Las últimas elecciones norteamericanas dejaron muchos aspectos para el análisis. El federalismo extremo dejó al desnudo algunas falencias en cuanto a gobernanza electoral. Es verdad que el voto por correo ha mostrado todas sus limitaciones y no ha contribuido a generar certidumbre entre los partidos competidores. La arbitraria delimitación de distritos o la ausencia de controles partidarios en la etapa de implementación del proceso electoral deben ser evitadas y mejorada respectivamente. También es cierto que el contexto indica que es necesaria una convergencia partidista cuyo objetivo sea homologar un paquete de condiciones básicas para el funcionamiento de las elecciones en los más de 3 mil condados con los que cuenta el país. Quizá sea hora de reimpulsar la Comisión Federal de Asistencia Electoral con anclaje en el Congreso.

Pero un tema que ha sido característico de este proceso electoral fue el de las denuncias sin sustento y la desinformación.

Terminada la campaña y la elección, ahora es tiempo de asumir las responsabilidades. Dos empresas de tecnología electoral demandaron separadamente a parte del equipo legal del ex presidente norteamericano Donald J. Trump y a varios canales de televisión. Smartmatic demandó por 2.700 millones de dólares mientras que Dominion Voting Systems por 1.300 millones de dólares. Las empresas tomaron estas acciones legales para “defenderse de una campaña de difamación en su contra tras las elecciones presidenciales de 2020”.

Expertos legales aseguran que las empresas de tecnologías de votación tienen un argumento sólido: “las mentiras son explícitas y fáciles de desacreditar”. Habrá que esperar un tiempo para saber el veredicto de las cortes. Sin embargo, estas demandas ya están mostrando resultados. Fox News, principal acusado de las demandas, canceló su programa más visto justamente un día después que Smartmatic introdujera la demanda en la que también se señala al conductor de dicho programa, Lou Dobbs.

Se solía decir que el mejor antídoto para el mal discurso era más discurso. Ante un panorama de medios donde la información errónea fluye por múltiples canales, desde noticias por cable hasta las páginas de Facebook de familiares y amigos, ese antídoto parece no ser muy efectivo.

Para Roberta Kaplan, abogada estadounidense que se enfrenta a Trump, la vía judicial puede que no sea la forma eficiente o productiva de promover estándares periodísticos de calidad o de decir la verdad. Pero explica que el problema es tan grave que prácticamente no hay otra salida.

En un mundo en el que personalidades públicas parecen no sentir en absoluto ningún remordimiento por mentir descaradamente para lograr sus objetivos, las disputas legales quizá empiecen a cobrar fuerza como los nuevos correctivos en la lucha contra la desinformación.

En América Latina se ha jugado por mucho tiempo a desvirtuar la realidad de las elecciones. Podríamos decir, sin exagerar, que los países de la región somos líderes de Fake News en elecciones. Las noticias falsas se utilizan con fines políticos sin importar cuánto daño causen a la democracia. Lo peor de esta realidad es que “cuando la idea del fraude [en los procesos electorales] es incorporada por parte de la opinión pública, es difícil encontrar un antídoto o argumento que pueda convencer a las personas de lo contrario”, tal y como lo explica el titular del prestigioso Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA, Gerardo de Icaza.

La desinformación es un fenómeno complejo que está obligando a las partes más afectadas a replantear el modo en que están acostumbradas a lidiar con el problema. Como director de una organización que lleva años observando procesos electorales en Latinoamérica, y en todo el mundo, entiendo que debemos seguir de cerca estas acciones judiciales que se tomen para responsabilizar a todo aquel que atente contra procesos electorales íntegros, y contra la democracia dado que pueden transformarse en un verdadero leading case. Pasó en Estados Unidos recientemente, pero es algo que ocurre con distintas intensidades en todos los procesos electorales de la región causando efectos nocivos en la institucionalidad democrática.

De ser así, la vía judicial podría convertirse en un canal para evitar futuras crisis políticas en las jóvenes democracias de nuestra región. No es sin duda el camino deseado, pero todo indica que existe la necesidad de sentar un precedente que sirva de freno a esta tendencia que empaña todos los procesos electorales de la región. Quizá sea una oportunidad para que los candidatos y partidos retomen el camino original, el que los obliga a dedicar tiempo y esfuerzo a convencer a los electores para que los voten ofreciendo un verdadero programa de gobierno. Esta es la mejor forma de fortalecer la democracia asumiendo cada quien su cuota de responsabilidad.