A pesar del fracaso de las elecciones de 2016, en el que el gobierno de la República Dominicana invirtió 40 millones de dólares en un sistema mal diseñado que no cumplió con los requerimientos mínimos establecidos; la Junta Central Electoral (JCE) no termina de aprender de sus propias experiencias. El próximo 6 de octubre la JCE implementará un modelo de sufragio totalmente automatizado, donde el software dispuesto para tal fin ha sido desarrollado por el propio organismo; sin haber realizado todas las auditorias necesarias o ser probado en procesos anteriores.
Con respecto al hardware a utilizar, el pasado viernes la JCE realizó el acto de recepción de propuestas, bajo una “licitación de urgencia”. El aspecto más inquietante es que los equipos que requieren son equipos comerciales, que no cuentan con las especificaciones de seguridad necesarias que un proceso electoral requiere; por lo que se pueden realizar ataques remotos de seguridad a través de emisiones eléctricas, para llegar a espiar la información que se maneja y vulnerar así el secreto del voto o comprometer los resultados. Y es simple: los equipos comerciales no poseen componentes de protección, dado que su funcionamiento e intensión de uso no es de misión crítica como el manejo de votos en un proceso electoral.
Adicionalmente, otros temas operativos pueden surgir en el uso de equipos comerciales y no integrados. Durante el uso en el día de la elección, el tener varios equipos individuales conectados entre sí, agrega un riesgo operativo y logístico al dejar más expuestos los cables de conexión al público, pudiendo comprometer el funcionamiento del sistema entero al desconectar, ya sea de forma accidental o intencional, uno o varios de los equipos. En un equipo de votación diseñado exclusivamente para uso electoral, al tener los componentes embebidos, se limita el acceso del usuario a estas conexiones internas; y también se facilita la labor del trabajador electoral quien requerirá una mínima capacitación.
Por otro lado, un informe de la Comisión de Asistencia Electoral de los EE. UU, afirma que los sistemas electorales que incluyen uso de equipos comerciales implican más de una configuración, y requieren constantes actualizaciones de sus fabricantes. Sin una debida planificación, estas situaciones limitan las opciones de administración, y los organismos electorales se ven forzados a sustituir algunos componentes por soluciones más costosas, que en principio parecían ser una opción económica.
Algunos observan el proceso con preocupación, por considerar que el organismo no está contemplando todos los aspectos fundamentales que un proyecto de esta magnitud requiere para ser exitoso. El pasado mes de enero tres suplentes de la Junta Central Electoral mostraron sus inquietudes, incluso indicaron que ellos mismos, siendo autoridades suplentes, no poseen los detalles acerca del desarrollo del software; y que se trata de información muy sensible que implica conocimiento de la sociedad, para generar confianza plena en los ciudadanos.
Los partidos políticos que se han acogido a la metodología de la JCE y a la votación automatizada para el desarrollo de estas elecciones internas del próximo mes de octubre, han exigido a las autoridades la realización de auditorías al software, para comprobar el correcto funcionamiento de la solución propuesta por el organismo. Para esto, la JCE se ha comprometido en que el software será revisado por una firma auditora externa o por un organismo de credibilidad nacional o internacional.
Cabe destacar que en los países en los que el voto o el conteo son 100% automatizados, como Brasil, India o Filipinas, se realizan una serie de auditorías y simulacros antes, durante y después de cada elección. Incluso, en países como Argentina o México donde se ofrece un escrutinio provisional con el uso de tecnología, se realizan simulacros y pruebas técnicas antes de cada elección. Esto no solo genera confianza en los electores, sino que también les permite a las autoridades prever posibles inconvenientes, y demostrar ante todas las partes interesadas la robustez y seguridad del sistema. En todos estos casos, se cuenta con un calendario de auditorías y simulacros previos a la elección.
Recordemos que en los comicios de 2016, según el monitoreo de la organización Participación Ciudadana, en el 30.7% de los colegios se registraron problemas en el escaneo de las boletas y en el 30.9% en la transmisión de la votación. Se justificó la automatización de la transmisión argumentando, entre otras razones, la rapidez en la difusión de los resultados, pero a las 10:00 pm del día de la elección, a cuatro horas de haber cerrado las mesas, solo se había transmitido el 19% de las actas. Incluso a la media noche, la cifra llegaba a tan solo 27%, lo que obligó a acudir al conteo manual.
Si bien es cierto que el uso de tecnología puede mejorar todas las fases de un proceso electoral; cuando esta no está bien diseñada o no es exclusiva de uso electoral, implica riesgos innecesarios que atentan contra la democracia de los países, debido a que elementos clave como: confiabilidad, seguridad y eficiencia se ven disminuidos.
