El Gobierno transitorio que lidera Jeanine Áñez Chávez tiene dos objetivos fundamentales: la recomposición del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la convocatoria a elecciones generales. Sin embargo, estas tareas se complican porque se requiere modificar al menos tres leyes nacionales para viabilizar el proceso electoral y la designación de nuevos vocales, procedimientos que necesitan de un pacto político cuya llave está en manos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Las normas que deberán sufrir modificaciones son: la Ley 026 de Régimen Electoral, la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) y la Ley Financial 2019.

Según el abogado constitucionalista y exmagistrado José Antonio Rivera, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) deberá reunirse para declarar la nulidad de las elecciones, en base a los múltiples informes que muestran el fraude electoral en los comidios del pasado 20 de octubre.

Una vez que se consolide este paso, la ALP deberá cumplir tres tareas: primero, designar en un proceso rápido pero exigente a los nuevos miembros del TSE, que deberán ser probos y meritorios. Este procedimiento, según la Ley 018, dura un máximo de 45 días, pero, vía acuerdo político, podría completarse en un mes. La norma dice que seis vocales son elegidos por la ALP y uno por el Presidente.

Como segundo elemento, la ALP deberá modificar la Ley 026 de Régimen Electoral, específicamente en el artículo 94, parágrafo I, que señala que las elecciones se deben hacer con una anticipación mínima de 120 días. Se podría reducir este plazo según las necesidades.

Tercero, la ALP deberá abrogar en la LOP el artículo 29, en sus incisos I y II, que disponen la realización de las elecciones primarias 120 días antes de la emisión de la convocatoria a elecciones presidenciales. La abrogación de este artículo evitaría que se desarrollen las elecciones primarias por esta ocasión, lo que significa que se podrían realizar los comicios en el plazo que señala la Ley 026, tomando en cuenta que éste podría también modificarse. Si se cumplen estos pasos, las elecciones podrían realizarse en marzo o abril.

Pero no es la única dificultad. Para la realización de las elecciones generales se necesitará presupuesto, por lo que la ALP deberá modificar la Ley Financial y el presupuesto del Estado, para dotar de recursos al TSE que le permitan llevar a cabo las elecciones.

El fallido proceso electoral del 20 de octubre le costó al Estado 217 millones de bolivianos.

Pero los problemas no terminan ahí. Estas modificaciones deberán cumplirse hasta antes del 21 de enero de 2020, puesto que en esa fecha culmina el mandato interino de Áñez. Luego, todos los actores políticos deberán consensuar un presidente interino que complete y garantice la realización de los comicios generales.

Para Rivera, la llave de estos acuerdos la tiene el MAS, pues con sus dos tercios de legisladores, tanto en Senadores como en Diputados, definirá la viabilidad de los acuerdos políticos y legislativos.

“Se tendrá que encontrar una salida sobre la base de un acuerdo político. Ellos (el MAS) son los actores principales en este momento y eso exige de una conducta patriótica y acorde con la demanda ciudadana. No sé si habrá esa voluntad, a veces hay intereses mezquinos. Ojalá nos pongamos de acuerdo y paremos esta ola violenta”, dijo el experto.

Extraído de Los Tiempos