La migración es un factor cada vez más común en América Latina. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), unos 17,6 millones de latinoamericanos (aproximadamente la población total de Ecuador) viven fuera de sus países de nacimiento. Algunos cuentan con una larga tradición migrante, como Ecuador, Colombia, Cuba, Perú o República Dominicana, y otros con flujos más recientes, como el éxodo masivo de venezolanos a raíz de una crisis humanitaria. Se calcula que más de 6 millones de venezolanos han abandonado su país debido a la crisis.
Mientras las personas migrantes contribuyen con el desarrollo de sus países de origen, a través del envío de remesas, la transferencia de conocimientos y la promoción del emprendimiento. En muchos casos también son víctimas de la pérdida de sus derechos políticos.
Distintos instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o la Carta Democrática Interamericana, garantizan el derecho de las personas a participar en los asuntos políticos de sus países a través del sufragio: el derecho a elegir y a ser electos. Sin embargo, una gran parte de las personas migrantes pierden este derecho cuando abandonan sus países de origen.
Si bien al menos 121 países del mundo garantizan el voto de personas en el exterior (16 en América Latina), en muchos casos esta prerrogativa no se puede poner en práctica por distintas razones.
La primera barrera es la legal, es decir, si se garantiza o no el voto de las personas nacidas en el país cuando residen en otra jurisdicción. En caso de que sí se garantice, se tiene que analizar qué condiciones se imponen a las personas migrantes para hacer uso de este derecho. Por ejemplo, en algunos casos se exige que estén regularizadas en el país receptor, lo que puede ser un impedimento para quienes migran por razones de emergencia humanitaria.
Además de estas barreras legales, están las barreras materiales: Algunos países garantizan el voto de los migrantes, pero estos deben trasladarse a los consulados, que normalmente están situados en las capitales, de manera que una gran cantidad de personas, si bien legalmente están habilitadas para votar desde el exterior, materialmente no pueden.
Si el derecho no viene acompañado de medidas que permitan ejercerlo, como facilitar el sufragio a través de modalidades como el voto postal o el voto electrónico no presencial, la legislación queda en letra muerta.
Es por ello que consideramos oportuno revisar algunas experiencias de incorporación de tecnología en la emisión del voto para facilitar la participación de las personas migrantes en los asuntos políticos de sus países de origen.
Quizá el caso más emblemático de voto electrónico sea el de Estonia. Desde 2005 el electorado puede emitir su voto en línea. En aquella ocasión, solo el 2% de los votantes eligieron esta modalidad, que ha aumentado de manera exponencial hasta alcanzar el 47% en las elecciones locales de 2021. Alrededor del 5% de los votos de los últimos procesos electorales se han emitido en línea desde el exterior, constituyendo una herramienta fundamental para el ejercicio de los derechos políticos de las personas que se encuentran fuera del país.
Esta solución tecnológica no solo ha incrementado la participación ciudadana, sino que de acuerdo con un estudio de la Universidad Tecnológica de Tallin (Estonia), un voto por internet puede costar 10 veces menos que un voto emitido por adelantado en un centro de votación.
En nuestra región tenemos algunos casos de voto en línea desde el exterior. Panamá aprobó en 2019 la implementación del voto adelantado por internet a todos sus ciudadanos en el extranjero, lo que impactó positivamente la participación, que se incrementó en un 52 % con respecto a las elecciones anteriores.
En 2021 México también aprobó la modalidad de voto telemático, permitiendo a sus ciudadanos en el extranjero emitir su voluntad a través de Internet. En aquella ocasión se empadronaron para votar desde el exterior 32.303 personas, de las cuales 21.585 (66.82%.) emitieron su voto por internet.
Por su parte, países como Ecuador y El Salvador avanzan en la implementación del voto por internet para garantizar los derechos políticos de sus diásporas.
La Comisión de Reformas Electorales de la Cámara de Diputados de El Salvador aprobó un anteproyecto de “Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero” que permitiría a los salvadoreños en el exterior ejercer su derecho al sufragio remoto a través de Internet en 2024.
En el caso de Ecuador, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha habilitado “la votación telemática” a través de “cualquier dispositivo móvil o equipo informático conectado a Internet”. Este sistema contaría con un autentificador de identidad, que permitiría al elector emitir su voto manteniendo al mismo tiempo el secreto de su expresión.
Los movimientos migratorios lejos de atenuarse parecen profundizarse. Ya no se trata solo de las crisis económicas y sociales que históricamente han impulsado a las personas a buscar oportunidades en otros lugares, sino que la pandemia ha consolidado un modelo de trabajo remoto para un gran número de actividades económicas, promoviendo fenómenos como los “nómadas digitales”, quienes se ven seducidos por las facilidades legales que ofrecen algunos países para recibirlos y de esa manera dinamizar sus economías.
Por lo tanto, es fundamental que tanto los organismos electorales como los congresos empiecen a trabajar en modalidades que no solo garanticen legalmente el ejercicio de los derechos políticos de la diáspora, sino que también tomen medidas concretas para que puedan efectivamente ejercerlos.