La aprobación de la alternancia y paridad en la elaboración de las listas de candidatos y candidatas a cargos de elección popular contribuirá a desinstalar la cultura machista en la política peruana, según una de las conclusiones del taller que organizó la Oficina Nacional de Procesos (ONPE) para analizar la participación política de la mujer.

Margarita Díaz Picasso, abogada y Gerente de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, especialista en temas de género e inclusión ciudadana, detalló que en el Perú las mujeres están subrepresentadas.
Mencionó que en el penúltimo gabinete ministerial de 19 ministros solo cinco eran mujeres, en el Congreso de la República solo 27% son mujeres y según las cifras de las últimas elecciones regionales y municipales no existe ninguna mujer gobernadora.
Advirtió, asimismo, que para las alcaldías distritales solo hubo 947 candidatas mujeres contra 10,524 candidatos hombres, mientras que para las alcaldías provinciales solo hubo 181 mujeres versus 1,815 hombres.
Para Díaz, lo que se necesita es dar paso a las propuestas de alternancia y paridad en las listas de candidatos, pero además,  que las organizaciones políticas promuevan la participación política de las mujeres, a nivel de sus mecanismos internos de toma de decisiones.
A su vez, Rosario Gamarra Hurtado, Supervisora de las Oficinas Regionales de la Gerencia de Organización y Coordinación Regional de la ONPE, especialista en temas de género y poblaciones vulnerables, expuso que el organismo electoral desde el 2002 promovió con éxito proyectos de  promoción de la participación política de las mujeres rurales, andinas, amazónicas y de sectores urbanos, mucho antes de la dación de las Ley de Oportunidades (2007).
Manifestó que en cumplimiento de esta norma, a nivel institucional se cuenta con lineamientos técnicos para la transversalización del  enfoque de género en las políticas y gestión de la ONPE.
Por su parte Enith Pinedo Bravo, Abogada con doctorado en Derecho por la Universidad de Salamanca, ex coordinadora del Programa para la Igualdad Política del JNE, dijo que el acoso político es una forma de discriminación que se traduce en actos, conductas u omisiones que afectan los derechos políticos de las mujeres por el hecho de serlo.
Pinedo refirió que este acoso se ha detectado en regidoras  distritales, quienes formando parte del Consejo son excluidas en la toma de decisiones, relegándolas a cumplir actividades domésticas, con el argumento que solo ese es el espacio que les corresponde a las mujeres.