Una pandemia de graves consecuencias azota actualmente a nuestro planeta. Las cifras son contundentes: al momento de escribir estas líneas (18 de marzo de 2020), hay evidencia de que al menos 200 mil personas se han contagiado, y lamentablemente más de 8 mil han fallecido debido al COVID-19.

Esto ha supuesto un gran desafío para los tomadores de decisiones, en materia de salud, seguridad, economía, logística, entre otros temas que se ven sensiblemente afectados.

La materia electoral no queda exenta. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció de manera oficial que el COVID-19 pasaba a ser catalogado como pandemia. Desde ese momento, si bien se han desarrollado varias elecciones; han sido suspendidas las primarias de Ohio (Estados Unidos), las regionales en España y las municipales en Inglaterra, y se discute posponer el plebiscito de Chile del 27 de abril, las departamentales de Uruguay del 10 de mayo, entre otros comicios.

En aras de evitar la propagación del virus, la OMS y otras organizaciones de salud recomiendan evitar las conglomeraciones. De hecho, algunas localidades en Asia, Europa y América latina, están confinadas y los ciudadanos están obligados a mantenerse en sus domicilios, so pena de multa económica e incluso prisión.

Ahora bien, esta situación plantea diversos desafíos para la administración electoral en particular, y a los actores políticos en general: ¿cómo promover la participación electoral al tiempo que se respetan las medidas para “aplanar la curva” de crecimiento de contagios del COVID-19?

Podemos encontrar varias experiencias de emisión del voto de manera remota, que si bien no se han aplicado a gran escala, han sido exitosos, garantizando la transparencia y la integridad del proceso.

En primer lugar podemos ver el caso de Estonia. Un pequeño país con 1,4 millones de habitantes, que desde el 2003 empezó con una política de digitalizar todos los trámites burocráticos, lo que le permitió tener leyes y normativas que contemplaran la incorporación de tecnología.

En las últimas elecciones de 2019, el 44% del electorado votó vía internet, a través de su pc o teléfono celular, desde 145 países.

En cuanto a la brecha digital, y contrario a la creencia de que las personas mayores tienen dificultades para manejar las soluciones tecnológicas, la opción de i-voting en Estonia ha crecido particularmente entre la población mayor de 65 años. En 2005, 208 electores mayores de 75 años utilizaron esta modalidad. En 2017, la cifra de participación de este grupo etario aumentó a 8.404, es decir, 40 veces más que en 2005.

En México también se ha avanzado en este sentido. De hecho, el Instituto Nacional Electoral viene desarrollando un sistema de voto electrónico por internet, para que los ciudadanos residentes en el extranjero empadronados en Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas; puedan votar por su gobernador en las elecciones regionales de 2021.

Por su parte, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, dispuso para la elecciones de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) y de Presupuesto Participativo del pasado 15 de marzo, una modalidad llamada “Sistema Electrónico por Internet”, que permitía a los empadronados emitir su voto a través de una app desde sus teléfonos.

Avanzar con elecciones tradiciones en esta coyuntura, sobre todo en países con una débil institucionalidad, amenaza la legitimidad de los resultados, en tanto algunos grupos evitarán asistir a los centros de votación (grupos más vulnerables de la población, así como personal sanitario y de seguridad), o incluso otros estarán totalmente impedidos de participar, debido a que residen en países en los que hay confinamiento, o estarán en otro país y por las restricciones en los viajes no podrán regresar a sus residencias. A esto hay que agregarle el riesgo al que se someten los que finalmente accedan a asistir a los centros de votación.

Por otro lado, suspender las elecciones, sobre todo en países que no cuentan con un marco legal que prevea este tipo de situaciones y no permita aplicar clausulas apropiadas, puede erosionar el tejido democrático y poner en tela de juicio la legitimidad de los gobernantes.

Una pandemia que nos pone ante estos desafíos puede ser la oportunidad para que los tomadores de decisiones avancen de manera conjunta en una legislación más flexible que prevea la incorporación de sistemas de votación remotos vía internet, de manera que se garanticen los derechos políticos de elegir y ser electo en situaciones extraordinarias.