El experto electoral Gerardo de Icaza sostiene que en los procesos electorales la palabra “fraude” es la más contagiosa. Para el titular del prestigioso Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA “cuando la idea del fraude es incorporada por parte de la opinión pública, es difícil encontrar un antídoto o argumento que pueda convencer a las personas de lo contrario. Además de eso, argumentos de fraude les ofrecen a los medios de comunicación una tentadora oportunidad de generar una audiencia y vender periódicos por medio de la publicación de formatos sensacionalistas”. Para Icaza todo esto construye una “narrativa del fraude”, fenómeno que se amplifica, además, con las redes sociales y las fake news.
El principal problema con el que nos encontramos es la falta de una definición universal de lo que es el “fraude electoral”. El ciclo electoral consta de distintas fases, que van desde el establecimiento del cronograma, el empadronamiento de los electores o la inscripción de candidaturas, hasta la jornada electoral propiamente dicha, la transmisión de datos, la totalización o consolidación de resultados, la publicación de los mismos y la adjudicación de los cargos. Podemos concluir que hay fraude electoral cuando se alteran los resultados de una elección y estos no reflejan la decisión de la voluntad popular.
Durante el ciclo electoral encontramos diferentes etapas en las que se pueden presentar prácticas fraudulentas o algún tipo de irregularidad, delito o infracción electoral. Por ejemplo, en el empadronamiento de electores que no pertenecen a la circunscripción en la que votan, la intimidación de los electores que dependen de alguna ayuda social, el acarreo de votantes, el proselitismo político en las cercanías de los centros de votación, la violación del secreto del voto, la compra de votos, la manipulación de las actas de votación, o la manipulación de los resultados electorales.
Aunque algunas de las prácticas anteriormente mencionadas son entendidas como fraudulentas, y justifican la anulación de la elección (sea esta en una mesa o en un distrito) en otros casos se trata de actos lamentablemente naturalizados.
En la Argentina somos testigos del acarreo de votantes, de la extorsión a través de los planes sociales o los cargos públicos, de la compra de votos, entre otras expresiones. También vemos en algunas provincias prácticas que atentan contra los principios democráticos, como la reelección indefinida, los acoples y las colectoras, la ley de lemas, o actos de nepotismo recurrentes.
Aunque Argentina, a nivel nacional no ha tenido problemas importantes en sus elecciones no podemos decir lo mismo a nivel provincial, donde nos encontramos con verdaderos enclaves autoritarios.
Según la metodología de la Organización de Estados Americanos, que tiene más de 200 misiones de observación electoral en todo el continente en más de 50 años, las irregularidades que se pueden dar en una elección son en primer lugar la impericia o negligencia. Es decir, cuando funcionarios electorales, por desconocimiento, se desvían de lo que establece la ley y las normas electorales. En segundo lugar, cuando advertimos acciones deliberadas para alterar los resultados como por ejemplo compra de votos, urnas “embarazadas”, voto múltiple, entre otras. Y, por último, manipulación de las reglas. Lo que equivale a manipulación de los distritos electorales para sobre-representar a una fuerza política (gerrymandering), eliminación de partidos, impedimentos para que ciertos grupos voten, entre otros.
Como vemos, se trata de prácticas que se dan en Argentina, algunas de manera sistemática (gerrymandering o malapportionment) y otras de manera menos evidente, como la intimidación de los votantes o la compra de votos.
Ahora bien, cuando nos referimos a las elecciones nacionales no se dan ninguna de las tres instancias mencionadas por la OEA. Contamos con una autoridad electoral proba como la Cámara Nacional Electoral, que funciona en muchas ocasiones como filtro de malas decisiones de jueces federales que entienden en materia electoral y que por momentos quedan muy asociados a referentes políticos provinciales con poco apego a la integridad electoral. Tampoco se ha advertido que la autoridad electoral argentina haya mostrado intenciones de modificar o manipular un acto electoral, esto ocurre actualmente en otros países de nuestro continente, como es el caso del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, el Tribunal Supremo Electoral de Nicaragua. Y con respecto al tercer punto que hace a la manipulación de reglas, podemos decir que los cambios emprendidos por el gobierno actual han estado apegados a la norma. El gobierno tenía un mandato de cambio conferido en el triunfo electoral del 2015. Llevó adelante una audaz reforma electoral centrada en el instrumento de votación. El proyecto conocido como Boleta Única Electrónica fue aprobada en la Cámara de Diputados. No tuvo la misma suerte en el Senado, ámbito en donde pesa la representación de las provincias cuyos sistemas electorales son verdaderas trampas para la ciudadanía. Ahora el gobierno implementará un cambio en la forma en que se enviará la información que producen las mesas de votación. Este pequeño gran cambio no se implementa de la noche a la mañana, se discutió durante todo el año pasado y los resultados fueron producto de una intensa licitación pública llevada a delante por el Correo Argentino. Ante este cambio se produce otro rechazo de los que se sienten muy a gusto en el esquema anterior, una postura reaccionaria a los cambios tecnológicos y a la innovación. El argumento de este sector político conservador no pasa por cuestiones técnicas, sino que se estructura a partir de la “narrativa del fraude”.
En las próximas elecciones primarias, así como en las generales, se implementará un nuevo sistema de transmisión de datos.
Cuando se cierran las mesas, se emiten tres documentos: el acta de escrutinio, el telegrama y el certificado de escrutinio. Hasta las elecciones de 2017, el telegrama era confeccionado, firmado por las autoridades de mesa y entregado a un empleado del Correo Argentino, que lo introducía en un sobre en el que era trasladado hasta uno de los Centros de Digitalización y Transmisión (CTD) del Correo, donde era escaneado y enviado a una sala de recuento y totalización. El escrutinio provisorio, que no tiene validez legal (el válido es el definitivo, en manos de la justicia), se hace con estos telegramas. De más no está decir que los datos de este modo llegaban tarde y de modo poco homogéneo, los centros urbanos con infraestructura enviaban primero sus datos, en cambio los distritos con menos infraestructura o alejados de las capitales provinciales lo hacían más tarde.
Para las elecciones de este año, el Correo hará el escaneo desde cada escuela, a través de un software (SmartTally) diseñado por Smartmatic. En líneas generales, el proceso es el mismo solo que la transmisión del telegrama se hará directamente desde las escuelas, y no desde los CTD. Esto le dará rapidez y homogeneidad a la carga de datos electorales en los escrutinios provisorios de las primarias y las generales.
Se han hecho varias pruebas y simulacros, siendo el último el pasado sábado 20 de julio. Distintos partidos políticos, así como organizaciones de la sociedad civil y periodistas, participaron y pudieron ver el proceso desde el escaneo del acta hasta la totalización.
La prueba del escrutinio arrancó a las 9 de la mañana y se prolongó hasta las 14 horas. En ese lapso se transmitieron 94.706 telegramas, de los cuales el 73% fue en forma electrónica, desde 9.131 escuelas, y el resto se envió desde 1.106 Sucursales Electorales Digitales del Correo en todo el país. Hubo 700 telegramas que no se pudieron transmitir (menos del 1%), la mayoría de los casos se debió a que los establecimientos escolares estaban cerrados.
Sin embargo, distintos actores políticos, sabiendo que el escrutinio provisorio no tiene validez legal, que el software no puede modificar los datos, que los apoderados de los partidos se quedan con copias de las actas, y que el simulacro salió según lo previsto, agitan el fantasma del fraude.
Resulta preciso dejar en claro que estructuralmente es imposible que se haga un fraude en el escrutinio provisorio, por la sencilla razón de que solo tiene validez informativa, pero no legal. Una situación irregular y sin sentido que quedaría rápidamente expuesta al realizarse el escrutinio definitivo que hace la justicia electoral.
La narrativa de fraude atenta contra la legitimidad de las instituciones democráticas, y pretende generar un caldo de cultivo para poner en duda los resultados electorales. Un acto de irresponsabilidad inmenso, que habla de actores políticos con un ínfimo compromiso con la integridad electoral. Porque una cosa es tener dudas sobre el nuevo sistema a implementar y disiparlas por los canales institucionales y otra cosa muy distinta es hacer de esto un eje de campaña electoral para sembrar dudas sobre los resultados. Los partidos políticos y los candidatos en las democracias avanzadas se concentran en las propuestas de campaña, en tratar de convencer al electorado con propuestas superadoras a las del oficialismo si es que esta fuerza se encuentra en la oposición. En cambio, cuando la campaña electoral se concentra en estas denuncias mediáticas sin sustento el costo democrático para las sociedades es muy grande porque uno espera que los partidos anti sistema, verdaderas expresiones testimoniales, apelen a estas estrategias no los partidos que además de tradicionales presentan algún nivel de competitividad.
Lo cierto es que con este cambio nuestro país acorta la brecha con respecto a la mayoría de los países de la región que han incorporado tecnología en sus procesos electorales, en cambio la polémica adicional mencionada solo podrá inscribirse en otro caso de fake news que en esta oportunidad cuenta con el agravante de ser sostenida por actores políticos que son protagonistas en esta elección.
