El Poder Electoral de Nicaragua emitió el martes una resolución en la que extiende el plazo a las organizaciones políticas para que puedan obtener la personería jurídica para la formación de nuevos partidos.

La resolución publicada en el diario oficial La Gaceta, establece que las organizaciones que aspiren a tener un partido podrán completar los requisitos legales hasta cinco meses antes de la fecha estipulada para la celebración de los comicios nacionales, previstos para noviembre de 2021.

El fallo electoral alude a los efectos de la pandemia de COVID-19, que “ha venido a limitar a algunas organizaciones sociales, incluyendo las que conllevan a la certificación de la personalidad jurídica, para participar en los próximos comicios”.

No obstante, el artículo 77 de la Ley Electoral de Nicaragua establece que, para la presentación de candidatos, los partidos políticos deberán haber obtenido su personalidad jurídica al menos 12 meses antes de la fecha de las elecciones.

El abogado y jurista opositor José Pallais señala que la resolución es un “adefesio jurídico”, pues el Consejo Supremo Electoral (CSE) no tiene facultades para modificar lo establecido previamente en la Ley Electoral de Nicaragua.

“El Consejo Supremo Electoral no tiene facultad para reformar la ley y menos una ley de carácter constitucional como es la Ley Electoral”, explicó el jurista.

Pallais dijo que el procedimiento correcto es hacer reformas a la Ley Electoral y eso es algo que le compete a la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo.

“La actuación de los magistrados es ilegal, es ilegítima e inconstitucional. Con esto se denota que no hay respeto por el estado de derecho ni voluntad de cambio. Pretenden seguir jugando en la ilegalidad y no resolver los problemas de fondo que requieren una reforma electoral con todas las fuerzas del país”, agregó el jurista.

La constitucionalista María Asunción Moreno coincide con Pallais y dijo que la resolución jurídicamente es ilegal e inexistente. “Toda disposición contraria a una norma constitucional no tiene validez alguna”.

“Con esta resolución, lo que el CSE pretende de forma ilegal es limitar o restringir la participación en las elecciones del 2021, lo cual constituye una clara violación a los derechos políticos de los nicaragüenses reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos “, expresó Moreno.

Advierten de estrategia para dividir a la oposición

La oposición nicaragüense, por su parte, criticó la resolución del Poder Electoral y advirtió que es una estrategia política del gobierno del presidente Daniel Ortega para dividir los esfuerzos de unidad logrados hasta el momento.

“Realmente lo que encontramos es un señuelo para la oposición para ver si alguien pica ese señuelo. Están viendo de qué manera logran ellos dos o tres partidos de grupos que estén inconformes con la Coalición Nacional y juntarlos a todos en otro polo. O sea, dividirlos”, dijo el analista político Eliseo Núñez.

Núñez explica que la estrategia del mandatario sandinista es dividir el voto y por eso se ha dejado una brecha corta de cinco meses antes de las elecciones para otorgar personalidades jurídicas a nuevos partidos.

“Pretenden dividir y extender los tiempos hasta cinco meses antes de las elecciones generales; una reforma seria contempla una reforma total a la ley electoral, pero vemos una mala intensión en esto”, añade Núñez.

Extraído de Voa Noticias