El Consejo Administrativo de Defensa Económica acusa a Datafolha, Ipec e Ipespe de comportarse como «un cártel» para beneficiar en los sondeos al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El gobierno de Brasil anunció que abrirá una investigación en torno a las actividades de tres empresas demoscópicas —Datafolha, Ipec e Ipespe—debido a sospechas surgidas en sus encuestas de cara a la primera vuelta de las elecciones en el país.

La investigación estará a cargo del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) y afectará a las empresas sobre las que se presume que pudieron haberse comportado como «un cártel» en sus sondeos para las elecciones presidenciales, legislativas y regionales del pasado día 2 de octubre.

En las presidenciales, se impuso el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato de un frente progresista que obtuvo el 48.4 por ciento de los votos y disputará una segunda vuelta el próximo día 30 contra el mandatario Jair Bolsonaro, que logró el 43.2 por ciento.

Las tres empresas demoscópicas citadas por el Cade vaticinaron antes de la primera vuelta que Lula tendría cerca del 50 por ciento, como efectivamente ocurrió, pero a Bolsonaro le atribuyeron una votación entre 10 y 14 puntos menor de la que finalmente obtuvo.

El propio líder de la ultraderecha declaró tras la primera vuelta que esas encuestas pudieron haber sido manipuladas para intentar beneficiar a Lula, quien ha liderado todos los sondeos durante el último año con tasas superiores al 40 por ciento.

Dos días después de la primera vuelta, el ministro de Justicia, Anderson Torres, ya había anunciado que la Policía Federal abriría una investigación sobre las empresas demoscópicas, por sospechas similares a las que ahora ha manifestado el Cade, que está vinculado a ese mismo despacho.

En la misma línea, el diputado Eduardo Bolsonaro, uno de los tres hijos del gobernante que actúa en política, ha anunciado que pedirá a la Cámara Baja que se instale una comisión especial con el mismo objetivo de investigar a las empresas encuestadoras.

El jefe del grupo oficialista en la Cámara de Diputados, Ricardo Barros, agregó por su parte que preparará un proyecto de ley que establezca sanciones pecuniarias y penales para las empresas cuyas encuestas se equivoquen más allá del margen de error que ellas mismas prevén en sus estudios.

Nota extraída de Milenio.com