Este lunes 6 de julio se retomaron los trabajos del Comité Técnico Evaluador (CTE) para la integración de las cuatro quintetas que se presentarán ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (JUCOPO) para designar a las personas que pasarán a formar parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). Recordemos que en el máximo órgano de dirección del Instituto se encuentran vacantes cuatro de sus once Consejerías, derivado de la conclusión de su encargo de los anteriores Consejeros Electorales Enrique Andrade González, Benito Nacif Hernández y Marco Antonio Baños Martínez, y de la Consejera Electoral A. Pamela San Martín.

Para la reanudación de estos trabajos, que se encontraban suspendidos con motivo de la pandemia sanitaria del COVID-19, el martes 7 de julio se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el Acuerdo de la JUCOPO por el que se actualizaron los criterios y metodología que utilizará el CTE para evaluar la idoneidad de las y los 60 aspirantes que aún continúan en el proceso de designación. Actualmente, hace falta que se desahogue la cuarta fase de este proceso, relativo a las entrevistas que llevará a cabo el CTE a las y los aspirantes, a fin de evaluar su idoneidad para desempeñar este importantísimo cargo; para ello, el Comité anunció que recibiría propuestas de preguntas por parte de la ciudadanía, que podrían ser retomadas para las entrevistas que se llevarán a cabo del 9 al 13 de julio.

Atendiendo esta iniciativa, me gustaría formular una pregunta que, me parece, no solo debe hacérsele a las y los aspirantes que quieren formar parte del Consejo General del INE, sino que es extensiva a las y los integrantes del Comité, así como a las y los Diputados que votarán las quintetas que les sean remitidas por la JUCOPO: ¿Qué órgano electoral es el que necesita México? Me explico.

Durante estos últimos meses y semanas, hemos sido testigos de un intenso debate que ha dividido a la mayor parte de la opinión pública en México acerca del funcionamiento del INE, sus resultados y el futuro próximo de este organismo. Por un lado, están los que sostienen que la labor del Instituto ha sido ejemplar y que es gracias al mismo que hoy en México podemos hablar de elecciones auténticas, libres y confiables. En el otro extremo, se ubican aquellos que critican su integración, el excesivo costo que genera al erario, así como acusan un actuar faccioso que lejos de garantizar un mínimo de equidad e imparcialidad, ha contribuido a mermar la confianza de la ciudadanía.

Con motivo de este apasionado debate, también ha nacido una convocatoria y un llamado a la población a “defender al INE” de lo que califican un “hostigamiento sin precedentes” por parte del gobierno y algunos funcionarios públicos; y es que, en repetidas ocasiones, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha aprovechado sus conferencias de prensa para lanzar críticas y acusaciones al Instituto, pero, principalmente, dirigidas a cuestionar el desempeño de algunos de sus integrantes.

Es en este contexto que deseo situar la pregunta que formulé: ¿Qué órgano electoral es el que necesita México? Para ello, creo que vale la pena decir que, desde mi particular punto de vista, celebro que se tenga una pluralidad de opiniones que cuestionen, critiquen o celebren la actuación del Instituto en estos primeros 6 años de su existencia. Y es que, lejos de invitar a tomar parte por alguna de las posiciones que ocupan cada extremo de la conversación, me parece que podemos recoger ideas muy valiosas de cada una de estas posturas, y tratar de aterrizarlas en cualidades que podrían ayudarnos a buscar qué tipo de perfiles son los que queremos que pasen a formar parte del máximo órgano de dirección del Instituto.

Así pues, estoy convencido que el INE que hoy tenemos es, operativamente hablando, una de las mejores instituciones a nivel mundial para organizar elecciones. No me queda duda que la labor que realiza el Instituto en este rubro es titánica, pero sus resultados son sobresalientes. La instalación de casillas está por encima del 99% de efectividad, en todas se garantiza el número de boletas suficientes para que cada ciudadano pueda depositar su voto, y se cuentan con los candados de seguridad suficientes para asegurar que todos los votos serán contados y se contarán bien. Sin embargo, también considero que el éxito de esta labor se encuentra más asentado en la labor de su estructura orgánica y su excelente servicio profesional de carrera, que en decisiones específicas que puedan haberse tomado en la herradura del Consejo General. Por ende, creo que hoy por hoy no necesitamos de un perfil tan técnico para ocupar las vacantes de dicho colegiado.

Sin embargo, estimo que el Instituto sí se ha visto rezagado y, en ocasiones, hasta rebasado en otro tipo de rubros que sí requieren de una decisión y deliberación por parte de quienes integran las once Consejerías del INE. Me refiero específicamente a los temas del arbitraje electoral y fiscalización. En estos dos temas, por supuesto que comparto y acompaño que se cuestionen y critiquen aquellas decisiones que se adopte al interior del Consejo General. Es valioso, para la democracia misma, no solo el que se hagan públicos los razonamientos y deliberaciones que llevaron a los integrantes del Consejo General a decidir de una u otra manera, sino que estos razonamientos formen parte de una deliberación y debate por parte de la ciudadanía y de la opinión pública. Precisamente, la idea misma de que exista un espacio de discusión e intercambios de posicionamientos, como es la herradura del Consejo General, se justifica en la medida en que se aproveche para dar a conocer los motivos y razones que orientan el voto de quienes lo integran, ya que solo a partir de la publicidad de estas discusiones y decisiones es que se conseguirá la tan anhelada ciudadanización de nuestra democracia.

Por ende, quienes aspiren a ocupar una vacante en ese máximo órgano de dirección deben estar dispuestos a soportar, afrontar y responder las críticas que se les formulen con motivo de sus decisiones. Necesitamos perfiles dispuesto a abandonar el protagonismo de sus personas, y comiencen a velar más por explicar las motivaciones y fundamentos de sus fallos. Se tiene que desterrar esa idea de que criticar la actuación de un Consejero o Consejera es un ataque a la democracia; por el contrario, es la democracia la que nos autoriza expresar nuestras inquietudes hacia las instituciones y sus funcionarios. Necesitamos un Instituto que deje de hablar de su autonomía como un simple mandato constitucional, y comience a ejercerla. Incluso, me atrevería a afirmar que las críticas al propio Instituto, lejos de ser un ataque o menoscabo de su autonomía, son la oportunidad para que, atendiendo y respondiendo a estas críticas, se ejerza y ejecute la autonomía que mandata nuestra Constitución.

¡Vaya! Necesitamos a Consejeras y Consejeros que vengan a “democratizar” las discusiones y decisiones del Consejo General. Que estén dispuestos a manifestar sus disensos o acompañamientos a las decisiones mayoritarias. Que abandonen la idea de que una decisión dividida merma la imagen del Instituto (o la de sus integrantes). Necesitamos nuevas Consejerías que cuestionen a sus colegas, que los inviten a la reflexión y el diálogo. Consejerías dispuestas a pelear, con argumentos y razonamientos, sus convicciones y decisiones sobre temas difíciles. Que se atrevan a criticar al propio Instituto y, con ello, a actuar en consecuencia. Ya que solo a través de perfiles de estas características, no solo gana la autonomía, la imparcialidad y la independencia, gana el gobierno y gana la oposición, sencillamente ganamos todos.

Diego V. Lam es abogado en materia electoral, titulado por la Escuela Libre de Derecho (México). Cuenta con estudios de Máster en Comunicación y Marketing Político por la Universidad de Alcalá (España). En su trayectoria profesional se encuentra haber sido Asesor en el Instituto Nacional Electoral, en la Consejería de la Lic. A. Pamela San Martín, especializándose en temas de fiscalización, contencioso electoral, así como de prerrogativas de los partidos políticos, entre otros. A nivel local también ha visto temas relacionados con la participación ciudadana y capacitación, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Además, desde la iniciativa privada ha colaborado en asuntos de comunicación política, gubernamental y empresarial. Actualmente es abogado encargado del área electoral en el despacho Moreno Villanueva & Robles Gómez Mont, en la Ciudad de México.