Las Elecciones Generales del 22 de octubre en Argentina se desarrollaron con relativa normalidad y civilidad. Sin embargo, el proceso se dio en un contexto de “cancha inclinada”, es decir, de uso de los recursos del Estado a favor de la candidatura oficial y en detrimento del resto de candidaturas, lo que afectó y sigue afectando la competitividad de los comicios.

El análisis de la integridad electoral se ha reducido a la jornada electoral, y desde Transparencia Electoral consideramos fundamental que se contextualice el proceso para entender de qué manera los resultados se han visto condicionados.

En este dossier especial, Transparencia Electoral, con la colaboración de Libertad y Progreso, señala todas esas cuestiones que van más allá de la jornada electoral y que sin lugar a dudas determinan el resultado de las elecciones.

Extralimitaciones en el rol institucional del candidato

El candidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa, no sólo no se apartó de sus funciones gubernamentales como Ministro de Economía, sino que concentró en su figura atribuciones que corresponden a otras áreas, situación por la que los medios argentinos lo han denominado superministro.

Bajo esa figura, Massa ha realizado anuncios o tomado decisiones que corresponden a otros organismos, a empresas públicas autárquicas o incluso a entidades no gubernamentales.

Uso discrecional de fondos públicos

Desde el Ministerio de Economía, el candidato presidencial puso en marcha un paquete de medidas que los medios denominaron “plan platita“, que consiste en diversas políticas de alivio monetario y fiscal dirigidas a sectores que conforman el núcleo electoral del oficialismo. Desde rebajas o devoluciones en impuestos hasta el congelamiento de ciertos precios.

El carácter extraordinario, temporal y no-remunerativo de estas medidas sirvió para que sean percibidas como mercedes del gobierno de turno, condicionadas sobre su continuidad.

En un apartado especial de este reporte, Libertad y Progreso enumera, describe y cuantifica el costo que estas medidas tienen para la Argentina, pero también dan una idea de los condicionamientos al electorado. 2,1 billones de pesos costará al Estado argentino todas las medidas destinadas a aliviar el bolsillo de los ciudadanos, todas anunciadas durante el ciclo electoral.

Desinformación y propaganda

Una parte esencial de la campaña del gobierno consistió en utilizar la credibilidad inherente a las instituciones públicas para promover mensajes partidarios, o para amplificar la narrativa oficial. El relato prevalente ha sido la llamada “campaña del miedo“, por la cual se buscó instalar a los candidatos opositores como fundamentalmente insensibles o inhumanos, y plantear sus propuestas o su propio carácter como amenazas antidemocráticas o antipatrióticas, augurando que su victoria electoral traería “disolución nacional y sufrimiento extremo”. Se dieron especulaciones maximalistas del mismo tipo, acerca del eventual costo de los servicios si se producía un triunfo opositor, en otras instituciones públicas, como escuelas, hospitales y universidades.

La posición oficialista fue replicada por los medios públicos, que realizaron un reportaje sesgado en contra de la oposición, como indicara anteriormente Transparencia Electoral. Le dedicaron, de manera combinada, mayor tiempo en pantalla que al oficialismo, pero su cobertura fue mayoritariamente negativa, en tanto la del oficialismo fue abrumadoramente positiva.

Tácticas extorsivas y clima de violencia

El oficialismo se valió de distintos apremios y amenazas para motivar distintos sectores a ir a votar o a cambiar la orientación de su voto. Por ejemplo, los extranjeros con residencia permanente en el país, autorizados a votar en los comicios subnacionales, fueron contactados por la Dirección Nacional de Migraciones, que los instó a ejercer el voto so pena de recibir “una sanción” no especificada.

El ministro de Obras Públicas llamó a hacer “paros activos” que consistieron en el congelamiento de obras para “concientizar” sobre su valor. Las obras se verían suspendidas, supeditando su continuidad a la del propio gobierno peronista, a la vez que los trabajadores fueron “alentados” por los jerarcas del Ministerio a participar de actividades de protesta y hacer proselitismo con sus familias.

Quizás lo más escandaloso puede atribuirse a Aníbal Fernández, Ministro de Seguridad de la Nación, quien declaró que si la oposición procede con sus propuestas de campaña, terminaría con “represión y sangre”.

Estructuras clientelares

El principal mecanismo de captación de votantes por medio de estas estructuras ocurre a nivel local. Cada barrio tiene un referente directo denominado “puntero”, que administra un centro comunitario como un comedor, una parroquia, una cooperativa de trabajo o un club deportivo, desde el cual recibe a los vecinos, distribuye mercaderías y brinda otros servicios. Estos centros a menudo son la única prestación social con presencia inmediata en el barrio, por lo que forman una capa de intermediación entre el vecino y el Estado, que controla el acceso a un determinado territorio.

Afectada la competitividad de las Elecciones Argentinas

Todo esto, aunado a las debilidades de la boleta partidaria, las dificultades para el voto de residentes en el extranjero, la inexistencia de la observación electoral, la negativa de trasladar el feriado del lunes 20 de noviembre, comprometen el carácter competitivo de las elecciones en Argentina. Desde Transparencia Electoral, promovemos una reforma electoral que subsane todas o la mayoría de estas cuestiones, que no pueden ser ignoradas ni normalizadas por la academia, la sociedad civil organizada, las instituciones y la sociedad en general.

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Nota extraída de Transparencia Electoral