El próximo 24 de marzo de 2019 en Ecuador se celebrarán las elecciones seccionales. En las mismas, los votantes habilitados elegirán a más de 11 mil autoridades (entre principales y suplentes). Entre las categorías a elegir, están prefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, entre otros.
El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral de ese país han gozado en los últimos años de la suficiente confianza por parte de la ciudadanía como para manejar elecciones sumamente reñidas y polarizadas, como las presidenciales del año pasado, en las que Lenin Moreno, en su momento delfín del saliente Rafael Correa, se impuso al candidato de CREO, Guillermo Lasso, por menos de tres puntos porcentuales, equivalente a un poco más de 200 mil votos.
La presidencia de Moreno ha traído consigo una serie de reformas que se concretaron en gran parte a través del Referéndum Constitucional y la Consulta Popular que se celebró a principios de año, y que tuvo consecuencias muy importantes, como por ejemplo dejar sin efecto la reelección indefinida o restructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Esto último, a su vez, generó un proceso de reestructuración de otras instituciones, como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Producto de la evaluación del CPCCS, las autoridades del CNE y el TCE fueron cesadas de sus funciones, y se establecieron otras, en principio de carácter transitorio (mandato por 60 días).
Esta situación ha redundado en una inestabilidad institucional en muchos aspectos, y en el caso que nos compete, en materia electoral. El CNE cesado ya había convocado el proceso eleccionario, brindado el calendario electoral y anunciado el presupuesto que se ejecutaría para tales efectos.
Si bien es cierto que el Plan Operativo fue aprobado 12 meses antes de las elecciones, lo que entra dentro de los plazos habituales para afrontar un evento de tal envergadura; el 29 de agosto (menos de 7 meses antes de la elección) el ente electoral lo actualizó.
Por otro lado, es preocupante que hasta ahora los comicios han tenido tres presupuestos distintos. El primero de ellos, de 141 millones de dólares; luego se redujo a 119 y por último se situó en 99 millones.
En cuanto al concurso para elegir a los consejeros del CNE (los transitorios tenían un mandato de 60 días), al momento de escribir estas líneas aún no ha culminado, por lo que el CPCCS le solicitó a los que están en función de manera transitoria que aceptaran una prórroga en sus funciones, ya que se enfrentaban a escenario en el que no había autoridades designadas y las actuales quedaban sin efecto, a solo meses del proceso electoral.
Pero si es preocupante el panorama en cuanto al órgano administrativo, tampoco el jurisdiccional atraviesa su mejor momento.
Dentro del proceso de revisión que impulsa el CPCCS, el pasado 29 de agosto fueron cesados tres jueces del TCE.
Arturo Cabrera, juez en función, aseguró que el TCE “funciona como cuerpo colegiado, en temas administrativos, necesitamos tres jueces, en temas jurisdiccionales, es obligatorio, por mandato de la ley, que se encuentren presentes cinco jueces”.
El pasado 4 de octubre, Cabrera expresó que “alterar el cumplimiento de funciones del Tribunal va a traer consecuencias negativas al cumplimiento del calendario electoral”.
A este contexto incierto se suma la iniciativa del presidente del CPCCS transitorio, Julio Trujillo, de celebrar de manera simultánea a las elecciones seccionales una consulta popular sobre la eliminación del organismo que dirige.
Esta importante modificación se haría a poco más de 5 meses de su celebración, en caso de aprobarse.
Camila Moreno, vocal del CNE, aseguró que el ente electoral estaría “operativamente, logísticamente y económicamente preparado para recibir un proceso de consulta popular”.
Es decir, que al tiempo que en las elecciones seccionales los votantes elegirán a miembros del CPCCS, también se les consultaría sobre su eliminación.
