Mucho se ha estado hablando esta última semana, acerca de cuál será el papel del Presidente Andrés Manuel López Obrador para los comicios concurrentes que tendrán lugar el próximo año. Evidentemente, hay desde las voces más alarmistas que anticipan un rol protagónico de la imagen del Ejecutivo para beneficiar a su partido Morena, como también existen las voces que ven en su persona la viva representación de la rectitud moral y legal para la democracia mexicana. Y entre los extremos, también hay una gran cantidad de opiniones matizantes. Sin duda es un escenario que se impone como un gran reto para las autoridades electorales, ya que desde ahora deberán de comenzar a delinear lo que serán los límites de la actuación del mandatario federal, a fin de evitar que su singular forma de entender y ejercer la política signifique un riesgo real a la equidad y competitividad del próximo proceso electoral.
En ese contexto, la primera gran prueba que se le presenta al Instituto Nacional Electoral (INE) tiene que ver con la queja que interpuso la representación del Partido Acción Nacional (PAN) el pasado 11 de junio en contra del Ejecutivo Federal. En ella, se denuncia la posible violación a los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 Constitucional, con motivo de las manifestaciones que realizó el Presidente de la República durante la Conferencia Matutina de Prensa del martes 9 de junio.
Esencialmente, el PAN denunció que el mandatario federal habría hecho un uso indebido de recursos públicos y de la propaganda gubernamental con fines puramente electorales, por haber lanzado acusaciones sin sustento real sobre la supuesta creación de un grupo de oposición que incluye a distintos partidos, actores y personalidades del ámbito público, político, empresarial, social y periodístico que, de acuerdo con el Presidente, estarían llevando a cabo una estrategia conjunta para derrotar a Morena y sus aliados en las elecciones concurrentes del año siguiente. Y es que, en efecto, en dicha conferencia de prensa el Ejecutivo, por conducto de su Vocero Jesús Ramírez Cuevas, dio a conocer la copia simple de un documento denominado “Rescatemos México. Proyecto BOA”, en donde, a través de 7 páginas, se enlistaban una serie de acciones que supuestamente llevaría a cabo el grupo “Bloque Opositor Amplio” (BOA) para ganar la mayoría de la Cámara de Diputados en el 2021.
No obstante que el propio Presidente reconoció, en esa misma conferencia, desconocer la autenticidad y autoría del documento que recién había revelado, a nadie sorprendió el manejo mediático que le impregnó a su presentación, pues si algo lo ha distinguido es la flexibilidad con la que aborda cualquier temática que le venga en gana durante sus conferencias.
En los próximos días, el INE, por conducto de su Comisión de Quejas y Denuncias, deberá de decidir si concede o no las medidas cautelares que ha solicitado el PAN en su denuncia, a fin de exhortar al Presidente de la República que se abstenga, en lo futuro, de utilizar recursos públicos para verter este tipo de manifestaciones que pudieren llegar a tener un impacto en la competencia y equidad electoral. A partir de este momento veremos qué rumbo y criterios adoptará el Instituto para transitar la preparación de los comicios electorales de 2021, frente a un Presidente que goza de amplísima popularidad e injerencia en el electorado mexicano. La primera prueba de muchas, sin duda.
