La transición a la democracia en 1990 marcó un hito crucial en la historia política chilena. Desde entonces, Chile ha experimentado una estabilidad política relativa y un crecimiento económico constante. Sin embargo, persisten desafíos, como la desigualdad social y económica, que han llevado a movimientos sociales en demanda de reformas estructurales.
Las manifestaciones masivas que tuvieron lugar en Chile en 2019 fueron un fenómeno sin precedentes que sacudió el país y atrajo la atención internacional. El 6 de octubre de 2019, el gobierno anunció un aumento en la tarifa del metro, lo que generó malestar y descontento entre la población. Si bien el alza en el precio del transporte público fue el catalizador inicial, las manifestaciones rápidamente evolucionaron para convertirse en una expresión más amplia de la insatisfacción social y económica que había estado gestándose en la sociedad chilena.
En respuesta a las manifestaciones, el gobierno chileno anunció una serie de medidas, incluida la cancelación del aumento en la tarifa del metro y la propuesta de una nueva Constitución a través de un proceso constituyente. Este último punto fue particularmente significativo, ya que la Constitución de 1980, redactada durante la dictadura, se consideraba obsoleta y no representativa de la diversidad y las necesidades de la sociedad chilena contemporánea.
En estas manifestaciones se destacó el lider Gabriel Boric, quien ya lo habia sido en sus épocas estudiantiles de 2011, donde exigían una educación más accesible y de calidad. Su participación activa en el movimiento estudiantil le otorgó visibilidad y lo catapultó a la esfera política y se convirtió en diputado por la Región de Magallanes.
Después de las manifestaciones de 2019, los actores políticos acordaron construir una ruta que pusiera fin a la crispación social, que incluyó como tema central, la posibilidad de decidir sobre una nueva Constitución, ya que la vigente, si bien lleva más de 70 reformas, mantenía el sello de la dictadura.
Una convención de izquierdas redactó una nueva Carta Magna, la cual fue rechazada debido al desgaste del naciente gobierno encabezado por Boric, quien dilapidó su popularidad en los primeros meses de mandato. Así, se convocó a una nueva redacción, que estuvo coordinada por un grupo de expertos, algunos a fines a la derecha y al Partido Repúblicano, que el pasado 17 de diciembre fue evaluada en el plebiscito Constitucional.
Durante los espacios de promoción de la nueva redacción, fue notorio el silencio del Presidente Boric, en el ánimo de no contagiar su escasa popularidad con el rechazo a la nueva redacción. Por otro lado, las corrientes políticas que lo apoyan, abiertamente promovieron votar en contra de la propuesta.
La adopción del criterio mediático sombrío, permitió al presidente Boric transitar en medio de la crisis política. Mientras, la derecha mantuvo su propuesta por una nueva Constitución, pero la extrema derecha pinochetista se manifestó en contra de abrogar el texto expedido en el régimen militar, circunstancia que favoreció a la izquierda y al gobierno.
El 17 de diciembre, con una participación copiosa en el territorio nacional -por ser el voto obligatorio- pero escasa en el exterior, se manifestó contundentemente en favor de sostener el texto constitucional vigente.
Así, el Presidente Boric sobrepuso su ideología y prefirió el multireformado texto militar para sostenerse en el poder. Es cierto que faltan dos años para el proceso electoral, lo que debería de permitir a los actores políticos a encontrar rutas de solución que puedan unir al pueblo chileno.
Importante recordar que los discursos disruptivos, los de aquellos que se dicen salvadores de los pueblos, pueden verse socavados por malas acciones cuando asumen los cargos. He ahí la trascendencia de generar acuerdos y proponer soluciones acorde a las realidades y posibilidades institucionales.
De momento se percibe a una sociedad polarizada, harta de acudir cada año a las urnas, inconforme con el gobierno de izquierda pero desilusionada de las derechas, que no logran construir un eje de salida que recoja las necesidades de la población.
