Uno de los principales retos para que unas elecciones se consideren democráticas, es que existan organismos electorales profesionales, que actúen con independencia y se ganen la confianza de la población y de las partes involucradas en los procesos electorales.

Según el informe de 2012 de la Comisión Global sobre Elecciones, Democracia y Seguridad, “para que las elecciones tengan integridad se deben celebrar de manera competente, profesional y apartidista, y así deben percibirlas los votantes. Las instituciones clave para promover y proteger las elecciones con integridad son los organismos electorales, que deben ser profesionales e independientes, llevar a cabo procesos transparentes, y ser responsables de garantizar que las elecciones sean creíbles desde un punto de vista técnico y que la ciudadanía las perciba como un proceso libre, justo y creíble.”

Esto viene al caso por la grave crisis institucional que atraviesa el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, a partir del desconocimiento de Evo Morales del resultado del referéndum que en 2016 le quitó la posibilidad de reformar la Constitución para reelegirse.

No solo la autoridad electoral está cuestionada. El Tribunal Constitucional fue el que, amparándose en el “derecho humano a la reelección”; declaró inconstitucionales las limitantes que la Carta Magna establecía a los mandatos presidenciales.

Después de este lamentable fallo, los bolivianos fueron convocados a las elecciones judiciales de 2017. La oposición llamó a protestar por la decisión del TC votando en blanco y nulo en estos comicios. La respuesta fue contundente: más del 65% de los votos para elegir a 52 magistrados del Poder Judicial estaban en blanco o anulados.

En el 2018 la presión nacional e internacional se acrecentaría, y dos importantes autoridades del Tribunal Supremo Electoral renunciarían a sus cargos. Se trata de Katia Uriona, quien era presidenta del órgano electoral. En su carta de renuncia, señaló que el TSE “ha llegado a una situación de estancamiento en la toma de decisiones referida a temas fundamentales para el resguardo de la institucionalidad y los principios y valores comprometidos por mi persona”. Antes de Uriona, el Vocal José Luis Exeni había renunciado a su cargo alegando problemas de salud.

Las salidas de ambos coincidían con la arremetida judicial y política de Evo y Linera para una nueva postulación presidencial. Tanto Uriona como Exeni dejaron sus cargos antes de que se oficializara la participación del binomio en las primarias.

La presidencial del TSE fue asumida por María Eugenia Choque, y vino acompañada de un nuevo escándalo previo a la celebración de las primarias. Diversas fuentes, entre ellas el portal Eju, denunciaron que la nueva administración ha despedido o desvinculado a más de 30 funcionarios de 4 áreas sensibles: Tecnologías de Informaciones y Comunicaciones (TICs), la Dirección Nacional Administrativa (DNA), el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) y la Unidad de Comunicación.

Algunos de los despedidos habían brindado sus servicios al órgano electoral por más de 20 años.

El despido de personal sensible a menos de un mes de las elecciones primarias, ponen en amenaza la ya debilitada institucionalidad del órgano comicial.

Estos despidos se han hecho en la ausencia del vicepresidente del TSE, Antonio Costas, quien aseguró que «no hay fundamentación para esos despidos”. Agregó que “hay cosas que si a ustedes les llaman la atención, a mí también».

Costas se mostró preocupado por las acciones que se han tomado en su ausencia: “se puede generar una situación de desconfianza marcada. La base de datos es el núcleo de información, por ahí pasa la conformación del padrón electoral y seguridad y redes, por ahí pasa toda la información”.

El vicepresidente del TSE no es el único preocupado. Wilson Santamaría, de Unidad Demócrata, aseguró que «puede haber un fraude (…) porque al contratar a gente que tiene acceso a la base de datos, el padrón es sujeto de manipulación cuando no es gente idónea y cuando responde a una persona y no a una institucionalidad».

Tanto los partidos políticos como algunos funcionarios del TSE han expresado su preocupación.

Estas acciones lesionan la credibilidad que pueden tener los actores políticos y el electorado en el órgano electoral. Y si a esto le sumamos la renuncia de las autoridades anteriores, el desconocimiento de los resultados del referéndum en el que los bolivianos le negaron la posibilidad de Evo Morales de volver a ser candidato presidencial, y la servil interpretación del Tribunal Constitucional que permitió la postulación; estamos sin dudas frente a un contexto institucional cooptado por el Ejecutivo, donde no existe la independencia de los poderes o un sistema de pesos y contrapesos que asegure los principios fundamentales republicanos.

El TSE le ha allanado el camino a Morales para que participe en las primarias y posteriormente en las generales, en detrimento de la credibilidad y la confianza que le restaba, y contrario a lo que establecen los estándares internacionales de profesionalización, se ha mostrado servicial al oficialismo, opaco y arbitrario.

¿Ha empezado el TSE, con la nueva dirección de María Eugenia Choque, un retroceso democrático sin retorno? ¿Se convertirá en la nueva Tibisay Lucena? Recordemos que la Rectora del CNE de Venezuela ha tenido un rol fundamental para que Nicolás Maduro, con índices de rechazo de más del 80% y repudio de la comunidad internacional, se mantenga en el poder.

Lucena empezó su lamentable trayecto sin retorno hace muchos años, hasta llegar al punto de fraguar al menos dos fraudes ampliamente documentados (los resultados de la ANC y los de las elecciones regionales en 2017).

Hoy Bolivia se encuentra en una peligrosa encrucijada y María Eugenia Choque tiene dos opciones: promover cambios para el fortalecimiento institucional del TSE, que refuercen la confianza del electorado y los partidos políticos para que los próximos resultados electorales gocen de legitimidad, o continuar con el desmembramiento de este órgano para serle funcional a las aspiraciones reeleccionistas de Evo Morales.