El COVID-19 llegó a Venezuela en medio de una crisis política que se intentaba aliviar de alguna manera con la renovación del Poder Electoral para celebrar comicios libres en diciembre de 2020. De acuerdo con la Constitución, corresponden elecciones parlamentarias; sin embargo, la oposición ha insistido en realizar unas presidenciales debido a que el proceso de mayo de 2018 careció de garantías electorales.

La Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación y el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) aseguran que en Venezuela hay varios obstáculos que superar antes de celebrar un proceso electoral para esa fecha. Entre los impedimentos están algunos problemas tecnológicos, condiciones y falta de acuerdos entre los factores políticos, sin dejar a un lado los efectos de la pandemia. Este panorama les permite inferir a las mencionadas organizaciones que las parlamentarias en diciembre de este año lucen poco viables. No obstante, el coordinador de la red, José Domingo Mujica, señala que hay que encontrar una manera de cumplir con este mandato constitucional.

A finales de octubre del año pasado, la Asamblea Nacional dio el primer paso para nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Hasta marzo, cuando empezó la cuarentena, solo se había avanzado en 7 pasos de los 18 que establece la Ley Orgánica del Poder Electoral (Lope). El retraso responde a la falta de acuerdos entre el chavismo y la oposición.

Pese a que la Constitución y la normativa electoral no establecen con cuánto tiempo de anticipación se debe convocar un proceso electoral, las organizaciones expertas en la materia señalan que se organiza con al menos 6 meses de antelación. Si se parte de esta premisa, se debería llamar a elecciones en el mes de julio, en menos de 60 días, pero para materializar el nombramiento del nuevo CNE se requieren 75 días, es decir, cumplir los 11 pasos que restan.

Sobre este último aspecto, el director del OEV, Ignacio Ávalos, resalta que también deben resolverse las intervenciones ilegales del Tribunal Supremo de Justicia y de la Asamblea Nacional Constituyente en asuntos electorales.

Extraído de El Pitazo