23% de los observadores reportaron que la elección tuvo que ser detenida en algún momento de la jornada debido a desperfectos de las máquinas de votación.

SYMOCEL, otra comisión independiente de observadores, reportó que en el 18% de los centros monitoreados hubo problemas con las máquinas de votación.

La incorporación de tecnología en los procesos electorales requiere en primer lugar de un acuerdo amplio entre los actores que participan, a decir, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, organismos electorales, etc.

Un proceso de esta envergadura necesita de una gran legitimidad y que se tomen los recaudos correspondientes para garantizar el mejor funcionamiento posible, así como un plan de contingencia en casos de fallas.

Sin estos requerimientos, la incorporación de tecnología se torna turbia y justifica las sospechas de manipulación.

En el caso de la República Democrática del Congo, tampoco existió una licitación (transparente o no), y la dotación de los equipos fue hecha por una empresa que está siendo investigada por tráfico de influencias en su propio país, e incluso el gobierno desaconsejó al Congo el uso de esta tecnología.

Por lo tanto, es necesario crear espacios de discusión en los que se planteen desde las distintas perspectivas los desafíos de la implementación de tecnología en los procesos electorales, haciendo parte a todos los actores, de manera de revestir de legitimidad su incorporación.