No participarán en parlamentarias. Los diputados de los distintos partidos que conviven en la Asamblea Nacional (AN) ratificaron en la sesión ordinaria de este martes, realizada en internet, que no participarán en elecciones legislativas convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia.

La plenaria del Parlamento aprobó un acuerdo que ratifica el rescate de la ruta electoral. En ese texto, además de desconocer al ente comicial presidido por Indira Alfonzo, se señala la necesidad de que se cumplan una serie de condiciones para que en Venezuela se realicen elecciones libres y democráticas.

“La dictadura no va a regalar nada, voluntariamente no va a ceder para lograr una elección justa. El derecho a elegir no es un capricho y debemos conquistarlo de nuevo; debemos luchar para que sea una opción de solución a la crisis, aquí nadie es pendejo, nadie es ingenuo y sabe que el régimen toma  estas acciones para montar una farsa en la que no vamos a participar”, subrayó el presidente interino y de la AN, Juan Guaidó.

El parlamentario advirtió que la oposición no legitimó “el fraude electoral del 20 de mayo de 2018,  con el que se reeligió Nicolás Maduro” y que tampoco lo hará en el escenario de una parlamentarias a la medida del chavismo.

Dijo confiar en que la comunidad internacional también desconocerá tales comicios y prometió que los factores democráticos continuarán en la lucha por lograr un mínimo de condiciones electorales.

Diez condiciones

El jefe de la fracción parlamentaria de Un Nuevo Tiempo (UNT), Omar Barboza, enumeró lo que considera la coalición opositora son las diez condiciones para el restablecimiento del derecho al sufragio de los venezolanos.

La primera y la segunda tienen que ver con un Registro Electoral confiable, que incorpore a la gran cantidad de votantes en el exterior y la prohibición de la migración de votantes de un centro electoral a otro.

Como tercera condición, mencionó el cese de las inhabilitaciones a partidos políticos y dirigentes y la  restitución de sus derechos a los que ya están afectados. Cuarta: que se permita en elecciones la participación de las organizaciones partidistas con su dirigencia legítima; quinta: un CNE independiente, nombrado por el Comité de Postulaciones Electorales designado por la AN; sexta:  un cronograma electoral que garantice el derecho al voto; y séptima: campaña electoral equitativa y prohibición de cadenas oficiales.

También exigen que el Plan República respete el carácter civil de las elecciones y se limite a resguardar el proceso, que se realicen las auditorías correspondientes al proceso automatizado antes, durante y después del proceso, más observación internacional calificada en todas las etapas de una elección, completan las tres últimas garantías mencionadas por Barboza. Solo bajo estas condiciones, reiteró, la oposición aceptará participar y llamará a votar, tanto en unos comicios presidenciales  como en parlamentarios, juntos o separados.

“En otros países es innecesario explicar qué son elecciones libres, pero la contumacia del régimen nos obliga a explicar de qué se tratan en el caso venezolano. La mejor manera de defender el voto  es defender el cumplimiento de estos requisitos. No hacerlo es ser cómplice del engaño al elector y de un fraude”, agregó.

Superar otros obstáculos

El presidente del Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional, diputado Ángel Medina, apuntó que en un contexto de emergencia humanitaria y sanitaria, deben tomarse en cuenta otros aspectos para garantizar el derecho al voto.

Entre ellos, reglas claras para evitar que producto de elección parlamentaria  por ejemplo, las mayorías arrasen o se pase a una sobrerrepresentación de las minorías.

Habló además de garantizar que los electores puedan movilizarse hacia los centros de votación y que puedan comunicarse. Esto, de persistir las restricciones por el COVID-19 y ante el colapso de los servicios públicos. No mencionó si el Comité retomó el proceso de designación de los rectores del CNE, tal como lo afirmó luego de que el TSJ hiciera el nombramiento.

Millones de euros

Previo a la discusión de los cinco puntos del orden del día en la Asamblea Nacional y del tema electoral, el presidente de la Comisión Permanente de Contraloría, José Prat, consignó un informe “sobre la trama de corrupción, soborno, extorciones y amenazas de la operación denominada Alacrán”.

El diputado aseguró que la inversión  del régimen madurista en los sobornos a los legisladores para que retiraran el apoyo a Guaidó antes y posterior al 5 de enero de 2020, oscilaron entre 750 mil y 60 millones de euros, incluyendo prebendas, asignaciones mensuales, vehículos y pago directo. En el caso de los parlamentarios de Amazonas, reveló, se les ofreció además “liberarlos del desacato”, impuesto por el TSJ.

Prat exhortó a la comisión especial designada a finales de 2019 y que preside Edgar Zambrano, a presentar el informe preliminar o final de la investigación sobre la trama de corrupción que involucró a diputados de la Comisión de Contraloría con el empresario Alex Saab, a punto de ser extraditado a Estados Unidos.

Entre los acusados, están los legisladores que hoy encabezan la Asamblea Nacional paralela, presidida por el diputado Luis Parra.

“Se debe restaurar la credibilidad de esta comisión como órgano de lucha contra la corrupción.  La operación Alacrán continua en una segunda etapa donde se pretende vulnerar las siglas de los partidos, pretenden buscar dirigentes que se presten para esta maniobra electoral con más sobornos”, alertó.

En la sesión en línea de este martes también se aprobó un acuerdo en respaldo a la libertad de expresión e información en Venezuela, con motivo del día del periodista, celebrado el 27 de junio.

Extraído de Efecto Cocuyo