El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) planteó que se impida a las organizaciones políticas delegar a terceras personas la rendición de sus gastos de campaña, con el fin de que sean ellas mismas las que asuman la responsabilidad del manejo del dinero que reciben y utilizan en las actividades proselitistas.

De acuerdo con el actualizado  proyecto de Código Electoral que la institución presentó al Congreso de la República el pasado 25 de abril, la administración de los ingresos y el gasto de los fondos son competencia exclusiva de la Tesorería de la agrupación política.

Precisa que el tesorero, quien es designado junto con un suplente de conformidad con el Estatuto de la organización, es el único autorizado para acceder y manejar las cuentas que se deben abrir en el sistema financiero nacional con las aportaciones recibidas.

En ese sentido, no se podrá delegar esta responsabilidad a un externo o persona “invitada” a la organización política, como ocurre actualmente en el país. El objetivo del planteamiento es que haya un ordenado, responsable y adecuado manejo de los recursos económicos.

La iniciativa legislativa establece, además, que todo aporte que reciban los partidos políticos, los movimientos regionales y las alianzas, deberá realizarse a través de cuentas recaudadoras en el sistema financiero nacional.

Señala también en el artículo 113 que las fuerzas políticas deben prever un sistema de control interno que garantice la adecuada utilización y contabilización de todos los actos y documentos de los que deriven derechos y obligaciones de contenido económico, conforme a sus estatutos.

Igualmente, plantea que las agrupaciones políticas rindan los gastos de campaña al menos en dos oportunidades: durante la campaña y al finalizar el proceso. Se prevé, además,  la devolución al Estado del financiamiento público directo no utilizado.

El proyecto de Código Electoral, impulsado por la gestión del doctor Víctor Ticona Postigo, titular del JNE, apunta a una reforma electoral de carácter integral al unificar y sistematizar en un solo cuerpo normativo toda la legislación electoral, que actualmente se encuentra dispersa y desactualizada y es hasta cierto punto contradictoria.