Este año Argentina renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la de Senadores. Como instancia previa, los partidos que no han acordado listas únicas definirán sus candidatos en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Para el ciudadano común, la elección se reduce a la jornada electoral. Pero para las autoridades electorales, los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la temática electoral, el ciclo electoral empieza con la definición de las reglas electorales, incluso antes de la convocatoria de los comicios.
Es evidente que las elecciones son un fenómeno que transciende a las élites partidarias, más allá de que sean ellas las que se disputan el poder a través de los mecanismos y normas que ellas mismas diseñan en el Congreso, y son organizadas y juzgadas por las autoridades que ellas designan a nivel nacional, provincial y local. Esto es aún más evidente en Argentina, donde no existen candidaturas independientes y de acuerdo a la Constitución son los partidos políticos los que garantizan “la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos” (Art. 38).
Ante este partidocentrismo, es fundamental plantear la importancia y la necesidad de la participación de la sociedad civil organizada, no como una concesión, sino como un mecanismo de rendición de cuentas a lo largo del ciclo electoral.
En este sentido, mucho se ha avanzado en la región con la observación electoral. La mayoría de los países de Latinoamérica cuentan con normativas y regulaciones que contemplan la observación electoral internacional y nacional, de larga, mediana y corta duración, y con diferentes alcances. Al respecto, Transparencia Electoral presentó el Índice de Observación Electoral de América Latina, que deja a Argentina en uno de los últimos lugares, al no contar con la figura de la observación electoral en su legislación, sino con el “acompañamiento cívico”; mucho más acotada.
La observación electoral por parte de organizaciones internacionales con cuerpos técnicos especializados como la OEA o la Unión Europea, así como por organizaciones de académicos, especialistas o ex autoridades electorales representa una oportunidad para recabar sistemáticamente información sobre el proceso, identificar fases o procesos susceptibles de ser mejorables y presentar sugerencias y recomendaciones a analizar por las autoridades. Al mismo tiempo es una forma de rendir cuentas sobre cómo funciona la gobernanza y la justicia electoral, y en tal sentido deben establecerse mecanismos que no dependan de la voluntad del gobierno de turno.
Es importante que dichos mecanismos tengan un alcance que permita a la sociedad civil y al resto de organizaciones especializadas no solo ser recibidos por las autoridades y visitar los recintos de votación, sino fiscalizar aspectos técnicos como la implementación de tecnología. Los procesos electorales están cada vez más automatizados, desde el registro y la identificación biométrica, pasando por instrumentos de votación electrónicos hasta la digitalización, transmisión y consolidación de los documentos y datos electorales. Estas instancias son monitoreadas por especialistas de los partidos políticos, y por ende también lo deben ser por los ciudadanos organizados.
Iniciativas como la reglamentación de la observación electoral, la invitación de una Misión de Observación Electoral de la OEA o la implementación de la boleta única (papel o electrónica) en Argentina han nacido a partir de los debates de la sociedad civil organizada. Es indispensable entender la participación de la ciudadanía no solo en términos de afiliados partidarios y electores, sino como fiscalizadores legítimos del proceso electoral.
Jesús Delgado Valery
Director de Desarrollo Institucional de Transparencia Electoral @TransparenciaAL
@JesusDValery
