El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Márquez, también rechazó las inhabilitaciones contra dirigentes que aspiran a medirse en las megaelecciones del 21 de noviembre.

Como lo hizo el rector principal Roberto Picón, Márquez se expresó en su cuenta Twitter para condenar las medidas contra algunos políticos, entre quienes están Daniel Ceballos en Táchira, y Leocenis García y Eduardo Samán en Caracas.

“El uso discrecional de la sanción accesoria de inhabilitación para ejercicio de cargos públicos, quebranta derechos políticos de los ciudadanos”, escribió el rector al suscribir el comunicado que el pasado 13 de septiembre publicó Picón.

Agregó que en los casos de García y Samán la inhabilitación se aplicó a última hora, lo que a su juicio es “inaceptable por inconstitucional” la medida contra estos dos dirigentes. El primero del partido Prociudadanos y que tenía el apoyo de la llamada Alianza Democrática para optar como candidato a alcalde de Caracas, mientras que a Samán lo postuló por la Alternativa Popular Revolucionaria, de la disidencia del chavismo.

“La Constitución es clara sobre condiciones que limitan el ejercicio de derechos políticos (en este caso, derecho a votar y ser votado a cargos de elección popular): sólo serán suspendidos tras ‘sentencia judicial firme en los casos que determine la ley’”, aseguró Márquez.

Otros que sí pudieron

A pesar de estas inhabilitaciones, otros aspirantes como los de la plataforma unitaria de la oposición venezolana han podido presentar sus nombres. Entre ellos está el exalcalde del municipio San Diego del estado Carabobo, Enzo Scarano, quien aspira a la gobernación de esa entidad y Tomás Guanipa que fue inscrito como candidato a la Alcaldía de Caracas.

Están además los casos de José Olivares en Vargas y Américo De Grazia en Bolívar, quienes a pesar de tener inhabilitaciones previas sí pudieron inscribirse como candidatos en sus respectivas regiones.

Menoscabo de derechos

Para el vicepresidente del CNE este tipo de inhabilitaciones a destiempo deben cumplir el debido proceso.

“La exigencia de sentencia definitiva implica el derecho al debido proceso, esto es, derecho a la defensa tanto en actuaciones judiciales como administrativas. En ese sentido, todos los ciudadanos tienen derecho a ser notificados oportunamente acerca de esos procedimientos”, aclaró.

El politólogo Jesús Vásquez rechaza este tipo de medidas también por que son a discreción de la Contraloría General de la República.

“Esa potestad asumida por el Contralor General de la República en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, ha significado el menoscabo de los derechos políticos no solo de sectores tradicionales de la oposición sino también de la disidencia del chavismo”, dijo en entrevista con Efecto Cocuyo.

 

Nota extraída de: Efecto Cocuyo

Vicepresidente del CNE: Inhabilitaciones quebrantan derechos políticos