A partir de las elecciones del pasado 26 de noviembre de 2017 se desató una crisis política e institucional en Honduras. Un resultado sumamente ajustado y acusaciones de fraude por parte del candidato de la oposición, Salvador Nasrralla, en contra del reelecto Juan Orlando Hernández, caldearon los ánimos del país centroamericano y aumentaron notablemente la conflictividad.

A partir de este episodio, las autoridades parlamentarias comenzaron a diseñar propuestas para un diálogo entre oficialismo y oposición que generara gobernabilidad.

En septiembre de 2018, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, se puso a disposición del Parlamento hondureño para colaborar en la discusión sobre una reforma electoral integral, que evitara episodios como el que desencadenó la crisis.

Esto después de que Mauricio Oliva, Presidente del órgano legislativo, le solicitara formalmente apoyo técnico.

A tales efectos, Almagro anunció que «la Secretaría General de la OEA, con el apoyo de expertos en la materia, conformará un ‘Grupo de trabajo para el análisis y redacción de una propuesta de reforma electoral”, a través del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia.

Este grupo analizó el marco legal hondureño, así como los resultados de la Misión de Observación Electoral desplegada por la OEA en los comicios de 2017, para elaborar una serie de propuestas en materia electoral.

Después de hacer un profundo análisis, el 12 diciembre de 2018 el equipo de la OEA entregó la propuesta de Reforma. En palabras de Francisco Guerrero, Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, la misma buscaba «recuperar la confianza en el modelo electoral y enfrentar los ejercicios electorales de los próximos años en Honduras».

Si bien se trata de una amplia reforma, sobresalen en especial la disolución del Tribunal Supremo Electoral, que concentraba las competencias administrativas y jurisdiccionales; y la creación de dos entes independientes, a decir, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, para que asuman estas facultades.

Después de que el Congreso de Honduras discutiera las propuestas, el pasado 25 de enero, con 112 votos a favor, 16 en contra y una abstención, se aprobó la reforma electoral.

Los principales cambios fueron:

  • El Registro Nacional de las Personas (RNP) será el encargado de la depuración de los ciudadanos que hayan obtenido dicho Documento de Identificación, así como de las defunciones ocurridas e inscritas en sus registros, para la elaboración del Censo Nacional Electoral.

Será administrado por una Comisión Permanente, que estará integrada por tres Comisionados propietarios y dos suplentes, y ejercerán sus cargos por un período de cinco (5) años, pudiendo ser reelectos.

  • Creación del Consejo Nacional Electoral, al que le corresponden los actos y procedimientos administrativos, técnicos y de logística
  • Creación del Tribunal de Justicia Electoral, al que le corresponden los actos y procedimientos jurisdiccionales en materia electoral.

Almagro consideró, en un comunicado publicado el pasado 25 de enero, que la aprobación de la reforma es un primer paso “para la consecución de elecciones libres, justas y transparentes”; y valoró positivamente que el grupo de apoyo de la OEA “presentó una propuesta plural y técnica, que consideró instrumentos internacionales, experiencias comparadas, buenas prácticas y los aportes recibidos de las reuniones sostenidas con todos los partidos políticos con representación en el Congreso, con autoridades electorales, con organismos de sociedad civil, académicos y otros actores políticos.”

Recordemos que Honduras tiene una breve y débil historia democrática, interrumpida por distintos episodios violentos que han deteriorado profundamente la institucionalidad.

Según el índice de democracia de The Economist 2018, se trata de un régimen híbrido, y en el ranking de los 24 países de la región que son medidos, solo se encuentra por encima de los países autoritarios (Cuba, Venezuela y Nicaragua), y en la misma categoría que Guatemala, Bolivia y Haití.

Es por ello que es rescatable el esfuerzo que ha promovido el Congreso para generar consensos amplios en materia electoral que coadyuven a un proceso lento pero sostenido de fortalecimiento de la democracia.

Sin duda alguna, las propuestas del equipo técnico de la Organización de Estados Americanos podrán convertirse en la piedra angular de este cambio, siempre y cuando los actores políticos internos le den la prioridad a los consensos y no a las diferencias.